Más de cien familias del barrio El Remanso, en el sur de Bogotá, viven días de incertidumbre tras la reactivación de una orden de desalojo programada para julio. Adultos mayores, niños y víctimas de desplazamiento temen perder las viviendas levantadas durante años con esfuerzo propio y ahorros familiares.
En las calles destapadas del barrio El Remanso, en el extremo suroccidental de Bogotá, la angustia comenzó a instalarse como una sombra permanente. Las conversaciones cotidianas ya no giran alrededor del trabajo, las cuentas o el clima, sino de una pregunta que persigue a decenas de familias desde hace semanas: “¿Cuándo nos van a sacar?”.
La incertidumbre atraviesa cada rincón de este asentamiento levantado durante 16 años por familias de escasos recursos que llegaron buscando estabilidad y terminaron construyendo un vecindario entero con ladrillos, préstamos, esfuerzo físico y esperanza.
Ahora, cerca de cien familias enfrentan la amenaza de un desalojo programado para el próximo 14 de julio, luego de que las autoridades retomaran un proceso judicial relacionado con la ocupación de terrenos pertenecientes a Sotrandes, una de las empresas operadoras de TransMilenio.
En medio de viviendas de ladrillo expuesto, ropa colgada entre fachadas y pequeñas tiendas improvisadas, el temor se siente en las miradas de los habitantes. Allí viven adultos mayores, madres cabeza de hogar, migrantes, personas desplazadas por la violencia y niños que crecieron creyendo que esas calles eran su hogar definitivo.
“Me despierto en la noche pensando en lo mismo”, dice María Luisa Núñez, de 85 años, mientras sostiene con ambas manos el mango metálico de su bastón. Sentada en la sala de su vivienda, construida junto a su esposo durante años de trabajo, confiesa que jamás imaginó enfrentar una situación semejante en la vejez.
A su lado está Jorge Gaona, de 83 años, quien acomoda lentamente una gorra gris de TransMilenio sobre la cabeza mientras habla de la casa que levantó con sus propias manos. “Nunca hemos tenido plata, pero nada nos faltó. Hemos vivido tranquilos aquí”, asegura.
La tranquilidad comenzó a romperse el pasado 6 de mayo. Aquella mañana, empresas prestadoras suspendieron los servicios de agua, energía y gas en el sector. Horas después, centenares de uniformados llegaron al barrio para ejecutar un operativo de desalojo que finalmente fue suspendido por errores procedimentales y por la presión de la comunidad acompañada por organizaciones sociales y defensores jurídicos.
Las familias levantaron barricadas improvisadas y bloquearon accesos para impedir el ingreso de la fuerza pública. La tensión convirtió durante varias horas a El Remanso en uno de los focos más sensibles del sur de Bogotá.
Los habitantes sostienen que fueron víctimas de una estafa inmobiliaria masiva. Todos coinciden en una historia similar: un hombre que utilizaba distintos nombres ofrecía lotes y viviendas aparentemente legales. Algunos recuerdan haber tratado con “Jesús”; otros hablan de “Mauricio”, “José”, “Jairo” o “Jorge”.
Prometían escrituras, contratos autenticados y procesos legales aparentemente válidos. Muchas familias entregaron los ahorros de toda su vida convencidas de que compraban legítimamente una vivienda.
“Nosotros compramos de buena fe”, afirma Mery Escobar, quien llegó al barrio cuando apenas comenzaban las primeras construcciones. “Jamás vimos un aviso que dijera que esto era propiedad privada. Al contrario, había publicidad ofreciendo ventas y hasta un CAI móvil de Policía funcionaba cerca”, relata.
Escobar vive con nueve familiares en una vivienda de tres pisos construida progresivamente con créditos y préstamos. “Comprábamos cemento cuando podíamos. Cada pared tiene sacrificio”, explica mientras muestra las habitaciones levantadas durante años.
La comunidad insiste en que el Estado nunca alertó oportunamente sobre la irregularidad de la ocupación. Por el contrario, muchos habitantes afirman que durante años pagaron impuestos prediales y servicios públicos sin inconvenientes, lo que fortaleció su percepción de legalidad.
“Si esto era ilegal, ¿por qué dejaron construir todo un barrio?”, cuestiona María Luisa Núñez. “¿Por qué esperan a que haya niños, ancianos y familias enteras viviendo aquí para venir a tumbarlo todo?”, agrega.
Las historias personales revelan el drama social detrás del litigio jurídico.
