Cuatro hombres fueron asesinados en dos veredas del municipio de El Zulia, Norte de Santander, en hechos atribuidos a las disidencias de las Farc. La masacre, ocurrida el 19 de abril de 2026, evidencia la disputa territorial y el riesgo permanente para las comunidades rurales, que ya había advertido la Defensoría.
El domingo 19 de abril de 2026, la tranquilidad de las veredas 7 de Agosto y Brisas de Astilleros, en el municipio de El Zulia, se quebró con la irrupción de hombres armados que, según Indepaz, serían integrantes de las disidencias de las Farc. La modalidad fue idéntica en ambos lugares: los atacantes ingresaron a establecimientos, solicitaron documentos de identificación y, ante la negativa de algunos presentes, dispararon sin contemplación. Cuatro personas perdieron la vida en cuestión de minutos.
Las víctimas fueron identificadas como Marcos Mora Serrano, Ronald Jesús Arandia Segovia, Samuel David Martínez Parra y Henderson Rafael Cabrera Escalona. Sus nombres se suman a la larga lista de colombianos que han caído en medio de la violencia que persiste en regiones en donde el Estado no logra consolidar su presencia.
El Zulia, ubicado en el área metropolitana de Cúcuta, se ha convertido en uno de los municipios más violentos de Norte de Santander. La disputa territorial entre grupos armados ilegales ha intensificado los homicidios, las extorsiones y el miedo cotidiano de sus habitantes. Según cifras de Indepaz, con esta masacre ya son 41 las registradas en Colombia en lo corrido de 2026, un indicador alarmante que refleja la persistencia de la guerra en tiempos de supuesta paz.
La Defensoría del Pueblo había advertido sobre esta situación. En la Alerta Temprana 013 de 2025, incluyó a El Zulia como un territorio en riesgo por la imposición de normas ilegales y la gobernanza paralela de los grupos armados. Dos años antes, la Alerta Temprana 009 de 2023 ya había señalado la expansión de estructuras criminales que esperaban controlar rutas del narcotráfico y actividades extractivas ilegales. Ambas advertencias coincidían en un mismo diagnóstico: la población rural estaba expuesta a reclutamiento forzado, desplazamiento y asesinatos.
En esta región confluyen varias organizaciones ilegales. El Ejército de Liberación Nacional (Eln), el Frente 33 de las disidencias de las Farc —conocido como ‘Calarcá’— y bandas locales disputan el control de corredores estratégicos para el narcotráfico. La ubicación geográfica de Norte de Santander, fronteriza con Venezuela, convierte al departamento en un punto clave para el tránsito de drogas y armas. El Zulia, por su cercanía a Cúcuta y a rutas rurales, se ha transformado en un escenario de confrontación constante.
La jurisdicción militar corresponde a la Segunda División del Ejército Nacional, pero la presencia de uniformados no ha sido suficiente para frenar la violencia. Los habitantes denuncian que, pese a los patrullajes, los grupos armados imponen sus reglas y ejercen control social en veredas y corregimientos.
La noticia de la masacre generó consternación en la población. En los barrios y veredas de El Zulia, el miedo se mezcla con la resignación. “Aquí ya no se puede vivir tranquilo. Uno no sabe si salir de la casa es seguro”, comentó un habitante que prefirió no revelar su nombre por temor a represalias. Las familias de las víctimas enfrentan el duelo en medio de la incertidumbre, conscientes de que la justicia difícilmente llegará hasta los responsables.
Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han exigido una respuesta contundente del Estado. Para ellos, la repetición de patrones de violencia demuestra que las alertas tempranas no han sido atendidas con la urgencia necesaria. “La masacre en El Zulia es la confirmación de que los grupos armados siguen imponiendo su ley en las regiones”, señaló un vocero de Indepaz.
El modus operandi observado en esta masacre no es nuevo. En varias zonas del país, los grupos armados han recurrido a la exigencia de documentos y teléfonos como mecanismo de control, buscando identificar a quienes consideran “enemigos” o “informantes”. La negativa a obedecer se convierte en sentencia de muerte. Este patrón refleja la lógica de terror que se impone en comunidades rurales, donde la vida cotidiana se desarrolla bajo la sombra de la violencia.
La masacre de El Zulia se inscribe en un panorama nacional preocupante. En lo corrido de 2026, Indepaz ha registrado 41 masacres en diferentes departamentos, con un saldo de más de 150 víctimas. Aunque el Gobierno ha anunciado planes de seguridad y estrategias de intervención, la realidad en los territorios muestra que los esfuerzos no han logrado frenar la expansión de las estructuras armadas.
La persistencia de las disidencias de las Farc, a pesar de la firma del Acuerdo de Paz en 2016 con las antiguas Farc, evidencia las dificultades para consolidar la paz en regiones periféricas. La falta de oportunidades económicas, la débil presencia institucional y la rentabilidad del narcotráfico han alimentado la continuidad de la guerra.
La Defensoría del Pueblo reiteró su llamado al Gobierno para que atienda de manera urgente las alertas emitidas. La institución insiste en que la protección de las comunidades rurales debe ser prioritaria, con acciones integrales que incluyan seguridad, inversión social y presencia estatal efectiva. Sin estas medidas, advierte, las masacres seguirán repitiéndose.
Organizaciones sociales de Norte de Santander también han pedido acompañamiento internacional. Para ellas, la presión de organismos multilaterales puede contribuir a que el Estado colombiano asuma con mayor responsabilidad la defensa de los derechos humanos en zonas históricamente olvidadas.
La masacre en El Zulia deja una herida abierta en la memoria colectiva de Norte de Santander. Cuatro vidas truncadas se convierten en símbolo de la fragilidad de la paz y de la urgencia de respuestas efectivas. Mientras las familias lloran a sus muertos, la comunidad se pregunta cuánto más deberá soportar antes de que la violencia cese.
El Zulia, como tantos otros municipios del país, enfrenta el desafío de sobrevivir en medio de la guerra. La masacre del 19 de abril no es un hecho aislado, sino parte de una cadena de violencias que se repite con alarmante frecuencia. La pregunta que queda flotando es si el Estado logrará, algún día, romper ese ciclo y garantizar que la vida sea respetada en cada rincón de Colombia.
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