Legisladores demócratas de Estados Unidos solicitaron suspender las operaciones militares conjuntas entre el Pentágono y Ecuador contra organizaciones narcotraficantes. Los congresistas denuncian posibles violaciones de derechos humanos, falta de autorización del Congreso y riesgos de escalamiento regional en una zona fronteriza altamente sensible y militarizada.
La cooperación militar entre Estados Unidos y Ecuador volvió a generar fuertes tensiones políticas en Washington. Un grupo de congresistas estadounidenses pidió formalmente al Pentágono suspender de manera inmediata las operaciones conjuntas desarrolladas con fuerzas ecuatorianas en la frontera norte del país sudamericano, tras denuncias sobre posibles abusos contra civiles y cuestionamientos sobre la legalidad de la intervención.
La solicitud quedó plasmada en una carta enviada al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, firmada por más de veinte legisladores demócratas, entre ellos figuras del ala progresista como Alexandria Ocasio-Cortez, Ro Khanna, Greg Casar, Sara Jacobs y Jesús “Chuy” García.
En el documento, los congresistas expresan “seria preocupación” por las denuncias relacionadas con bombardeos contra instalaciones civiles y presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas durante las recientes operaciones militares en la frontera entre Ecuador y Colombia.
“Nos preocupa profundamente la participación militar estadounidense en acciones que podrían haber afectado a población civil y que carecen de claridad jurídica y supervisión legislativa”, sostienen los firmantes.
La controversia surge alrededor de la denominada Operación Exterminación Total, una ofensiva militar ejecutada por Ecuador con apoyo logístico y estratégico de Estados Unidos para combatir organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico en zonas fronterizas.
El Comando Sur de Estados Unidos confirmó públicamente el pasado 3 de marzo la existencia de operaciones conjuntas orientadas a combatir “organizaciones terroristas” relacionadas con el narcotráfico. Días después, el presidente Donald Trump informó al Congreso sobre la participación de fuerzas estadounidenses en acciones militares contra instalaciones de grupos considerados narcoterroristas.
Sin embargo, ni la Casa Blanca ni el Pentágono han explicado con precisión el alcance de esas operaciones, el número de militares involucrados ni los criterios legales utilizados para autorizar la misión.
Ese vacío informativo encendió las alarmas en sectores del Congreso estadounidense, especialmente entre legisladores que cuestionan el incremento de operaciones militares sin autorización explícita del Capitolio.
“La Constitución exige supervisión legislativa cuando se involucra a fuerzas estadounidenses en operaciones armadas internacionales”, advirtieron los congresistas en su comunicación oficial.
La preocupación aumentó luego de que altos funcionarios del Departamento de Defensa ofrecieran declaraciones que sugieren una participación activa y directa de militares estadounidenses en territorio ecuatoriano.
Joseph Humire, secretario adjunto de Defensa para América Latina, reconoció ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que el Pentágono apoyó “acciones cinéticas bilaterales” solicitadas por Ecuador para enfrentar organizaciones criminales transnacionales.
Según Humire, la operación representa “el comienzo de una ofensiva militar ecuatoriana contra el crimen organizado con respaldo de Estados Unidos”.
A esas declaraciones se sumaron las del general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, quien afirmó haber observado personalmente las operaciones conjuntas y destacó la coordinación militar entre ambos países.
“Las fuerzas especiales estadounidenses pueden planificar rápidamente junto a los ecuatorianos para garantizar el uso adecuado de la fuerza”, declaró Donovan ante el Senado.
Pero mientras las autoridades militares defienden la cooperación bilateral, organizaciones humanitarias y sectores políticos denuncian graves irregularidades.
Un reportaje periodístico publicado recientemente reveló que una de las instalaciones atacadas durante la ofensiva aparentemente correspondía a una granja lechera sin vínculos comprobados con estructuras narcotraficantes.
Testigos citados en esa investigación aseguraron que militares ecuatorianos realizaron interrogatorios violentos contra civiles desarmados, incendiaron viviendas y cometieron actos de tortura antes del bombardeo.
