Policía Nacional en Santander capturó a dos hombres acusados de delitos sexuales contra menores, en San Andrés y San Vicente de Chucurí, como parte de la estrategia “Protección a la Infancia y la Adolescencia Segura”. Las autoridades refuerzan medidas frente al alarmante panorama regional.
En San Andrés, Santander, uniformados materializaron una orden de captura contra un hombre de 41 años, acusado de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Según la investigación, los hechos se remontan a 2023, cuando la víctima tenía 12 años. El agresor, padrastro de la niña, aprovechaba su rol de cuidador para someterla bajo amenazas. La Fiscalía Segunda Seccional de Bucaramanga adelantó el proceso, que culminó con medida de aseguramiento en centro carcelario.
En San Vicente de Chucurí, otro hombre de 45 años fue detenido por actos sexuales con menor de 14 años. El señalado, allegado a la abuela de la víctima, habría aprovechado la confianza familiar para realizar tocamientos indebidos en 2020, cuando la niña tenía 11 años. Aunque fue capturado, el juez le concedió la libertad.
El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, destacó: “Fortalecemos nuestra estrategia de protección a la infancia y la adolescencia con acciones firmes que buscan no solo la captura de los responsables, sino también la confianza de la comunidad en nuestra institución”.
La problemática de violencia sexual infantil en Santander es crítica. Según cifras del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Santander (OMEGS), más de 400 niñas fueron víctimas de abusos sexuales en 2024, la mayoría menores de 14 años. Estos datos reflejan una tendencia alarmante que exige respuestas institucionales y comunitarias.
El boletín “Santander libre de violencias contra las mujeres y las niñas” advierte que la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes está vinculada a dinámicas de trata de personas, lo que agrava la vulnerabilidad de las víctimas y dificulta la detección temprana de los casos.
Organizaciones académicas y sociales han alertado que entre 2020 y 2025 los delitos sexuales contra menores en la región muestran patrones persistentes, con un alto subregistro debido al miedo de las víctimas y la presión familiar.
Lo que dice el Código Penal
El Código Penal colombiano establece sanciones severas frente a delitos sexuales contra menores:
– Acceso carnal abusivo con menor de 14 años (artículo 208): pena de 12 a 20 años de prisión.
– Actos sexuales con menor de 14 años (artículo 209): pena de 9 a 13 años de prisión.
– Pornografía con menores (artículo 218): pena de 10 a 20 años de prisión.
– Inducción a la prostitución (artículo 213): pena de 6 a 10 años de prisión.
Estas disposiciones intentan proteger la integridad física y psicológica de los menores, reconociendo su especial condición de vulnerabilidad. La ley también contempla agravantes cuando el agresor es familiar, cuidador o autoridad, como ocurrió en el caso de San Andrés.
La violencia sexual infantil no solo deja secuelas físicas y emocionales en las víctimas, sino que también erosiona la confianza comunitaria. En Santander, las autoridades enfrentan el reto de fortalecer la prevención, mejorar la atención psicosocial y garantizar que los procesos judiciales no revictimicen a los menores.
Expertos en derechos humanos señalan que la explotación sexual infantil está ligada a factores como pobreza, falta de acceso a educación, violencia intrafamiliar y debilidad institucional. La respuesta requiere un enfoque integral que combine justicia, protección social y campañas de sensibilización.
Voces de la comunidad
Organizaciones sociales en Bucaramanga y municipios del área metropolitana han insistido en la necesidad de crear rutas claras de denuncia y atención. “El silencio protege al agresor y perpetúa el daño. La comunidad debe entender que denunciar es un acto de responsabilidad colectiva”, expresó una vocera del Observatorio de Mujeres.
