Con 35 candidatos, bajos niveles de intención de voto y una ciudadanía desencantada, Perú afronta unas elecciones presidenciales marcadas por la fragmentación política, la debilidad institucional y el riesgo de prolongar una inestabilidad que ya suma casi una década sin resolverse.
A pocas semanas de las elecciones generales del 12 de abril, Perú enfrenta uno de los procesos electorales más complejos de su historia reciente. La cifra de 35 candidatos presidenciales no solo marca un récord, sino que evidencia una profunda crisis de representación que atraviesa el sistema político del país andino.
Los sondeos reflejan un panorama inédito: ningún aspirante supera el 12% de intención de voto y cerca del 60% de los ciudadanos no tiene claro por quién votar. Esta dispersión electoral anticipa una primera vuelta fragmentada y una segunda vuelta inevitable en junio, en la que el próximo presidente podría llegar al poder con una legitimidad reducida.
La contienda, además, ocurre en un contexto de inestabilidad crónica. En la última década, el país ha tenido nueve presidentes, seis de los cuales no lograron completar sus mandatos. Este historial ha erosionado la confianza en las instituciones y ha consolidado un escenario donde el Congreso tiene un papel determinante en la permanencia o caída de los gobiernos.
Entre los candidatos mejor posicionados figuran Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, quienes representan sectores de derecha y registran un empate técnico con poco más del 11% de apoyo. Más atrás aparece Alfonso López Chau, con un 6,5%, mientras el resto de aspirantes no supera el 5%.
Este escenario confirma una tendencia que ya se había evidenciado en las elecciones de 2021, cuando el entonces ganador, Pedro Castillo, obtuvo apenas el 15,7% en primera vuelta. La diferencia ahora es que la fragmentación se ha intensificado y el entusiasmo ciudadano parece aún menor.
El investigador del Instituto de Estudios Peruanos, Paulo Vilca Arpasi, advierte que el problema no se limita a la cantidad de candidatos, sino a la desconexión entre la política y la ciudadanía. “Hay un gran sector del país que válidamente opina que los procesos electorales no tienen mucho impacto en las necesidades de la población”, señala.
Vilca agrega que la dinámica política ha alterado el equilibrio institucional: “Quien pierde las elecciones acaba teniendo más poder que quien las gana”, afirma, en referencia al rol del Congreso en la destitución de presidentes mediante la figura de incapacidad moral permanente.
La politóloga Milagros Campos Ramos coincide en que la raíz del problema está en la fragmentación del sistema de partidos. “El problema no solo se ve en el número de candidaturas, sino también en la dispersión de votos. Los diez candidatos más votados no suman ni el 53%”, explica.
Campos señala que la falta de reformas estructurales ha agravado la situación. Aunque en 2019 se aprobó un sistema de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), este nunca se implementó. Posteriormente, el Congreso eliminó su obligatoriedad, lo que permitió a los partidos mantener procesos internos cerrados.
“La ausencia de primarias reduce los incentivos para consolidar partidos fuertes y limita la participación ciudadana”, sostiene la académica, quien también propone medidas como la eliminación del voto preferencial y la renovación parlamentaria a mitad de periodo.
Otro factor clave es la facilidad para crear partidos políticos. Actualmente, la legislación exige poco más de medio millón de firmas para registrar una organización, una cifra significativamente menor a la de años anteriores. Esto ha propiciado la proliferación de agrupaciones sin arraigo ni posibilidades reales de éxito.
Según Pilar Biggio Pastor, subsecretaria de la asociación civil Transparencia, esta flexibilidad ha tenido efectos contraproducentes. “Tenemos una fragmentación política muy notoria, con una proliferación de partidos chicos sin chances electorales”, afirma.
Biggio subraya que, pese a las bajas probabilidades de éxito, la mayoría de partidos evita formar alianzas. De las 38 agrupaciones registradas, solo tres compiten en coalición, lo que incrementa la dispersión del voto y dificulta la gobernabilidad futura.
El impacto de esta fragmentación no se limita al Ejecutivo. Las proyecciones indican que pocos partidos superarán la valla del 5% necesaria para obtener representación en el Congreso, lo que podría dar lugar a un Parlamento aún más atomizado que el actual.
La complejidad del proceso también se refleja en el diseño del tarjetón electoral. Los votantes deberán elegir entre miles de candidatos para diferentes cargos, en un documento que supera los 40 centímetros y contiene múltiples listas. Esta situación, sumada al desconocimiento de las reglas de votación —que afecta a ocho de cada diez ciudadanos—, plantea desafíos logísticos y pedagógicos.
Más allá de los aspectos técnicos, el problema de fondo es el deterioro de la confianza en la democracia. Datos del Barómetro de las Américas muestran que la satisfacción con el sistema democrático en Perú cayó del 52% en 2012 al 21% en 2021, uno de los niveles más bajos de la región.
Este descenso está vinculado a la incapacidad del Estado para resolver problemas estructurales en áreas como salud, educación, seguridad e infraestructura. “Si los problemas de las personas no son resueltos, la gente expresará desaliento frente a sus procesos democráticos”, advierte Campos.
El perfil de los candidatos tampoco parece contribuir a revertir esta tendencia. Según Vilca, predominan figuras masculinas, con discursos similares y centrados en propuestas de mano dura. “Pese a que tenemos más candidatos que nunca, hay muy poca diversidad y todos terminan diciendo casi lo mismo”, afirma.
En este contexto, el riesgo de que el próximo presidente carezca de una base sólida de apoyo es alto. La combinación de un Ejecutivo débil y un Congreso fragmentado podría perpetuar el ciclo de confrontación política que ha marcado la última década.
Mientras tanto, el Jurado Nacional de Elecciones ha organizado debates televisados en varios grupos para dar visibilidad a los candidatos. Sin embargo, el exceso de postulantes dificulta que estos espacios logren un impacto significativo en la decisión del electorado.
De cara a los comicios, el principal desafío para Perú no es solo elegir un nuevo presidente, sino reconstruir la confianza en sus instituciones. Sin reformas profundas que fortalezcan el sistema de partidos y promuevan una mayor participación ciudadana, el país corre el riesgo de seguir atrapado en un ciclo de inestabilidad política y desencanto democrático.
