La expansión criminal, el déficit fiscal y la violencia regional obligan a redefinir estrategias estatales de seguridad y gobernabilidad en Colombia mientras los candidatos presidenciales exponen visiones divergentes sobre negociación, control territorial, justicia y fortalecimiento institucional frente al deterioro humanitario y el avance de economías ilegales.
La seguridad volvió a convertirse en el eje más sensible de la campaña presidencial colombiana de 2026. A menos de una semana de la primera vuelta electoral, los principales aspirantes a la Casa de Nariño concentran parte de sus discursos en promesas para enfrentar el crecimiento de la violencia organizada, el deterioro territorial y el avance de estructuras criminales que hoy ejercen control sobre amplias regiones del país.
El debate, sin embargo, ya no gira únicamente alrededor del combate al narcotráfico o el fortalecimiento militar. El escenario actual es más complejo. Colombia enfrenta una transformación de las dinámicas criminales, con grupos armados que combinan economías ilegales, control social, extorsión, minería ilícita, contrabando y dominio territorial mediante redes flexibles y adaptativas.
Según estimaciones citadas por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el próximo presidente heredará un país con más de 27.000 integrantes de grupos armados organizados y presencia criminal en cerca de 600 municipios. A esto se suma un incremento sostenido de desplazamientos, confinamientos, secuestros y ataques con tecnologías no convencionales, como drones utilizados en acciones ofensivas.
En ese contexto, la discusión sobre seguridad dejó de ser exclusivamente militar y comenzó a involucrar dimensiones económicas, sociales, judiciales y fiscales. La pregunta que atraviesa la campaña es si el Estado colombiano tiene capacidad real para recuperar control territorial en medio de restricciones presupuestales y fragmentación institucional.
“El reto no es simplemente aumentar el pie de fuerza, sino entender cómo opera hoy el crimen organizado”, advierte el análisis de la FIP. El documento sostiene que muchas propuestas siguen ancladas en herramientas tradicionales que podrían resultar insuficientes frente a estructuras criminales descentralizadas y con capacidad tecnológica.
Uno de los programas que más debate genera es el de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico. Su propuesta insiste en una visión de “seguridad humana” basada en transformación territorial, implementación del Acuerdo de Paz y fortalecimiento institucional en regiones históricamente abandonadas.
Cepeda plantea que la violencia colombiana tiene raíces profundas en la desigualdad, la exclusión y la ausencia estatal. Por ello, propone ampliar programas sociales, fortalecer mecanismos de protección comunitaria y combatir fenómenos estructurales como el lavado de activos y la corrupción institucional.
“El conflicto no puede entenderse solo desde la coerción”, sostiene el programa del candidato oficialista. La estrategia busca reforzar capacidades investigativas de entidades financieras y judiciales para golpear las redes económicas detrás del crimen organizado.
Sin embargo, el enfoque deja interrogantes importantes sobre el futuro de la política de “paz total” impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. Diversos sectores cuestionan que durante los procesos de negociación varias estructuras ilegales aumentaron su capacidad territorial y militar.
“La protección de la vida es central, pero todavía existen dudas sobre cómo garantizar presencia estatal efectiva en zonas donde los grupos armados siguen ejerciendo autoridad”, señala la FIP.
Además, expertos advierten que sostener simultáneamente programas sociales masivos, implementación integral del Acuerdo de Paz y expansión institucional requeriría recursos fiscales considerables en un momento de alto déficit presupuestal.
En contraste, Abelardo de la Espriella representa la propuesta más dura en materia de seguridad. El candidato plantea una ruptura frontal con las políticas de negociación y apuesta por una ofensiva integral contra organizaciones criminales.
Su programa propone “cero negociación” con grupos armados, fumigación de cultivos ilícitos, endurecimiento penal, extinción exprés de dominio y recuperación inmediata del control territorial mediante operaciones contundentes.
“El Estado debe recuperar autoridad”, insiste el candidato. Su discurso parte de la idea de que Colombia perdió capacidad de coerción frente al crimen y necesita respuestas rápidas y agresivas.
No obstante, la FIP advierte que este enfoque presenta riesgos institucionales importantes. “Las estrategias altamente punitivas pueden generar resultados inmediatos, pero también efectos humanitarios y democráticos complejos”, señala el análisis.
La preocupación principal radica en la ausencia de mecanismos claros de gradualidad y control institucional. Algunos especialistas consideran que las ofensivas de choque podrían fragmentar organizaciones criminales sin desmontar realmente sus economías ilegales.
También existe incertidumbre sobre la viabilidad financiera del modelo. La propuesta combina reducción tributaria y disminución del tamaño del Estado con una expansión significativa de capacidades militares y de inteligencia.
“El problema no es solo recuperar territorios, sino sostener la presencia estatal en el tiempo”, señalan investigadores de seguridad.
Por su parte, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, plantea una visión centrada en recuperar el control territorial mediante fortalecimiento militar, endurecimiento judicial y ampliación de capacidades de inteligencia.
Su programa reconoce que el crimen organizado evolucionó y hoy no depende únicamente de estructuras armadas visibles, sino también del control económico y social sobre comunidades enteras.
Valencia propone incrementar el pie de fuerza en 60.000 nuevos uniformados y elevar el gasto en defensa hasta niveles cercanos al 4 % del Producto Interno Bruto.
“Sin seguridad no hay inversión, ni desarrollo, ni democracia”, ha reiterado la senadora durante sus intervenciones públicas.
El componente judicial es uno de los puntos más sólidos de su programa. La propuesta insiste en fortalecer la lucha contra la reincidencia criminal, combatir la extorsión desde cárceles y ampliar las capacidades investigativas del Estado.
