Más de 500 personas han muerto en cárceles salvadoreñas desde 2022 bajo el régimen de excepción, según documentos filtrados y organizaciones de derechos humanos, en medio de denuncias por tortura, negligencia médica y ocultamiento sistemático de información por parte de las autoridades del país.
La muerte de Walter Vladimir Sandoval marcó el inicio de una cadena de fallecimientos que hoy configura una de las mayores controversias en torno a la política de seguridad del Gobierno de El Salvador. Tenía 25 años cuando fue detenido el 30 de marzo de 2022, apenas días después de la instauración del régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele. Cuatro días más tarde, murió bajo custodia estatal. Su cuerpo presentaba fracturas y múltiples lesiones.
Según un informe interno de la Policía Nacional Civil (PNC), filtrado como parte de la serie conocida como Guacamaya Leaks, las autoridades intentaron atribuir su muerte a una caída accidental dentro del penal de Izalco. Sin embargo, el mismo documento reconoce que la autopsia determinó que las lesiones fueron provocadas. “Se establece que el caso pasa a ser un homicidio”, señala el reporte.
El caso de Sandoval no es aislado. La organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha documentado al menos 517 muertes de personas detenidas desde el inicio del régimen de excepción. Su base de datos incluye nombres, edades, fechas y circunstancias de fallecimiento, así como indicios de tortura y negligencia médica.
“Esta base de datos es prueba irrefutable; es el cimiento para que en el futuro haya justicia”, afirmó Ingrid Escobar, directora de la organización, quien debió exiliarse en 2025 tras denunciar sistemáticamente estos hechos.
Los datos recopilados por SJH muestran patrones consistentes. Alrededor del 30% de los fallecidos presenta signos de violencia o tortura, mientras que un 32% habría muerto por falta de atención médica. El resto de los casos permanece sin causa clara. Además, el 92% de las víctimas no tenía condena judicial y el 94% ni siquiera había sido identificado previamente como miembro de pandillas.
A pesar de estas cifras, el Gobierno ha sostenido una narrativa distinta. El presidente Bukele ha afirmado que las muertes en prisión son “naturales”, comparándolas con las que ocurren fuera del sistema penitenciario. Su director de Centros Penales, Osiris Luna, ha defendido esta postura señalando que “antes morían más personas en las cárceles y nadie decía nada”.
Sin embargo, investigaciones independientes contradicen estas declaraciones. Un análisis del diario La Prensa Gráfica evidenció que las muertes catalogadas como no violentas aumentaron significativamente tras la implementación del régimen, pasando de un promedio de nueve mensuales en 2019 a 39 en 2022.
La opacidad institucional ha sido otro elemento clave. Bajo la actual administración, el acceso a información pública ha sido restringido, dificultando la verificación independiente. Este medio solicitó datos a diversas entidades estatales, incluyendo el Ministerio de Salud, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, sin obtener respuesta.
El patrón de ocultamiento también se refleja en los diagnósticos forenses. Según SJH, al menos 50 víctimas con signos evidentes de tortura fueron reportadas como fallecidas por “edema pulmonar”. Expertos consultados consideran que esta causa ha sido utilizada de manera recurrente para encubrir muertes violentas. “No es normal encontrar esa frecuencia sin una explicación médica sólida”, indicó un especialista.
Casos como el de Leonardo Vladimir Rivera Castillo refuerzan estas sospechas. Detenido el 31 de marzo de 2022, murió tres días después en el mismo penal que Sandoval. El informe policial es claro: “La autopsia establece homicidio por la naturaleza de las lesiones”.
A lo largo de los años, la tendencia se ha mantenido. En los primeros nueve meses del régimen murieron 113 personas. En 2023 se registraron 127 fallecimientos; en 2024, 116; en 2025, 121; y en los primeros meses de 2026 ya se contabilizan decenas de casos. El promedio mensual se mantiene en torno a una docena de muertes.
El caso de Santos Navarro ilustra otro patrón: la negligencia médica. Vendedor ambulante sin antecedentes, fue detenido en 2023 y murió un año después. Su familia asegura que padecía diabetes y no recibió tratamiento adecuado. “A él lo dejaron morir. O mejor dicho, lo mataron”, declaró un familiar. El certificado oficial indicó nuevamente “edema pulmonar”.
Las denuncias no se limitan a ciudadanos salvadoreños. En 2025, un grupo de 252 venezolanos trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) denunció torturas tras su liberación. “Es un cementerio para hombres vivos”, afirmaron algunos de ellos.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Cristosal han documentado prácticas como entierros clandestinos y falta de notificación a familiares. Estas acciones han llevado a que un grupo de juristas presentara denuncias ante Naciones Unidas por presuntos crímenes de lesa humanidad.
El contexto en el que ocurren estos hechos es complejo. El régimen de excepción ha sido respaldado por amplios sectores de la población debido a la reducción de la violencia asociada a pandillas. Sin embargo, expertos advierten que el costo en derechos humanos podría ser alto. “La seguridad no puede construirse sobre la violación sistemática de garantías fundamentales”, señaló un analista.
El debate también alcanza el ámbito internacional. Mientras algunos gobiernos destacan los resultados en materia de seguridad, otros expresan preocupación por el debilitamiento institucional y la concentración de poder.
A medida que se acumulan pruebas y testimonios, crece la presión para que se realicen investigaciones independientes. La posibilidad de que organismos internacionales como la Corte Penal Internacional intervengan ya ha sido planteada por organizaciones civiles.
“Esto no puede quedar en la impunidad”, insistió Escobar desde el exilio. “Las víctimas tienen nombre, historia y derechos que fueron vulnerados”.
La crisis carcelaria en El Salvador plantea interrogantes profundos sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos. En un país marcado por décadas de violencia, la respuesta estatal ha logrado reducir ciertos indicadores, pero al mismo tiempo ha abierto un nuevo frente de cuestionamientos.
El desafío, coinciden especialistas, será garantizar justicia sin desmantelar los avances en seguridad, un equilibrio difícil en un contexto donde la confianza en las instituciones está en juego.
