La muerte de reporteros en Líbano bajo bombardeos israelíes intensifica la preocupación internacional por la seguridad de la prensa. En un escenario de guerra y tensiones regionales, periodistas denuncian ataques deliberados mientras organismos advierten sobre la creciente impunidad frente a violaciones del derecho internacional humanitario.
En una redacción marcada por el silencio y las fotografías recientes de colegas fallecidos, el periodismo en Líbano enfrenta uno de sus momentos más críticos en décadas. Desde octubre de 2023, al menos 27 informadores han muerto en ataques atribuidos al ejército israelí, según el Sindicato de Editores de Prensa libanés. La cifra, que sigue en aumento, no solo refleja el riesgo inherente a cubrir un conflicto armado, sino también la percepción creciente entre reporteros de que se han convertido en objetivos.
“Sabemos que cada salida puede ser la última”, dice Jamal al Gharib, periodista del canal Al Mayadeen, en mensajes enviados desde el sur del país. “No llevamos armas. Solo cámaras y micrófonos. Pero eso no nos protege”.
El conflicto entre Israel y el movimiento libanés Hezbolá, que se intensificó tras la ofensiva en Gaza, ha convertido la frontera sur de Líbano en una zona de alto riesgo. Bombardeos diarios, desplazamientos de población y destrucción de infraestructura configuran un escenario donde informar se ha vuelto una tarea casi suicida.
En ese contexto, la muerte de Amal Khalil, corresponsal del diario Al Akhbar, el pasado 22 de abril, ha tenido un impacto profundo en la comunidad periodística. Su imagen, ahora colgada en las paredes de la redacción, simboliza una pérdida que va más allá de lo individual.
“Era una periodista comprometida, conocía el terreno, sabía cómo moverse”, señala Wafic Kanso, subdirector del medio. “Su muerte no fue un accidente. Fue una ejecución”.
Kanso sostiene que los ataques contra periodistas forman parte de una estrategia para limitar el flujo de información desde zonas sensibles. “El periodismo es testigo de la verdad. Y eso incomoda”, afirma.
Israel ha rechazado sistemáticamente las acusaciones de atacar deliberadamente a informadores. En varios casos, ha señalado que las víctimas tenían vínculos con organizaciones consideradas hostiles o que operaban “bajo apariencia de periodistas”. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido acompañadas de pruebas verificables.
Uno de los episodios más controvertidos ocurrió en marzo, cuando un ataque con misiles impactó un vehículo en el que viajaban tres periodistas cerca de Jezzine. Entre los fallecidos estaban Fatima Ftouni y su hermano Mohamed, ambos trabajadores de Al Mayadeen, así como Ali Shoeib, de la cadena Al-Manar.
“El chaleco de prensa no sirvió de nada”, lamentó Al Gharib durante una transmisión en directo desde el lugar del ataque. “¿Dónde están las leyes que nos protegen?”.
La pregunta resuena en un contexto donde organismos internacionales han comenzado a documentar lo que consideran posibles violaciones al derecho internacional humanitario. La ONG Campaña Emblema de Prensa ha señalado que algunos de los ataques podrían constituir crímenes de guerra, al tratarse de acciones “deliberadas” contra civiles identificables.
“Estamos viendo un patrón preocupante”, indica un informe reciente de la organización. “La falta de rendición de cuentas fomenta la repetición de estos hechos”.
El impacto de esta violencia va más allá de las víctimas directas. La cobertura informativa en la región se ha visto seriamente afectada. Muchos periodistas han reducido sus desplazamientos, limitando la presencia en zonas clave y, con ello, la capacidad de documentar lo que ocurre.
“Hay lugares a los que ya no podemos ir”, admite Ali Hashisho, fotógrafo que ha trabajado con agencias internacionales. “El riesgo es demasiado alto”.
Hashisho ha sobrevivido a varios incidentes. En uno de ellos, durante una tregua en 2024, fue herido junto a otros colegas mientras documentaban la situación en una localidad fronteriza. “Mostramos nuestras cámaras, nos identificamos. Aun así, dispararon”, recuerda.
Estos testimonios refuerzan la percepción de que la identificación como prensa ya no garantiza protección. Incluso en momentos de cese al fuego, los ataques continúan, lo que genera un clima de incertidumbre constante.
La ofensiva israelí, denominada “Oscuridad Eterna”, ha intensificado las operaciones en el sur de Líbano, incluyendo bombardeos y demoliciones de estructuras en zonas ocupadas. Aunque se anunció una tregua mediada por Estados Unidos en abril, la violencia no ha cesado completamente.
“El alto el fuego existe en el papel, pero no en el terreno”, afirma un analista regional. “Y eso incluye la seguridad de los periodistas”.
La muerte de Amal Khalil ilustra esta realidad. Según su medio, ella y su fotógrafa fueron atacadas mientras se desplazaban por una zona que Israel considera restringida. Tras un primer impacto que las dejó heridas, buscaron refugio en un edificio. A pesar de las gestiones para coordinar un rescate, un segundo bombardeo terminó con la vida de Khalil.
“Hubo comunicación con organismos internacionales, se informó que eran periodistas”, explica Kanso. “Aun así, atacaron. No hay margen para pensar que fue un error”.
Este tipo de incidentes ha generado reacciones en la comunidad internacional, aunque sin consecuencias concretas hasta el momento. La falta de mecanismos efectivos para investigar y sancionar estos hechos contribuye a una sensación de impunidad.
“Cuando no hay consecuencias, los ataques continúan”, advierte un experto en derecho internacional. “Y los periodistas quedan cada vez más expuestos”.
En el terreno, la rutina de los reporteros se ha transformado. La planificación de cada cobertura incluye ahora evaluaciones de riesgo más estrictas, rutas alternativas y protocolos de emergencia. Aun así, muchos reconocen que no hay garantías.
“Puedes hacer todo bien y aun así morir”, dice Al Gharib.
Pese a ello, la mayoría insiste en continuar. Para muchos, el compromiso con la información supera el miedo. “Es nuestra responsabilidad contar lo que pasa”, afirma Hashisho. “Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará”.
Sin embargo, esta determinación convive con un desgaste evidente. El impacto psicológico de trabajar bajo amenaza constante, sumado a la pérdida de colegas, deja huellas profundas.
“Cada vez que salimos, pensamos en nuestras familias”, confiesa un reportero que pidió anonimato. “Pero también pensamos en las historias que deben ser contadas”.
La situación plantea interrogantes sobre el futuro del periodismo en zonas de conflicto. La reducción de cobertura, el riesgo extremo y la falta de protección efectiva podrían derivar en un vacío informativo con consecuencias globales.
“Sin periodistas, no hay testigos”, resume el analista. “Y sin testigos, la verdad se diluye”.
En Líbano, esa amenaza es cada vez más tangible. Las redacciones siguen funcionando, las cámaras siguen grabando, pero el costo humano es alto. Cada nombre que se suma a la lista de víctimas refuerza una realidad difícil de ignorar.
“Nos preguntamos quién será el próximo”, dice Hashisho. “Y aun así, seguimos”.
La persistencia de estos profesionales, en medio de condiciones adversas, refleja no solo un compromiso individual, sino también una defensa colectiva del derecho a la información. En un contexto donde la guerra redefine los límites de lo posible, su labor se convierte en una forma de resistencia.
“Mientras podamos, vamos a contar lo que vemos”, concluye Al Gharib. “Porque alguien tiene que hacerlo”.
