El magnicidio de Miguel Uribe Turbay sacude la campaña presidencial en Colombia, mientras sectores de derecha señalan a Iván Cepeda por su defensa de la paz total. Las acusaciones intensifican la polarización política y reconfiguran el debate electoral.
El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay no solo marcó uno de los episodios más graves de violencia política reciente en Colombia, sino que también se ha convertido en un detonante de confrontación electoral. A medida que avanzan las investigaciones judiciales, el caso ha sido incorporado al centro del debate político, especialmente en el enfrentamiento entre sectores de derecha y el oficialismo.
La controversia se intensificó tras conocerse testimonios judiciales que apuntan a la participación de la Segunda Marquetalia en el crimen. Este grupo, surgido tras la desmovilización de la antigua guerrilla de las FARC luego del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia, ha sido señalado por las autoridades como responsable de ordenar el asesinato. La Fiscalía, además, ha emitido órdenes de captura contra varios de sus cabecillas, lo que refuerza la hipótesis de una operación planificada desde estructuras armadas ilegales.
En este contexto, figuras de la derecha han dirigido sus críticas hacia Iván Cepeda, candidato presidencial del oficialismo, a quien cuestionan por su papel histórico como defensor de negociaciones con grupos armados. La senadora Paloma Valencia afirmó que “la confesión de la Segunda Marquetalia sobre el asesinato de Miguel Uribe es tenebrosa” y sugirió que existe una “responsabilidad política” de Cepeda en los hechos.
Las acusaciones no se limitan a declaraciones aisladas. El expresidente Álvaro Uribe Vélez también cuestionó públicamente el papel del senador, al señalar: “¿Dónde está Cepeda, que sacó para que gozaran de impunidad del país para Venezuela a Santrich y a Iván Márquez?”. Estas afirmaciones hacen referencia a episodios posteriores al acuerdo de paz, particularmente al proceso judicial de Jesús Santrich y su posterior fuga, así como a la reaparición armada de Iván Márquez, ambos fundadores de la Segunda Marquetalia.
Desde la derecha, el discurso ha sido aún más contundente en algunos sectores. El abogado y candidato Abelardo de la Espriella llegó a afirmar que el presidente Gustavo Petro habría sido “el instigador” en un clima de odio que, según su interpretación, derivó en el asesinato. Estas declaraciones, sin embargo, no han sido acompañadas de pruebas judiciales, lo que ha generado críticas sobre el uso político del crimen.
Frente a los señalamientos, Iván Cepeda ha respondido con firmeza, rechazando cualquier vínculo con el asesinato y calificando las acusaciones como una estrategia de desprestigio. “Es una infamia acusarnos al presidente Petro y a mí de tener cualquier clase de relación con el asesinato”, afirmó. Además, ha exigido a sus contradictores que presenten pruebas ante la justicia, elevando el tono del enfrentamiento político.
El trasfondo de esta disputa se encuentra en la política de “paz total”, una de las principales banderas del gobierno de Gustavo Petro. Esta estrategia busca negociar simultáneamente con diversos grupos armados ilegales, incluyendo disidencias de las FARC, el ELN y organizaciones criminales. Iván Cepeda ha sido uno de sus más visibles defensores, sosteniendo que el diálogo es la única vía para reducir la violencia estructural en el país.
Sin embargo, el asesinato de Miguel Uribe Turbay ha puesto en entredicho esta política en el debate público. Para sus críticos, el hecho de que un grupo en proceso de negociación esté implicado en un magnicidio evidencia fallas graves en la estrategia gubernamental. Desde esta perspectiva, la paz total no solo habría fracasado en contener la violencia, sino que podría haber facilitado el fortalecimiento de estructuras criminales.
Por otro lado, sectores afines al oficialismo advierten que estas interpretaciones simplifican una realidad compleja. Argumentan que la persistencia de la violencia responde a factores históricos, territoriales y económicos que no pueden resolverse de manera inmediata, y que abandonar los diálogos podría agravar aún más el conflicto. En este sentido, defienden la coherencia de la postura de Cepeda, quien ha reiterado que “en la paz nunca se fracasa”.
El impacto político del caso es evidente en un escenario electoral altamente competitivo. Las encuestas muestran una contienda cerrada entre Iván Cepeda y candidatos de derecha como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. En este contexto, la seguridad y la violencia se han consolidado como temas centrales para el electorado, especialmente en zonas urbanas donde el impacto simbólico del magnicidio ha sido significativo.
Además, la Fiscalía ha advertido que la Segunda Marquetalia podría haber buscado desestabilizar el sistema político mediante este crimen. No obstante, el efecto parece haber sido ambiguo. Mientras el asesinato pretendía generar caos, su revelación ha sido utilizada como un argumento político por sectores de oposición, fortaleciendo sus narrativas sobre la necesidad de mano dura frente a los grupos armados.
Este episodio también revive debates históricos sobre la relación entre política y violencia en Colombia. El país tiene una larga tradición de magnicidios que han marcado su vida democrática, desde el asesinato de líderes políticos en el siglo XX hasta casos más recientes vinculados al conflicto armado. En ese contexto, el caso de Miguel Uribe Turbay se inscribe en una continuidad preocupante, aunque con nuevas dinámicas asociadas a la fragmentación de los actores armados.
A medida que se acerca la jornada electoral, el manejo político de este caso será determinante. La instrumentalización del crimen, las respuestas institucionales y la evolución de las investigaciones judiciales podrían incidir directamente en la intención de voto. Mientras tanto, el país enfrenta el reto de procesar un hecho de violencia extrema sin que ello derive en una mayor polarización.