María Flor Luisa Moreno, de 65 años, llegó hace apenas un año a El Remanso. Después de décadas pagando arriendo, logró comprar una vivienda junto a su hija utilizando los ahorros acumulados durante toda su vida.
“Yo no sé leer, pero confié en los documentos que me mostraron”, cuenta mientras permanece sentada frente a la fachada azul oscuro de su vivienda. “Aquí estoy feliz. Es mi hogar. Si me quitan la casa, ¿qué hago?”, pregunta antes de quebrarse en llanto.
En otra de las calles del barrio, Alfary Rojas revisa cuidadosamente los documentos de compraventa de su vivienda mientras mantiene ajustada la manguera de oxígeno que necesita debido al asma severa que padece.
“Nos robaron de frente”, asegura mostrando una promesa de venta autenticada en notaría. “Entregamos 35 millones de pesos. Nosotros no somos invasores, solo sobrevivimos”, dice rodeada de telas, hilos y máquinas de coser.
Las familias denuncian además ausencia institucional. Aunque la nueva fecha de desalojo ya fue programada, sostienen que las autoridades distritales no han presentado soluciones claras de reubicación ni mecanismos efectivos de negociación.
El abogado Harold Rengifo, quien acompaña jurídicamente a los habitantes, sostiene que el Distrito sí tiene herramientas legales para evitar una expulsión masiva.
“El desalojo no es la única salida posible”, afirma. Según explica, la administración distrital podría negociar la compra del terreno o aplicar mecanismos de expropiación administrativa contemplados en la legislación colombiana.
Rengifo recuerda precedentes similares en Bogotá, como el caso del barrio María Paz, en Kennedy, donde el Distrito legalizó predios ocupados tras negociar con propietarios privados.
“El Estado no puede ignorar que aquí hay una realidad social consolidada”, sostiene el abogado. “No estamos hablando de invasiones recientes sino de un barrio completo donde viven familias desde hace más de una década”.
La discusión jurídica también se trasladó al Concejo de Bogotá. El cabildante José Cuesta asegura que existen alternativas legales viables para evitar el desalojo y critica la falta de voluntad política para aplicarlas.
“La otra salida sería una barbarie”, afirma el concejal, quien propone instalar mesas técnicas entre la Alcaldía, la Secretaría de Hábitat, la Caja de Vivienda Popular y el Ministerio de Vivienda para negociar una solución definitiva.
Según datos expuestos por Cuesta, el avalúo del terreno rondaría los 2.500 millones de pesos, una cifra considerablemente menor a las estimaciones iniciales planteadas por la empresa propietaria.
Sin embargo, hasta ahora las autoridades distritales mantienen silencio frente a posibles negociaciones. La Secretaría de Gobierno evitó pronunciarse y remitió las consultas a la Alcaldía Local de Bosa, que tampoco entregó respuestas públicas sobre el futuro del barrio.
Mientras tanto, en El Remanso la vida continúa bajo tensión permanente.
Los niños siguen asistiendo al colegio. Las tiendas abren cada mañana. Los vecinos se saludan con familiaridad y comparten almuerzos improvisados mientras comentan rumores sobre el operativo programado para julio.
Pero debajo de esa aparente normalidad crece el miedo.
“Vivimos con el corazón alegre, pero también temeroso”, dice Jorge Gaona mientras observa las calles donde ha pasado los últimos años de su vida. “Hay mucha gente triste, angustiada. Todos pensamos lo mismo”.
El caso de El Remanso refleja uno de los fenómenos urbanos más complejos de Bogotá y otras ciudades colombianas: el crecimiento de asentamientos informales impulsados por el déficit de vivienda, los altos costos inmobiliarios y las redes de urbanización ilegal.
Miles de familias terminan adquiriendo predios mediante mecanismos fraudulentos o ambiguos, sin capacidad económica ni jurídica para verificar la legalidad de los terrenos.
En muchos casos, las autoridades reaccionan años después, cuando las comunidades ya están completamente consolidadas y cualquier intervención implica profundos costos sociales y humanitarios.
Por eso, organizaciones defensoras de vivienda digna insisten en que los desalojos deben contemplar criterios de proporcionalidad y protección de derechos fundamentales, especialmente cuando existen menores de edad, adultos mayores y población vulnerable involucrada.
En El Remanso, las familias aseguran que no abandonarán fácilmente sus casas.
“Todo lo que tenemos está aquí”, resume María Luisa Núñez mientras acaricia lentamente las paredes de ladrillo que ayudó a levantar. “Esta casa es nuestra vida”.
