En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército, fue capturado en flagrancia un hombre de 32 años en zona rural de Sabana de Torres, Santander, por porte ilegal de arma de fuego. El hecho reaviva el debate sobre seguridad y tráfico clandestino de armas.
La captura de un ciudadano en la vereda La Moneda, sector Las Pampas de Sabana de Torres, por porte ilegal de arma de fuego, se convirtió en un nuevo episodio que refleja la compleja situación de seguridad en Santander. El procedimiento, adelantado por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional y el Batallón Luciano D’Elhuyar del Ejército, permitió incautar un arma que presuntamente era utilizada para intimidar a campesinos y exigirles dinero bajo amenazas.
El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, aseguró: “Este resultado es producto del trabajo articulado entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional, y refleja nuestro compromiso permanente con la protección de las comunidades rurales. No permitiremos que estructuras delincuenciales intimiden a los ciudadanos ni afecten su tranquilidad”.
La Fiscalía General de la Nación asumió el caso y un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al capturado. El hecho se enmarca en un contexto más amplio: el incremento del uso de armas ilegales en Santander y la persistencia de delitos como el hurto en el área metropolitana de Bucaramanga.
Lo que dice el Código
El Artículo 365 del Código Penal colombiano establece que quien porte, fabrique, trafique o tenga armas de fuego sin autorización de la autoridad competente incurre en prisión de 9 a 12 años. La pena se duplica si la conducta se comete bajo circunstancias agravantes, como el uso de vehículos motorizados.
La norma también sanciona la tenencia de armas hechizas o artesanales, salvo excepciones en zonas rurales con escopetas de fisto. La entidad encargada de regular el uso de armas en Colombia es Indumil, que otorga permisos y controla la comercialización legal.
El tráfico de armas ilegales en Colombia tiene múltiples rutas. De las más de 21.000 armas incautadas en 2025, cerca de 3.954 provenían de Estados Unidos, principalmente revólveres. Además, un 80 % de las armas que circula en el país ingresa por mercados ilegales que abastecen tanto a grupos armados como a bandas criminales.
En Santander, Bucaramanga y su área metropolitana enfrentan una alta incidencia de delitos cometidos con armas de fuego, lo que ha generado alertas nacionales sobre la necesidad de fortalecer el control fronterizo y la trazabilidad de las armas.
Valor de armas y municiones
El mercado ilegal de armas en Colombia se mueve con precios que varían según el tipo y procedencia. De acuerdo con estimaciones de fuentes de seguridad:
– Revólver: entre 2 y 4 millones de pesos en el mercado clandestino.
– Pistola semiautomática: entre 4 y 7 millones de pesos, dependiendo de la marca y calibre.
– Munición: cada cartucho puede costar entre 3.000 y 6.000 pesos, según el calibre y la disponibilidad.
En contraste, Indumil ofrece armas de uso legal con precios regulados, como pistolas Beretta o CZ, además de municiones de distintos calibres. Sin embargo, la diferencia de costos y la dificultad para obtener permisos explican en parte la proliferación del mercado ilegal.
La captura en Sabana de Torres no es un hecho aislado. Representa la tensión constante entre las autoridades y las dinámicas criminales que afectan tanto a zonas rurales como urbanas. Mientras los campesinos denuncian intimidaciones, los comerciantes en Bucaramanga enfrentan hurtos diarios que deterioran la confianza y la economía local.
El porte ilegal de armas, sancionado con severidad por el Código Penal, sigue siendo una práctica extendida debido a la facilidad con la que ingresan armas al país y la rentabilidad que ofrecen a las estructuras delincuenciales. La articulación entre Ejército y Policía es clave.
