El Comité de los Derechos del Niño de la ONU instó a España a declarar imprescriptibles los delitos de abuso sexual infantil, en particular los cometidos en el seno de la Iglesia, ante la escasa investigación y condenas, y exigió medidas más amplias para garantizar el bienestar de los menores.
Cuando el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas presentó sus observaciones finales sobre España en Ginebra, el foco se centró con especial dureza en un aspecto tabú: la prescripción de los delitos de pederastia cometidos por personal de la Iglesia católica. El organismo internacional, compuesto por 18 expertos independientes, reclama que estos crímenes —históricamente silenciados o encubiertos— no queden sujetos a plazos legales que impiden el acceso de las víctimas a la justicia.
Entre los puntos más destacados de su informe de 18 páginas, resultado del VII ciclo de revisión del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, figura la petición a España de que elimine la prescripción de estos delitos y garantice la reparación a quienes sufrieron abusos en la infancia. El comité no solo denuncia el bajo número de investigaciones y condenas, sino también la frustración de las víctimas que, al llegar a la edad adulta, se encuentran con que la vía penal está cerrada por el transcurso del tiempo.
Actualmente, la legislación española establece plazos de prescripción que van desde cinco hasta veinte años dependiendo de la gravedad del delito. Esto significa que muchos casos no pueden ser judicializados cuando las víctimas deciden hablar años después debido al trauma sufrido. El comité de la ONU considera que la imprescriptibilidad, como ocurre ya en países como Bélgica, Holanda, Suiza o Suecia, es una medida necesaria para garantizar justicia real.
El examen internacional se produce en un momento de intenso debate en el Parlamento español. En 2024, la Cámara baja aprobó la toma en consideración de una reforma del Código Penal que podría llevar a que los delitos de pederastia no prescriban, independientemente del contexto en que fueron cometidos. Además, el Ministerio de Juventud e Infancia está preparando cambios en la Ley de Protección de la Infancia frente a la Violencia para que el plazo de denuncia comience a contar desde que la víctima cumple 45 años, en vez de 35 años como establece la normativa vigente.
Pese a estos avances, para muchos expertos y defensores de los derechos de la infancia, la petición del comité de la ONU va más allá: no se trata solo de ampliar plazos, sino de eliminar por completo la barrera temporal que bloquea el acceso a la justicia. Esta postura choca con resistencias políticas y jurídicas que consideran que la imprescriptibilidad debe equilibrarse con otros principios del derecho penal, pero también provoca una introspección sobre el peso que, durante décadas, se ha dado al silencio y la protección institucional.
Un grave problema estructural
La llamada del Comité de los Derechos del Niño está enmarcada en preocupaciones más amplias. Además de la pederastia clerical, los expertos expresaron inquietud por el alto nivel de pobreza infantil en España, donde cerca del 28,4% de los menores vive bajo el umbral de la pobreza —una de las tasas más elevadas de la Unión Europea— y recomendó políticas como una prestación universal por crianza financiada por deducciones fiscales reembolsables.
La ONU aprovechó para reiterar otras recomendaciones, como la prohibición de que menores asistan a espectáculos taurinos debido al impacto de la violencia en su desarrollo, y para instar a las autoridades a fortalecer la protección de niños y adolescentes en entornos digitales.
Las demandas del comité han sido recibidas con reacciones mixtas en España. Organizaciones de derechos de la infancia y asociaciones de víctimas han celebrado que se coloque la protección de los menores en el centro del debate político y social. Para estas entidades, que llevan años denunciando la impunidad y el encubrimiento, la solicitud de imprescriptibilidad representa un paso necesario hacia la justicia tardía pero posible.
Sin embargo, las resistencias no han sido solo institucionales sino también culturales. Sectores conservadores han cuestionado que se pida un tratamiento diferenciado para delitos cometidos en el seno de la Iglesia, mientras que algunos discursos públicos han buscado relativizar la crítica señalando que los abusos ocurren en diversas instituciones que involucran menores.
En ámbitos eclesiásticos, el debate también ha generado tensiones. La postura de ciertos representantes de la Iglesia, que han abogado por la presunción de inocencia o han defendido que se mantenga un equilibrio en la atención a las víctimas y acusados, ha sido objeto de críticas por parte de colectivos de afectados, que consideran esos discursos una forma más de revictimización.
Una cuestión de derechos humanos
Aunque la recomendación del comité pone el acento en la pederastia en el ámbito eclesiástico, el debate sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores es una cuestión que afecta a todos los ámbitos. La eliminación de la prescripción, según expertos en derecho penal, implicaría un cambio estructural en cómo la justicia aborda los crímenes contra niños y adolescentes, reconociendo que las secuelas del abuso a menudo emergen décadas después.
Este enfoque también se alinea con tendencias internacionales en materia de derechos humanos, donde cada vez más países reconocen que las limitaciones temporales pueden constituir una barrera para que las víctimas accedan a la verdad, la justicia y la reparación.
La recomendación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU representa un desafío para España en múltiples frentes: desde la revisión de su legislación penal hasta la necesidad de confrontar la cultura de silencio que ha rodeado los casos de abusos en instituciones como la Iglesia católica.
