Comerciantes y trabajadores informales del Barrio Padre Carlos Mugica denuncian operativos policiales que afectan sus medios de subsistencia. Mientras crece la informalidad en Argentina, vecinos cuestionan medidas que consideran desproporcionadas y exigen alternativas para sostener sus ingresos en un contexto económico cada vez más complejo.
En el corazón de la ciudad de Buenos Aires, a pocos minutos de algunos de los barrios más acomodados del país, el Barrio Padre Carlos Mugica —conocido durante décadas como Villa 31— enfrenta una nueva fuente de tensión: el endurecimiento de los controles estatales sobre la economía informal que sostiene a miles de familias.
En este entramado urbano de alta densidad, donde viven más de 45.000 personas, la informalidad no es una excepción, sino una regla. La ausencia histórica de infraestructura, servicios básicos y marcos regulatorios adaptados ha dado lugar a un ecosistema económico propio, basado en pequeños comercios, trabajos ocasionales y emprendimientos de subsistencia.
Sin embargo, en los últimos meses, ese delicado equilibrio se ha visto alterado por una serie de operativos impulsados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En ellos participan fuerzas policiales, la Agencia Gubernamental de Control y distintas dependencias estatales, con el objetivo de clausurar locales sin habilitación, decomisar mercadería y despejar el espacio público.
Para los vecinos, la forma en que se llevan adelante estos procedimientos resulta, en muchos casos, desproporcionada. “Nos tratan como delincuentes”, repiten en distintas voces, en un reclamo que mezcla indignación, temor y agotamiento.
Uno de los testimonios más contundentes es el de Sócrates Aníbal de la Cruz, un comerciante de origen peruano que vive en el barrio desde hace casi tres décadas. Su corralón de materiales, que funcionaba desde hacía diez años, fue clausurado en marzo tras un operativo que, según relata, involucró a unas 50 personas.
“Se llevaron todo. Mercadería por 20 millones de pesos. No sé dónde está ni cómo recuperarla”, explica. La falta de habilitación fue el argumento oficial, pero De la Cruz sostiene que cumplir con los requisitos es prácticamente imposible. “No tenemos título de propiedad, no hay servicios formales. ¿Cómo hacemos para encuadrarnos en normas pensadas para otra realidad?”, se pregunta.
Su caso no es aislado. Durante una reunión del Consejo de Gestión Participativa —un espacio institucional creado para el diálogo entre vecinos y autoridades— se acumularon relatos similares. La convocatoria, según los organizadores, ha crecido notablemente desde que se intensificaron los operativos.
“¿Cumplieron con las reuniones sectoriales que prometieron?”, preguntó De la Cruz en voz alta. La respuesta fue unánime: “No”.
La escena refleja una fractura en la relación entre el Estado y una comunidad que, durante años, ha reclamado políticas de integración urbana. La urbanización del barrio, iniciada en gestiones anteriores, avanzó parcialmente, pero dejó pendientes cuestiones estructurales que hoy condicionan la vida cotidiana.
Entre ellas, la regularización de los comercios. En un contexto donde la informalidad alcanza al 43% de la economía argentina, según estimaciones recientes, miles de personas dependen de actividades no registradas para sobrevivir.
“Primero deberían darnos condiciones para formalizarnos, no castigarnos por no estar en regla”, sostiene Eduardo Basanisi, referente barrial. “Si nos sacan las herramientas de trabajo, nos dejan sin nada”.
Los operativos han afectado a una amplia variedad de trabajadores: verduleros a quienes se les decomisó mercadería, recicladores urbanos que perdieron sus carros, vendedores ambulantes obligados a levantar sus puestos y pequeños emprendedores cuyas estructuras fueron demolidas.
Uno de los casos que más conmoción generó entre los vecinos fue el de una mujer mayor a la que le retiraron su parrilla, principal fuente de ingresos. “Vinieron como si fuera una criminal”, relata una vecina que presenció el operativo. “Había como veinte policías, con armas largas. Era una exageración total”.