Sin embargo, el análisis de la FIP advierte que el programa tiende a interpretar la crisis principalmente como un problema de falta de firmeza estatal, cuando el fenómeno criminal actual tiene dimensiones económicas, sociales y territoriales mucho más profundas.
Además, persisten dudas sobre el costo fiscal de una expansión militar de esa magnitud. “Modernizar inteligencia, ampliar capacidades operativas y sostener presencia territorial permanente implica inversiones multimillonarias”, advierten expertos.
Otro punto polémico es la intención de revivir una lógica cercana al antiguo Plan Colombia y fortalecer la relación estratégica con Estados Unidos. Analistas consideran que el contexto internacional actual es muy distinto al de principios de los años 2000 y que sería difícil replicar niveles similares de cooperación.
Sergio Fajardo, en cambio, apuesta por un modelo de seguridad territorial e institucional que busca combinar presencia estatal, fortalecimiento judicial y lucha contra economías ilícitas.
Su denominado “Plan Guardián” reconoce que las organizaciones criminales funcionan hoy como estructuras de regulación económica y social en múltiples regiones.
“La extorsión no es solo un delito económico, es una forma de gobierno criminal”, señala el enfoque del candidato.
Fajardo propone fortalecer cárceles, inteligencia e investigación criminal, pero también descentralizar las estrategias de seguridad y otorgar mayor protagonismo a alcaldes y gobernadores.
El programa identifica corredores fronterizos y regiones específicas donde la violencia tiene dinámicas diferenciadas, lo que supone una lectura más territorial del problema.
“La seguridad no puede diseñarse igual para todo el país”, han explicado integrantes de su campaña.
Aun así, persisten interrogantes sobre la financiación de las medidas planteadas. La expansión penitenciaria, la modernización tecnológica y el fortalecimiento institucional requerirían inversiones sostenidas en medio de restricciones fiscales severas.
Claudia López, por su parte, plantea un enfoque centrado en la reforma estructural del sistema de seguridad, defensa y justicia.
La exalcaldesa de Bogotá considera que parte del deterioro actual responde a la incapacidad institucional del Estado para actuar de manera coordinada.
“Colombia necesita reorganizar su aparato de seguridad”, sostiene su propuesta.
Entre sus iniciativas aparece la creación de una Fiscalía Antimafia, así como reformas profundas a los sistemas de investigación criminal y coordinación interinstitucional.
La FIP considera que este enfoque responde a una necesidad real del país, particularmente frente a fenómenos criminales cada vez más sofisticados.
Sin embargo, la principal crítica apunta al tiempo requerido para implementar reformas estructurales mientras las organizaciones criminales continúan expandiéndose.
“El país enfrenta una emergencia inmediata y las reformas institucionales toman años”, advierten algunos analistas.
La política antidrogas de López también busca un equilibrio entre enfoques coercitivos y estrategias de desarrollo territorial, aunque todavía deja preguntas abiertas sobre cómo enfrentar regiones donde las economías ilegales funcionan como principal fuente de gobernanza local.
Más allá de las diferencias ideológicas, el análisis de la Fundación Ideas para la Paz identifica tres grandes vacíos comunes en la mayoría de propuestas.
El primero es la falta de priorización. Ningún gobierno tendrá capacidad financiera ni operativa para intervenir simultáneamente todos los territorios afectados por economías ilegales.
“El Estado debe diferenciar amenazas y definir prioridades estratégicas”, sostiene la entidad.
El segundo vacío es la ausencia de una teoría de cambio clara. Más policías, más cárceles o más programas sociales no garantizan automáticamente una reducción sostenible de la violencia.
“El desafío es demostrar cómo cada medida reducirá la capacidad criminal y el control territorial ilegal”, señala el informe.
El tercer gran límite es fiscal. Colombia enfrentará uno de los escenarios presupuestales más complejos de las últimas décadas.
Las propuestas de expansión militar, fortalecimiento judicial, construcción de cárceles y programas sociales requerirán recursos extraordinarios que todavía no tienen fuentes claras de financiación.
En medio de esa discusión, el país también enfrenta una creciente presión humanitaria. Regiones como Cauca, Catatumbo, Chocó, Arauca y algunas zonas del Pacífico continúan registrando desplazamientos masivos, confinamientos y disputas armadas.
Las economías ilícitas ya no giran únicamente alrededor del narcotráfico. El control de rutas, minería ilegal, contrabando, tráfico de personas y extorsión forman parte de un entramado criminal diversificado y adaptable.
La expansión tecnológica también preocupa a las autoridades. El uso de drones en ataques ofensivos por parte de grupos armados se ha incrementado significativamente durante los últimos tres años.
El próximo presidente, coinciden expertos, deberá enfrentar un fenómeno criminal distinto al de hace dos décadas.
“No se trata simplemente de repetir fórmulas del pasado”, advierte la FIP. “La violencia organizada actual es más flexible, fragmentada y con mayor capacidad de adaptación”.
En ese escenario, la seguridad seguirá siendo uno de los factores decisivos de la campaña presidencial y probablemente del futuro inmediato del país.
La ciudadanía, golpeada por el aumento de homicidios, extorsiones y control territorial ilegal, exige respuestas concretas. Pero también observa con preocupación si las propuestas realmente tienen capacidad de ejecución o si terminarán convertidas en nuevas promesas imposibles de sostener.
El próximo gobierno deberá encontrar un equilibrio complejo entre autoridad, derechos humanos, sostenibilidad fiscal y presencia estatal efectiva. El desafío no será únicamente combatir el crimen, sino reconstruir legitimidad institucional en territorios donde durante años el Estado ha sido insuficiente.
