La candidatura vicepresidencial de Juan Daniel Oviedo junto a Paloma Valencia desata una fractura en sectores LGBTI, que oscilan entre el rechazo por alianzas con la derecha y el respaldo estratégico para frenar al petrismo en un escenario electoral profundamente polarizado.
La política colombiana vuelve a poner a prueba las fronteras entre identidad, ideología y estrategia electoral. La adhesión de Juan Daniel Oviedo, economista y exdirector del DANE, como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, una de las figuras más visibles del uribismo, ha abierto una grieta dentro de sectores de la población LGBTI. El debate no es menor: interpela tanto la coherencia política como los límites del pragmatismo en un país donde los derechos de las diversidades sexuales han avanzado en el plano jurídico, pero siguen en disputa en el terreno cultural y político.
El hecho tiene un carácter simbólico inédito. Oviedo se convirtió en el primer hombre abiertamente gay en aspirar a la Vicepresidencia de Colombia. Sin embargo, ese hito convive con una tensión estructural: su alianza con una dirigente que ha expresado reparos frente a derechos como la adopción por parejas del mismo sexo, en representación de un partido —el Centro Democrático— que históricamente ha sido señalado por sectores LGBTI como adverso a sus agendas.
El punto de quiebre más reciente fue una entrevista publicada a mediados de marzo, en la que Valencia afirmó: “No estoy de acuerdo con la adopción gay”, argumentando que “prevalece el niño”. La respuesta de Oviedo fue inmediata y en contraste: “Estoy en oposición a eso, en Colombia está habilitado [adoptar]”. El intercambio, breve pero contundente, se viralizó en redes sociales y se convirtió en un catalizador de reacciones encontradas.
Para algunos sectores, la candidatura de Oviedo representa una paradoja difícil de conciliar. ¿Puede un político abiertamente gay formar parte de un proyecto que cuestiona derechos fundamentales de la población que, en teoría, representa? La pregunta atraviesa conversaciones en espacios urbanos como el Parque de los Hippies, en Bogotá, y se replica en redes sociales, colectivos y organizaciones.
Las críticas más duras apuntan a lo que consideran una “incoherencia política”. Activistas y ciudadanos cuestionan que la visibilidad de Oviedo pueda terminar funcionando como una estrategia de legitimación para sectores conservadores. “Es respetable que haya maricas de derecha, pero no se entiende que defiendan posturas que niegan sus derechos”, señala un activista consultado para este informe.
Otros van más allá y advierten sobre un posible “lavado de imagen” del partido. La inclusión de un candidato abiertamente gay podría ser leída, en esta lógica, como un intento de ampliar la base electoral sin modificar de fondo las posturas programáticas. Desde esta perspectiva, la tensión no se centra en Oviedo como individuo, sino en el proyecto político que lo acoge.
El peso del contexto político
La discusión no ocurre en el vacío. Colombia atraviesa un momento de alta polarización, marcado por el gobierno de Gustavo Petro y las disputas sobre el rumbo económico, social y de seguridad del país. En ese contexto, la candidatura de Valencia y Oviedo se presenta como una alternativa de oposición, con un discurso que combina críticas a la gestión actual y promesas de estabilidad institucional.
Para algunos votantes LGBTI, especialmente aquellos críticos del gobierno, esta coyuntura redefine prioridades. La defensa de derechos adquiridos convive con preocupaciones sobre el sistema de salud, la economía o la seguridad. “No digo que la adopción gay y el matrimonio igualitario no sean importantes, pero no son lo único y ya están garantizados”, afirma un simpatizante de la fórmula.
Este argumento se apoya en un hecho clave: Colombia cuenta con un marco jurídico robusto en materia de derechos LGBTI, respaldado por decisiones de la Corte Constitucional. El matrimonio igualitario, la adopción por parejas del mismo sexo y el cambio de sexo en documentos oficiales son algunos de los avances más significativos de las últimas décadas.
Sin embargo, la estabilidad de estos derechos no es percibida de manera uniforme. Mientras algunos expertos consideran que están suficientemente blindados, otros advierten que pueden ser erosionados a través de políticas públicas, discursos políticos o reformas legislativas.