Aunque el Gobierno ecuatoriano no confirmó oficialmente esos hechos, las denuncias aumentaron la presión internacional sobre la administración del presidente Daniel Noboa.
El mandatario ecuatoriano se convirtió en uno de los aliados más cercanos de Donald Trump en América Latina y ha impulsado una estrategia de seguridad basada en fuerte presencia militar para combatir el narcotráfico y las bandas criminales que golpean al país.
Desde 2024, Ecuador vive bajo sucesivos estados de excepción debido al incremento de homicidios, atentados y acciones violentas atribuidas a organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas.
La crisis de seguridad transformó profundamente el panorama político ecuatoriano. Lo que hace algunos años era considerado uno de los países más seguros de la región se convirtió en uno de los territorios con mayores índices de violencia de América Latina.
Según cifras oficiales, Ecuador registró más de 9.200 homicidios durante el último año, la cifra más alta desde que existen registros.
Ante ese escenario, Noboa defendió la militarización de la seguridad pública y fortaleció alianzas estratégicas con Estados Unidos para combatir el narcotráfico.
Sin embargo, sectores opositores y organizaciones internacionales advierten que la estrategia podría estar deteriorando garantías democráticas y derechos fundamentales.
“La militarización permanente no ha resuelto el problema estructural del narcotráfico”, sostiene la analista política ecuatoriana Verónica Paredes. “En cambio, aumentó las tensiones sociales y los riesgos de abusos estatales”.
La carta enviada al Pentágono también cuestiona el deterioro democrático en Ecuador. Los congresistas estadounidenses señalan que el Gobierno de Noboa ha mostrado “una preocupante deriva autoritaria”.
Entre los señalamientos aparecen denuncias sobre represión de protestas indígenas, confrontaciones con el Tribunal Constitucional y congelamiento de cuentas pertenecientes a organizaciones civiles.
“El combate al crimen organizado no puede utilizarse como justificación para debilitar instituciones democráticas”, advierten los legisladores.
La situación adquiere además una dimensión regional delicada debido a la ubicación de las operaciones militares. La frontera entre Ecuador y Colombia históricamente ha sido una zona compleja marcada por narcotráfico, grupos armados ilegales, rutas de contrabando y presencia de organizaciones criminales transnacionales.
Las operaciones militares en territorios fronterizos generan riesgos diplomáticos adicionales. De hecho, recientemente Colombia expresó preocupación tras el hallazgo de una bomba ecuatoriana sin explotar en su territorio, incidente que elevó momentáneamente la tensión bilateral.
Expertos en relaciones internacionales consideran que el incremento de presencia militar estadounidense en la región podría reactivar viejos debates latinoamericanos sobre soberanía, intervención extranjera y seguridad hemisférica.
“La participación militar de Estados Unidos siempre tiene una carga política muy sensible en América Latina”, explica el investigador colombiano Mauricio Salazar. “Especialmente cuando ocurre sin transparencia plena o supervisión legislativa”.
En Washington, el debate también refleja divisiones internas sobre la política exterior de la administración Trump. Mientras sectores conservadores respaldan una línea dura contra el narcotráfico internacional, legisladores progresistas alertan sobre posibles excesos militares y riesgos de repetir experiencias fallidas de intervención en América Latina.
Organizaciones defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional, WOLA y el Centro para la Investigación Económica y Política respaldaron públicamente las exigencias del Congreso.
“El respeto por los derechos humanos debe ser una condición innegociable en cualquier cooperación militar”, señalaron las organizaciones en un pronunciamiento conjunto.
Hasta ahora, el Pentágono no respondió oficialmente a las solicitudes de suspensión ni aclaró los detalles jurídicos de la operación.
Mientras tanto, Daniel Noboa inició una visita oficial a Washington en medio de crecientes cuestionamientos internacionales sobre su estrategia de seguridad.
La discusión ya supera el ámbito militar. Lo que está en juego es el equilibrio entre seguridad, soberanía, lucha contra el narcotráfico y respeto por los derechos fundamentales en una región históricamente marcada por conflictos armados, intervención extranjera y violencia criminal.
