En su regreso a la contienda electoral tras tres años fuera del Congreso, Richard Aguilar apuesta por una narrativa centrada en propuestas. Salud, seguridad y empleo estructuran la agenda con la que busca recuperar protagonismo político desde el Partido Liberal en un escenario legislativo fragmentado.
El regreso de Richard Aguilar Villa a la arena política nacional se produce en un contexto distinto al que marcó su salida del Congreso en 2023. Tras enfrentar un proceso jurídico y renunciar a su curul, el exgobernador de Santander reaparece ahora con un cambio de partido y, sobre todo, con un giro estratégico en su discurso.
Lejos de concentrarse en disputas partidistas o en la defensa permanente de su proceso judicial, Aguilar ha decidido estructurar su campaña alrededor de una agenda programática que, según afirma, responde a las preocupaciones más reiteradas de los ciudadanos durante un recorrido político por 24 departamentos del país. “Hay tres grandes preocupaciones que se repiten en todas las regiones: salud, seguridad y empleo”, aseguró.
Este énfasis no es menor en un escenario electoral donde la saturación de candidaturas y la polarización presidencial han desplazado el debate legislativo. Aguilar apuesta por diferenciarse desde las propuestas, con iniciativas concretas que pretende llevar al Congreso.
Desde el Partido Liberal, Aguilar se suma a una estrategia que busca mantener a la colectividad como la principal fuerza en la Cámara de Representantes. Actualmente, el partido cuenta con 35 curules y aspira a llegar a 40, mientras que en el Senado busca aumentar su bancada de 13 a 16 o 17 senadores.
“Queremos seguir siendo la mayor fuerza en la Cámara”, afirmó, reconociendo que la competencia interna es intensa, pero necesaria. Para Aguilar, la clave está en la unidad y en el peso político que pueda ejercer el partido frente al Gobierno nacional.
Aunque su discurso tiene alcance nacional, Aguilar reconoce que Santander sigue siendo el eje central de su aspiración electoral. En un departamento con múltiples candidaturas y alta competencia, asegura que su objetivo es consolidarse como el candidato más votado.
“Busco ser el mayoritario en el departamento”, afirmó, destacando que su mayor fortaleza actual se encuentra en el Magdalena Medio. Para Aguilar, esta región será clave en el desarrollo del país por la navegabilidad del río Magdalena y la soberanía energética.
“Ese sector necesita ser robustecido con inversión y presencia del Estado”, sostuvo, conectando su propuesta regional con su agenda legislativa nacional.
Salud como eje prioritario de su agenda
La principal bandera de Aguilar es la crisis del sistema de salud. Su diagnóstico parte de un problema estructural de financiación, agravado —según su análisis— por las recientes intervenciones a las EPS. “Las intervenciones lo que hicieron fue triplicar la deuda con los hospitales”, afirmó, señalando que la red hospitalaria pública y privada enfrenta un riesgo financiero creciente.
Como respuesta, propone una nueva ley de punto final que permita sanear las deudas acumuladas y estabilizar el sistema. La iniciativa busca evitar el cierre de servicios y garantizar la continuidad de la atención médica, uno de los reclamos más persistentes de los usuarios.
Otro componente central de su propuesta en salud es la entrega de medicamentos. Aguilar plantea transformar el modelo actual, caracterizado por largas filas y demoras. “Queremos acabar con las filas a las cuatro de la mañana; la enfermedad no tiene espera”, dijo, al anunciar que impulsará un sistema de entrega de medicamentos a domicilio, especialmente para pacientes crónicos y adultos mayores.
En cuanto a la atención médica, su discurso es más contundente. “Hoy una cita médica puede tardar entre cuatro meses y un año”, señaló, calificando esta situación como inaceptable. Su propuesta apunta a establecer por ley tiempos máximos de asignación de citas entre 15 y 30 días, con mecanismos obligatorios de cumplimiento. “Eso se toca con garrote”, afirmó, dejando claro que, en su visión, el Estado debe imponer reglas estrictas al sistema.
Seguridad con enfoque social y territorial
El segundo pilar de su agenda legislativa es la seguridad, entendida desde una perspectiva integral. Aguilar cuestiona la efectividad de una política basada exclusivamente en operativos y pie de fuerza, y plantea la necesidad de combinarla con inversión social sostenida.
“La seguridad no solo se resuelve con inteligencia o con robustecer la fuerza pública, sino con inversión social en los territorios”, afirmó. Según su diagnóstico, la ausencia del Estado en regiones periféricas ha permitido que actores armados ilegales ocupen ese vacío.
“Hoy la subversión está inaugurando las obras”, advirtió, al señalar que grupos ilegales están capitalizando políticamente la falta de infraestructura y servicios básicos. Su propuesta apunta a priorizar recursos para las regiones más afectadas por la violencia, con proyectos de desarrollo que reduzcan las condiciones que alimentan la criminalidad.
Este enfoque tiene especial relevancia en zonas como el Magdalena Medio, región que Aguilar considera estratégica tanto por su ubicación como por su potencial económico y energético.
Empleo como motor de inclusión y equidad
El tercer eje de su plataforma es la generación de empleo, con dos proyectos de ley que buscan corregir lo que Aguilar denomina “asimetrías” del mercado laboral colombiano. La primera iniciativa es la Ley de Primer Empleo, enfocada en jóvenes recién graduados.
“A los jóvenes no les dan empleo por falta de experiencia, pero al mismo tiempo les exigen experiencia”, explicó. La propuesta obligaría a que, por cada cinco nuevos empleos creados, las empresas vinculen al menos a un joven sin experiencia laboral previa, facilitando su inserción al mercado.
La segunda iniciativa, la Ley de Último Empleo, está dirigida a personas mayores de 50 años, un grupo que —según Aguilar— enfrenta discriminación laboral. “Después de los 50 años no se están vinculando a los adultos”, afirmó, señalando que muchos son reemplazados por jóvenes con salarios más bajos.
La propuesta contempla incentivos económicos para las empresas, como un beneficio del 50% en parafiscales, con el objetivo de estimular la contratación de adultos mayores y equilibrar las oportunidades laborales entre generaciones.
