El presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en ocho departamentos del Caribe y la región Pacífica, tras un evento hidrometeorológico excepcional que dejó más de 69.000 familias damnificadas y graves afectaciones en infraestructura, producción y servicios esenciales.
El Gobierno nacional oficializó la declaratoria de emergencia económica en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, mediante el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026. La medida tendrá una vigencia de 30 días y espera atender los impactos generados por el fenómeno climático que golpeó con fuerza a estas regiones entre el 1 y el 6 de febrero.
La decisión se ampara en el artículo 215 de la Constitución, que faculta al presidente para activar este mecanismo excepcional cuando sobrevengan hechos que perturben de manera grave el orden económico, social o ecológico del país. En este caso, el Ejecutivo argumentó que se configuró una “situación de grave calamidad pública” derivada de un evento hidrometeorológico atípico.
El decreto establece que el Gobierno podrá expedir decretos legislativos, realizar operaciones presupuestales y convocar al Congreso para ejercer control político sobre las medidas adoptadas. “Se trata de una respuesta institucional frente a una crisis que desbordó las capacidades ordinarias de atención”, señaló la Presidencia en un comunicado.
De acuerdo con los análisis del Ideam y la Dirección General Marítima (DIMAR), el evento estuvo asociado al desplazamiento anómalo de un frente frío hacia el Caribe colombiano, un comportamiento poco frecuente dentro de los patrones atmosféricos históricos. Este fenómeno provocó un aumento significativo en la velocidad del viento superficial y oleajes por encima de los rangos climatológicos esperados, generando condiciones de mar de leva, lluvias intensas y eventos extremos simultáneos.
Los acumulados de precipitación superaron entre el 130% y el 180% del promedio mensual histórico en amplios sectores del Caribe. En términos prácticos, en menos de una semana se registraron volúmenes de lluvia equivalentes a los de un mes completo.
Balance de afectaciones
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) consolidó un balance que da cuenta de la magnitud de la emergencia:
– 65 emergencias registradas.
– 61 municipios afectados.
– Más de 69.000 familias damnificadas.
– Más de 252.000 personas impactadas.
– 10 personas fallecidas.
Las afectaciones incluyeron inundaciones, crecientes súbitas, movimientos en masa, daños en viviendas, vías, puentes, acueductos, centros educativos y de salud, además de pérdidas en áreas productivas.
El director de la UNGRD, Carlos Carrillo Arenas, advirtió que “el número de alertas hidrológicas emitidas en febrero de 2026 superó los registros de los últimos seis años, lo que refleja la severidad del fenómeno”.
La declaratoria de emergencia abre la puerta a la adopción de medidas extraordinarias. Entre ellas, la reasignación de recursos presupuestales, la ejecución de programas de asistencia humanitaria y la reconstrucción de infraestructura crítica.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, explicó que “se habilitarán operaciones presupuestales para garantizar liquidez inmediata en la atención de la crisis, sin afectar el cumplimiento de los compromisos fiscales del país”.
Por su parte, la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez Torres, subrayó que el fenómeno evidencia la vulnerabilidad del Caribe y el Pacífico frente a la variabilidad climática. “Estamos ante un evento que no solo es atípico, sino que nos obliga a replantear las estrategias de adaptación y resiliencia”, afirmó.
Impacto social y económico
Las comunidades afectadas enfrentan pérdidas en cultivos, ganado y actividades pesqueras, lo que compromete la seguridad alimentaria y los ingresos de miles de familias. En departamentos como La Guajira y Magdalena, las inundaciones destruyeron extensas áreas de producción agrícola, mientras que en Chocó y Sucre los daños en vías dejaron aisladas a varias poblaciones.
Organizaciones sociales han pedido que la emergencia se traduzca en acciones concretas de apoyo. “No basta con el decreto, necesitamos soluciones inmediatas para las familias que lo perdieron todo”, expresó la líder comunitaria de Córdoba, María del Carmen Pérez.
El Congreso de la República deberá ejercer control político sobre las medidas que adopte el Ejecutivo. Congresistas de distintas bancadas han manifestado respaldo a la declaratoria, aunque advirtieron que estarán atentos a la transparencia en el uso de los recursos.
El senador Antonio Sanguino señaló que “la emergencia no puede convertirse en un cheque en blanco; el país necesita respuestas rápidas, pero también garantías de que los recursos se manejarán con rigor”.
Foto: Ejército Nacional /
