Escalada de ataques con artefactos explosivos y acciones armadas en Cauca y Valle del Cauca demanda medidas de protección para la población civil, alertó la Defensoría del Pueblo.
La situación de seguridad en el suroccidente del país, particularmente en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, se ha deteriorado de manera crítica en las últimas horas en medio de una escalada de ataques que ha afectado directamente a la población civil y a corredores estratégicos de movilidad en la región, informó la Defensoría del Pueblo en un comunicado hecho público.
En el municipio de Cajibío, Cauca, en el sector de El Túnel sobre la vía Panamericana que comunica a Popayán con Cali, fue detonado un artefacto explosivo mientras varios vehículos se encontraban detenidos, dejando un saldo preliminar de al menos 14 personas fallecidas y más de 17 heridas, en medio de dificultades para el ingreso de equipos de atención por condiciones de seguridad.
A este hecho se suman otros ataques recientes en el departamento del Cauca. En la madrugada, en el municipio de Mercaderes, fue activado un artefacto explosivo que impactó vehículos de servicio público que transitaban por la vía en límites con Nariño. En Popayán, fue detectado y desactivado un dron con carga explosiva en cercanías al cantón militar, lo que evidencia el uso de nuevas modalidades de ataque en zonas donde hay presencia de población civil.
También se han conocido amenazas sobre la posible instalación de nuevos artefactos explosivos en la vía Panamericana, en sectores como Mandivá, en Santander de Quilichao, y Pescador, en Caldono. De igual forma, se registró un atentado contra la base militar ubicada en Guachené, mediante el uso de un vehículo acondicionado con artefactos explosivos tipo cilindro.
Estos hechos se inscriben en un contexto más amplio que incluye acciones violentas reportadas en el Valle del Cauca, como los atentados contra el Batallón Pichincha en Cali y contra el Batallón de Ingenieros N.º 3 Agustín Codazzi, en Palmira, y el de la madrugada del sábado 25 de abril, un ataque a la subestación de policía del corregimiento Potrerito en Jamundí. además de otro ataque contra la Estación de Policía en Robles.
Esta escalada no solo impacta a la Fuerza Pública, sino que está trasladando los riesgos a la población civil y a corredores por donde transitan comunidades, ampliando las afectaciones en el territorio.
La sucesión de estos hechos evidencia una intensificación de las acciones armadas en la región y una presión creciente sobre las comunidades, que hoy enfrentan restricciones en su movilidad, afectaciones en su vida cotidiana y temor en los territorios.
En la zona hacen presencia estructuras armadas ilegales, como las que se autodenominan disidencias de la línea de alias “Iván Mordisco”.
La Defensoría del Pueblo ha advertido de forma reiterada, a través del Sistema de Alertas Tempranas, sobre los riesgos derivados del control territorial, la imposición de normas y las disputas entre actores armados en el suroccidente del país. La repetición de estos hechos en los mismos corredores evidencia fallas en la prevención y en la respuesta institucional.
Agrega la Defensoría del Pueblo en su informe hecho público que “al grupo armado responsable le exigimos cesar de inmediato estos ataques y detener el uso de artefactos explosivos y otros métodos que están afectando directamente a la población civil”.
“Hacemos – dice la Defensoría – un llamado urgente al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales para:
Activar de manera inmediata medidas de protección para la población civil en los corredores viales afectados, especialmente en la vía Panamericana.
Garantizar condiciones seguras para la atención de las personas heridas y la verificación de los hechos en terreno.
Fortalecer una presencia integral del Estado que combine acciones de seguridad con atención humanitaria, oferta social y acompañamiento institucional a las comunidades.
Establecer de manera efectiva y verificable las recomendaciones emitidas en las Alertas Tempranas.
Cuando estos hechos se repiten en los mismos corredores, ya no son hechos aislados: evidencian fallas en la prevención y en la respuesta del Estado”.
Agrega la Defensoría del Pueblo en u documento hecho público que “expresamos nuestra solidaridad con las comunidades del Cauca y el Valle del Cauca y reiteramos que la protección de la vida debe ser el eje de toda respuesta institucional”.
Foto: Archivo /
