En menos de 24 horas, Bucaramanga y Piedecuesta vivieron una jornada marcada por la violencia: cuatro hombres y un menor de 15 años fueron asesinados en distintos barrios, en hechos atribuidos a sicariato y ataques con arma de fuego, que mantienen en alerta a las autoridades y a la comunidad.
La violencia volvió a golpear con fuerza al área metropolitana de Bucaramanga. En las últimas 24 horas se registraron cinco homicidios en diferentes sectores de Bucaramanga, Piedecuesta y Floridablanca, lo que ha encendido las alarmas entre autoridades locales y departamentales.
Los casos ocurrieron en los barrios Nariño, Villas de Girardot, Villas de San Ignacio y Laureles, además de una balacera en el barrio Paseo Cataluña de Piedecuesta. En este último hecho, un menor de 15 años perdió la vida tras ser atacado por hombres armados que llegaron en motocicletas. El joven fue trasladado a la Clínica de Piedecuesta, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.
En Bucaramanga, la violencia se manifestó con tres homicidios bajo la modalidad de sicariato. En el barrio Nariño, dos sujetos armados dispararon contra un hombre conocido como “Pinocho”, quien murió en el lugar. Vecinos lo describieron como una persona trabajadora, sin conflictos conocidos, lo que aumenta la preocupación por la aparente indiscriminación de los ataques.
Otro hecho estremeció a la comunidad de Villas de San Ignacio, donde Jesús Andrés Mantilla, un joven enfermero de 25 años, fue asesinado mientras paseaba a sus perros. Los atacantes huyeron en un vehículo, pero fueron capturados posteriormente en el centro de Bucaramanga. La víctima no tenía antecedentes ni conflictos previos, lo que refuerza la incertidumbre sobre los móviles del crimen.
En Floridablanca, Daniel Sneider Espinel García, de 24 años, fue atacado en el casco antiguo del municipio. Recibió al menos cuatro impactos de arma de fuego y murió cuando era trasladado a un centro asistencial.
La seguidilla de homicidios ha generado temor entre los habitantes. Vecinos de Villa de San Ignacio manifestaron que ya no se sienten seguros ni siquiera para sacar a sus mascotas. En Piedecuesta, líderes comunitarios exigieron un consejo de seguridad urgente para analizar la situación y adoptar medidas que permitan frenar la ola de violencia.
La ciudadanía denuncia un incremento en casos de sicariato y hurtos en los últimos días. La percepción de inseguridad se ha intensificado, y muchos habitantes consideran que las autoridades deben reforzar la presencia policial en los barrios más afectados.
Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Bucaramanga no ha emitido un pronunciamiento detallado sobre los hechos. Sin embargo, se confirmó que las investigaciones avanzan para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los responsables.
La Gobernación de Santander y las alcaldías del área metropolitana han manifestado su preocupación por la situación. Se espera que en las próximas horas se convoque un consejo de seguridad extraordinario para evaluar estrategias de contención.
Cifras y antecedentes
Según reportes de medios regionales, en lo corrido de 2026 se han registrado más de 50 homicidios en el área metropolitana de Bucaramanga, con un incremento notable en los casos de sicariato. La modalidad más frecuente ha sido el ataque con arma de fuego perpetrado por hombres en motocicleta, lo que ha convertido este medio de transporte en un instrumento recurrente para cometer delitos violentos.
La Defensoría del Pueblo ha advertido en informes recientes sobre el riesgo de que estructuras criminales estén disputando territorios en Bucaramanga y municipios cercanos, lo que podría explicar el aumento de los homicidios.
La violencia no solo deja víctimas directas, sino también un profundo impacto en las familias y comunidades. Cinco hogares quedaron en luto en menos de una semana, lo que refleja la magnitud del problema.
El miedo se ha instalado en las calles y parques de Bucaramanga y Piedecuesta. Comerciantes reportan una disminución en la actividad nocturna, mientras padres de familia expresan temor por la seguridad de sus hijos.
Habitantes y líderes sociales insisten en la necesidad de fortalecer la inteligencia policial y la articulación con la Fiscalía para desmantelar las estructuras criminales detrás de estos hechos. Además, reclaman programas de prevención que incluyan oportunidades educativas y laborales para los jóvenes, con el fin de reducir la vulnerabilidad frente a la delincuencia.
La comunidad espera que las autoridades locales y departamentales actúen con celeridad, pues consideran que la situación ha alcanzado niveles críticos.
