Golpe a la minería ilegal en Sabana de Torres. Operativo conjunto entre la Policía y el Ejército, capturadas dos personas en la vereda Aguas Blancas de Sabana de Torres, Santander, por explotación ilícita de yacimientos mineros. Se incautó maquinaria usada para extraer oro ilegalmente y se neutralizó una mina clandestina.
La ofensiva contra la minería ilegal en Santander continúa mostrando resultados. En la vereda Aguas Blancas, jurisdicción de Sabana de Torres, la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército, logró la captura de dos ciudadanos señalados de participar en la explotación ilícita de yacimientos mineros. El operativo incluyó la incautación de una draga, cuatro motobombas y ocho canecas plásticas, elementos destruidos en el lugar para evitar su reutilización en actividades ilícitas.
El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, destacó que este procedimiento reafirma el compromiso institucional con la protección del capital natural del departamento. “Con este operativo reafirmamos nuestro compromiso indeclinable con la protección del capital natural del departamento. No vamos a permitir que intereses particulares continúen deteriorando nuestros ecosistemas y afectando la seguridad y el bienestar de las comunidades rurales”, señaló.
Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que definirá su situación jurídica. Más allá de las detenciones, el operativo representa un golpe directo a las finanzas de quienes se lucran de la minería ilegal y un paso hacia la mitigación del daño ambiental que estas prácticas generan en los recursos hídricos, el suelo y la biodiversidad de la región.
La minería ilegal es un fenómeno extendido en el departamento. Según informes recientes, municipios como California, Charta, Suratá, Vetas y Tona concentran focos de explotación ilícita de oro y carbón. Estas actividades han provocado contaminación en cuerpos de agua y degradación del suelo, poniendo en riesgo la salud de las comunidades y el equilibrio ecológico. El páramo de Santurbán, fuente de agua para más de 2,2 millones de habitantes de Santander y Norte de Santander, se encuentra bajo amenaza constante por la presión de la minería ilegal y la extracción descontrolada de minerales.
Un informe de la Procuraduría General de la Nación reveló que la minería ilegal afecta a 29 de los 32 departamentos de Colombia, incluyendo Santander. Se estima que cerca de 350.000 personas se dedican a la explotación minera, y más del 90 % de la producción proviene de minería artesanal y de pequeña escala. El ente de control hizo un llamado urgente a enfrentar la crisis ambiental y social derivada de la explotación ilícita de minerales.
En Santander, los operativos han permitido capturas en flagrancia de personas que extraían hasta 20 gramos de oro diarios en zonas rurales de Sabana de Torres. En estos procedimientos, se han incautado y destruido motobombas y dragas utilizadas para la explotación ilícita, evidenciando la magnitud del problema y la necesidad de acciones sostenidas.
La minería ilegal no solo afecta la economía formal y la seguridad de las comunidades, sino que también genera graves consecuencias ambientales. El uso indiscriminado de mercurio y otros químicos contamina ríos y quebradas, afectando la fauna y la flora. Además, la deforestación y el deterioro del suelo comprometen la capacidad de los ecosistemas para sostener la vida.
En el caso de Santander, la presión sobre el páramo de Santurbán es en particular preocupante. Este ecosistema estratégico garantiza el suministro de agua potable a millones de personas, y su degradación podría desencadenar una crisis hídrica de grandes proporciones.
Las autoridades han intensificado los operativos en zonas rurales, articulando esfuerzos entre la Policía Nacional, el Ejército y la comunidad. La información suministrada por habitantes de las veredas ha sido clave para ubicar y neutralizar minas clandestinas.
La Policía Nacional ha reiterado la invitación a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad que atente contra los recursos naturales. La participación comunitaria se ha convertido en un elemento fundamental para enfrentar este delito, que muchas veces se desarrolla en áreas apartadas y de difícil acceso.
