La campaña para convocar una asamblea constituyente en Colombia entró en una nueva fase con el inicio de la recolección de firmas impulsada por sectores afines al presidente Gustavo Petro. La propuesta divide al escenario político y reabre el debate sobre reformas estructurales, poder institucional y gobernabilidad democrática.
La propuesta de convocar una asamblea constituyente en Colombia ya no es una idea abstracta ni un mensaje lanzado desde las plazas públicas. Los sectores sociales y políticos cercanos al presidente Gustavo Petro comenzaron oficialmente la organización territorial para recoger cinco millones de firmas que respalden la iniciativa de reformar la Constitución de 1991.
El proceso, liderado por un comité de nueve integrantes provenientes de organizaciones indígenas, sindicales, estudiantiles y sociales, marca el inicio de una campaña nacional que busca convertir la constituyente en el principal eje político del cierre del actual Gobierno y del inicio del próximo ciclo electoral.
La estrategia comenzó con reuniones regionales, actos públicos y la conformación de comités promotores en distintas ciudades del país. Los impulsores consideran que existe un “bloqueo institucional” contra las reformas sociales del Gobierno y sostienen que la única salida posible es una modificación profunda de la carta política.
“Queremos actualizar la Constitución frente a los desafíos actuales del país”, explicó Armando Wouriyú Valbuena, líder indígena wayuu e integrante del comité promotor. Según el dirigente, la propuesta pretende incorporar asuntos relacionados con el cambio climático, la transición tecnológica, la justicia social y reformas estructurales en salud y justicia.
La iniciativa tomó fuerza luego del pronunciamiento público del presidente Gustavo Petro el pasado Día del Trabajo. Desde una multitudinaria concentración en Medellín, el mandatario confirmó su respaldo a la convocatoria y pidió apoyo ciudadano para financiar la recolección de firmas.
“Necesitamos que el pueblo decida el rumbo del país”, expresó Petro durante su discurso, en el que insistió en que el Congreso y las altas cortes han obstaculizado las reformas impulsadas desde su llegada al poder en 2022.
Aunque el mandatario no figura oficialmente como promotor de la iniciativa, su influencia resulta determinante. Petro ha convertido la idea constituyente en una bandera política para sus últimos meses en la Casa de Nariño y, según sus aliados, seguirá impulsándola incluso después de abandonar la Presidencia el próximo 7 de agosto.
El comité organizador está integrado por figuras representativas de distintos sectores sociales de izquierda. Entre ellos aparecen el exministro de Igualdad Carlos Rosero, dirigentes sindicales vinculados al magisterio y líderes estudiantiles y afrodescendientes. Todos coinciden en la necesidad de abrir un nuevo ciclo constitucional.
“La Constitución del 91 fue avanzada para su momento, pero hoy necesita responder a nuevas realidades”, sostiene Carlos Arturo García Marulanda, dirigente del Partido Comunista Colombiano y uno de los participantes del proceso.
Los promotores aseguran que el objetivo no es habilitar la reelección presidencial, una de las críticas más frecuentes desde la oposición. Armando Wouriyú insiste en que la constituyente no busca prolongar el mandato de Petro ni modificar los límites democráticos existentes.
“No estamos hablando de perpetuar a nadie en el poder. Estamos hablando de modernizar el Estado y garantizar derechos sociales”, afirma el líder indígena.
Sin embargo, la desconfianza política alrededor de la propuesta crece a medida que avanza la campaña. Sectores opositores consideran que la iniciativa representa un intento de presión sobre las instituciones y alertan sobre posibles riesgos de concentración de poder.
Varios dirigentes políticos han recordado experiencias recientes en América Latina donde procesos constituyentes derivaron en fuertes tensiones institucionales. Para algunos críticos, el discurso del Gobierno frente al Congreso y las cortes alimenta un clima de confrontación que podría deteriorar aún más la estabilidad política.
A pesar de ello, el oficialismo insiste en que la propuesta debe leerse como una herramienta democrática y participativa. Los organizadores destacan que el mecanismo exige varios filtros institucionales antes de concretarse.