Las principales organizaciones LGBTI del país han optado por una postura prudente frente a la figura de Oviedo, evitando centrar el debate en su decisión personal. En cambio, han puesto el foco en el partido y en las declaraciones de Valencia.
Desde estas plataformas se insiste en que el respeto a los derechos adquiridos es apenas un punto de partida. “Respetar el orden institucional es lo mínimo”, señalan voceros, quienes proponen que el debate debería avanzar hacia temas pendientes como el acceso a la salud, el empleo y la protección de personas trans.
Este último punto es especialmente relevante. Aunque los derechos de parejas del mismo sexo han avanzado, las personas trans y no binarias siguen enfrentando mayores niveles de exclusión, violencia y barreras institucionales. En ese sentido, el discurso político que se construya en campaña puede tener efectos concretos sobre poblaciones más vulnerables.
Estrategia electoral o convicción
Una de las hipótesis que circula entre analistas es que la postura de Valencia responde más a una estrategia electoral que a una convicción inamovible. La necesidad de retener el voto conservador podría explicar declaraciones que, en otros momentos, han sido más flexibles.
Este tipo de cálculo no es nuevo en la política colombiana. En el plebiscito por la paz de 2016, los discursos sobre la llamada “ideología de género” jugaron un papel central en la movilización de ciertos sectores. Hoy, aunque el contexto ha cambiado, persisten tensiones similares entre agendas progresistas y conservadoras.
Al mismo tiempo, la presencia de Oviedo en la fórmula podría interpretarse como un intento de ampliar el espectro electoral hacia votantes urbanos, jóvenes y más liberales en temas sociales. La pregunta es si esa combinación resulta creíble o si, por el contrario, genera desconfianza en ambos extremos.
El caso de Oviedo también reabre un debate más amplio sobre la representación política. ¿Hasta qué punto un candidato debe encarnar las demandas de la comunidad con la que se identifica? ¿Es legítimo exigirle una coherencia mayor que a otros políticos?
Algunos sectores sostienen que sí. Argumentan que Oviedo ha incorporado su orientación sexual como parte de su identidad pública, lo que lo convierte en un referente inevitable para la población LGBTI. Desde esta perspectiva, su alianza con Valencia no es una decisión neutra, sino una que debe ser evaluada a la luz de sus implicaciones simbólicas y políticas.
Otros, en cambio, defienden una visión más plural. Consideran que la diversidad también implica la existencia de posturas políticas distintas dentro de la comunidad. En este enfoque, no habría una única forma “correcta” de ser un político LGBTI.
El antecedente de la Vicepresidencia
Otro elemento que aparece en el debate es el alcance real del cargo al que aspira Oviedo. La experiencia reciente de Francia Márquez ha puesto sobre la mesa los límites de la Vicepresidencia en Colombia, un rol que, en muchos casos, depende de la delegación de funciones por parte del presidente.
Esto alimenta el escepticismo de quienes dudan de la capacidad de Oviedo para influir en decisiones clave, especialmente en un escenario donde su compañera de fórmula mantiene posturas divergentes en temas sensibles.
El impacto electoral de esta controversia aún es incierto. Por un lado, es probable que Oviedo no logre captar a votantes LGBTI firmemente alineados con el progresismo. Por otro, su presencia podría facilitar que algunos sectores moderados consideren la fórmula como una opción viable.
La mayor incógnita está en los votantes indecisos, especialmente aquellos que combinan una identidad diversa con preocupaciones económicas o políticas más amplias. En ellos se juega una parte importante del resultado.
“Estoy entre que gane la izquierda o alguien que está contra los derechos que apoyo. Puede que vote en blanco”, dice una joven consultada. Su dilema resume la tensión central de este momento: la dificultad de conciliar identidad y estrategia en un contexto polarizado.
El caso de Oviedo y Valencia trasciende la coyuntura electoral. Pone en evidencia las complejidades de una sociedad en transición, donde los avances en derechos conviven con resistencias culturales y políticas.