La presencia policial es uno de los aspectos más cuestionados. Para muchos, no solo implica una intervención estatal, sino una forma de estigmatización. “La policía debería estar cuidando que no haya delitos graves, no persiguiendo a gente que trabaja”, afirma Graciela, otra residente del barrio.
El impacto de estas medidas no es solo económico, sino también social y emocional. La pérdida repentina de ingresos genera incertidumbre inmediata. “Hay gente que no sabe qué va a comer al día siguiente”, advierte Basanisi.
En paralelo, el contexto nacional añade una capa adicional de complejidad. El gobierno de Javier Milei ha promovido un discurso fuertemente orientado a la iniciativa privada, destacando el rol del mercado y reduciendo la intervención estatal en distintos ámbitos.
Sin embargo, para los habitantes del Mugica, esa lógica parece no aplicarse de la misma manera. “Se habla de libertad económica, pero acá nos quitan lo poco que tenemos”, señala Luis Pardo, un herrero que perdió su taller tras un operativo. “Era el pan de varias familias”.
La contradicción entre discurso y práctica es uno de los ejes centrales del malestar. Mientras se implementan medidas como blanqueos impositivos para grandes capitales, los sectores más vulnerables enfrentan controles estrictos en sus actividades cotidianas.
“Sentís que te humillan”, resume Graciela. “Eso es lo peor”.
Desde el Gobierno de la Ciudad no hubo respuestas oficiales a las consultas periodísticas sobre los operativos. No obstante, fuentes cercanas a la administración sostienen que las acciones buscan ordenar el espacio público y garantizar condiciones mínimas de seguridad.
Algunos especialistas reconocen la necesidad de regulación, pero advierten sobre los riesgos de una aplicación rígida. “No se puede intervenir en contextos de alta informalidad sin políticas de transición”, explica un urbanista. “De lo contrario, se profundiza la exclusión”.
El Barrio Mugica es un caso paradigmático de estas tensiones. Su proximidad con zonas de alto valor inmobiliario contrasta con sus condiciones internas, generando presiones tanto económicas como políticas.
Durante años, distintas gestiones impulsaron proyectos de urbanización que incluyeron la construcción de viviendas, la apertura de calles y la mejora de servicios. Sin embargo, el proceso quedó incompleto y dejó zonas sin regularizar.
Esa falta de integración plena es la que hoy emerge como uno de los principales obstáculos. “Nos piden cumplir reglas de una ciudad que no termina de incluirnos”, afirma De la Cruz.
En este escenario, los vecinos reclaman alternativas concretas. Proponen esquemas de regularización progresiva, asistencia técnica y facilidades para acceder a habilitaciones. También exigen instancias reales de diálogo con las autoridades.
“Queremos trabajar, no estamos pidiendo otra cosa”, insiste Pardo.
Mientras tanto, en las calles del barrio, la actividad continúa, aunque con mayor cautela. Los vendedores ambulantes están atentos a cualquier señal de operativo. Muchos han desarrollado estrategias para desmontar rápidamente sus puestos y evitar pérdidas.
La economía del día a día sigue en marcha, pero bajo una creciente sensación de vulnerabilidad. “Vivimos con miedo”, confiesa una comerciante.
A nivel más amplio, el caso del Barrio Mugica pone en evidencia los desafíos de gobernar ciudades marcadas por la desigualdad. La coexistencia de realidades tan distintas en un mismo territorio exige políticas diferenciadas y sensibles al contexto.
“El problema no es la regulación en sí, sino cómo se implementa”, concluye el urbanista. “Sin inclusión, la norma se convierte en castigo”.
En un país atravesado por la crisis económica, donde el empleo formal no logra absorber la demanda laboral, la economía informal cumple un rol central. Intervenir sobre ella sin considerar su función social puede tener consecuencias profundas.
Por ahora, el conflicto en el Barrio Mugica sigue abierto. Los operativos continúan, las reuniones se multiplican y las voces de los vecinos buscan ser escuchadas en un escenario donde el margen de error es cada vez más estrecho.
“Nos están dejando sin herramientas, sin trabajo y sin respuestas”, dice Basanisi. “Así no se puede vivir”.