El primer desafío será alcanzar el número de firmas válidas requerido por la Registraduría. Aunque el comité aspira a presentar los apoyos antes del 20 de julio, la ley permite ampliar el plazo hasta septiembre mediante una prórroga.
La meta es ambiciosa. Cinco millones de firmas equivalen a una movilización nacional de enormes dimensiones. Para lograrlo, los promotores buscan apoyarse en organizaciones sindicales, movimientos indígenas y colectivos afrodescendientes con presencia territorial en zonas urbanas y rurales.
La Central Unitaria de Trabajadores, una de las organizaciones sindicales más grandes del país, aparece como uno de los principales aliados logísticos del proceso. También participan organizaciones indígenas con capacidad de movilización en regiones apartadas.
Además de las estructuras sociales tradicionales, el comité acompaña recorridos políticos de figuras cercanas al petrismo, entre ellas el senador Iván Cepeda y la lideresa indígena Aída Quilcué.
Cepeda ha mantenido una posición cautelosa frente a la constituyente. Aunque no rechaza completamente la idea, insiste en que primero debe intentarse un acuerdo político amplio que permita tramitar reformas mediante consensos institucionales.
“Lo ideal sería alcanzar un pacto nacional que permita resolver las diferencias por la vía democrática”, señaló recientemente el senador en una entrevista. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de respaldar una constituyente si fracasan los caminos de concertación.
Los impulsores interpretan esa posición como una señal favorable. “Las agendas coinciden”, afirma Wouriyú. “Todos estamos hablando de transformaciones profundas y de construir un nuevo pacto político para la paz”.
El contexto político resulta decisivo para entender el impulso de la iniciativa. El Gobierno Petro enfrentó durante los últimos años fuertes dificultades para aprobar reformas estructurales en el Congreso. Varias de sus propuestas fueron archivadas, modificadas o frenadas judicialmente.
Ese escenario alimentó el discurso presidencial sobre un supuesto “bloqueo institucional”. Desde la oposición, en cambio, sostienen que las reformas encontraron resistencia por falta de consensos y problemas técnicos en su formulación.
La constituyente aparece entonces como una apuesta política de alto impacto simbólico. No solo busca modificar normas constitucionales, sino también reorganizar el debate público de cara al periodo posterior al actual Gobierno.
Analistas consideran que Petro intenta conservar capacidad de movilización una vez termine su mandato. “La constituyente le permite mantenerse como eje político de la izquierda y seguir influyendo sobre la agenda nacional”, explica un investigador universitario especializado en sistemas políticos colombianos.
No obstante, incluso si el comité logra reunir las firmas, el camino institucional seguirá siendo complejo. El Congreso deberá aprobar una ley que convoque formalmente la asamblea constituyente y luego la Corte Constitucional tendrá que revisar la legalidad del proceso.
En ninguno de esos escenarios el petrismo cuenta con mayorías aseguradas.
La discusión ya comenzó a polarizar el ambiente político. Mientras sectores progresistas presentan la iniciativa como una oportunidad histórica para ampliar derechos sociales y modernizar el Estado, la oposición advierte sobre posibles amenazas al equilibrio institucional construido desde 1991.
Entretanto, en plazas públicas, universidades y sindicatos, el debate gana fuerza. Los organizadores confían en que la movilización ciudadana permita transformar la constituyente en una causa popular.
“Esta no es una propuesta de élites”, asegura Yesenia Moreno Rodríguez, integrante del comité promotor. “Queremos que la ciudadanía participe directamente en la definición del país que viene”.
En las próximas semanas comenzarán las giras nacionales para instalar comités locales y activar puntos de recolección de firmas. El objetivo inmediato es medir la capacidad real de convocatoria del petrismo fuera del aparato estatal y en el inicio de una nueva etapa política.
La apuesta no solo definirá el legado del presidente Gustavo Petro. También pondrá a prueba la relación entre movilización social, institucionalidad democrática y gobernabilidad en uno de los momentos más sensibles de la política colombiana reciente.
