La recta final de la campaña presidencial colombiana ha convertido la seguridad en el principal campo de batalla político. Mientras sectores de oposición prometen recuperar el control territorial mediante medidas de fuerza inmediatas, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostiene que la compleja realidad del narcotráfico y la violencia armada impide soluciones rápidas. En una entrevista concedida en Bogotá, el funcionario defendió la gestión del Gobierno de Gustavo Petro, cuestionó las promesas de campaña basadas en la mano dura y advirtió sobre los riesgos de la desinformación en medio de una elección altamente polarizada.
A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial en Colombia, el debate sobre la seguridad se ha convertido en el eje central de la confrontación política. Las propuestas de los candidatos enfrentados en las urnas reflejan dos visiones radicalmente distintas sobre cómo combatir la violencia, el narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales en diferentes regiones del país.
En ese contexto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, salió al paso de las promesas formuladas por sectores de oposición que aseguran que podrán recuperar el control del territorio nacional en cuestión de semanas. El funcionario consideró que plantear la derrota del narcotráfico en apenas 90 días no solo resulta inviable, sino que desconoce la magnitud de un fenómeno criminal que se ha consolidado durante décadas.
“La promesa de acabar con el narcotráfico en 90 días es imposible”, afirmó Sánchez al analizar las propuestas que han marcado la campaña presidencial. Según explicó, la problemática no puede entenderse únicamente desde la perspectiva militar, ya que detrás de las estructuras armadas existe una compleja red económica y social que alimenta la actividad criminal.
El ministro sostuvo que los grupos armados representan apenas la parte visible de un fenómeno mucho más profundo. “La punta del iceberg son los grupos criminales, pero debajo están las economías ilegales que les permiten recuperarse, fortalecerse y continuar operando”, señaló.
Las declaraciones se producen en medio de una intensa disputa electoral en la que el discurso de la seguridad ha ganado protagonismo. El candidato opositor Abelardo de la Espriella ha construido parte de su campaña alrededor de una propuesta de endurecimiento de las acciones militares, incluyendo bombardeos, fumigaciones y un aumento de la presencia de la fuerza pública en las regiones más afectadas por la violencia.
Frente a esas propuestas, Sánchez insistió en que la experiencia internacional demuestra que la lucha contra las drogas no puede resolverse exclusivamente mediante el uso de la fuerza. Recordó que durante casi seis décadas diferentes gobiernos y organismos internacionales han intentado combatir el narcotráfico sin lograr una solución definitiva.
“Es un problema global. Hay consumidores, productores, redes financieras y organizaciones criminales distribuidas en distintos países. Pensar que todo eso puede desaparecer en tres meses es desconocer la realidad”, manifestó.
El ministro defendió además la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, argumentando que los resultados obtenidos muestran avances significativos en la lucha contra las organizaciones ilegales.
Según explicó, durante la actual administración se han neutralizado cerca de 16.000 integrantes de grupos criminales mediante capturas, sometimientos a la justicia y operaciones militares. Asimismo, destacó que las incautaciones relacionadas con el narcotráfico alcanzaron cifras superiores a las registradas en varios gobiernos anteriores.
“Cada 20 horas tenemos un combate. No existe una política de brazos cruzados ni una actitud permisiva frente a las organizaciones criminales”, afirmó.
El funcionario también rechazó la idea de que Colombia atraviese una situación de desorden institucional o de pérdida generalizada del control estatal. Para respaldar su posición mencionó indicadores económicos y sociales que, según dijo, reflejan estabilidad en distintas áreas del país.
“La economía está creciendo, el desempleo ha disminuido, la pobreza se ha reducido y el turismo ha aumentado. Si no existiera seguridad, esos resultados serían imposibles”, argumentó.
Sin embargo, reconoció que la percepción ciudadana sobre la inseguridad continúa siendo uno de los principales desafíos para el Gobierno. Las encuestas realizadas durante los últimos meses han mostrado que una parte importante de la población considera que la violencia sigue siendo una amenaza cotidiana, especialmente en zonas donde operan grupos armados ilegales y estructuras vinculadas al narcotráfico.
Sánchez atribuyó parte de esa percepción a la influencia de narrativas políticas que, en su opinión, exageran o distorsionan la situación real del país. “Hay un dicho que sostiene que dato mata relato, pero hoy muchas veces el relato termina matando al dato”, afirmó.
El ministro enumeró varias críticas recurrentes contra la política de seguridad del Gobierno y respondió a cada una de ellas. Entre los señalamientos más frecuentes mencionó las acusaciones de que las fuerzas militares tendrían restricciones para actuar o que los ceses al fuego con organizaciones ilegales continúan vigentes.
“Hace más de un año y medio no existe ningún cese al fuego con grupos criminales. Tampoco es cierto que las fuerzas estén con las manos atadas”, sostuvo.
Asimismo, aseguró que durante la actual administración se han realizado más de veinte bombardeos contra estructuras ilegales sin que se hayan reportado víctimas civiles. Según el funcionario, estas operaciones reflejan que la acción militar sigue siendo una herramienta importante dentro de la estrategia gubernamental.
No obstante, Sánchez enfatizó que el uso de la fuerza debe estar acompañado por políticas sociales y económicas orientadas a transformar las condiciones que favorecen el crecimiento de las economías ilegales.
“La inteligencia consiste en comprender que el narcotráfico es una economía criminal. Si solo se combate con armas, sin ofrecer alternativas reales a las comunidades, el problema reaparece una y otra vez”, explicó.
El debate sobre la seguridad también ha estado marcado por las comparaciones con otros países de la región. Durante la entrevista, el ministro hizo referencia a Ecuador, nación que en los últimos años ha adoptado medidas de seguridad consideradas más agresivas frente al crimen organizado.
Sánchez señaló que, pese a ese enfoque, los niveles de homicidios en territorio ecuatoriano continúan siendo elevados. A su juicio, ese ejemplo demuestra que la militarización por sí sola no garantiza una reducción sostenible de la violencia.
“Cada país toma sus decisiones, pero los resultados muestran que el narcotráfico no desaparece únicamente mediante acciones armadas”, indicó.
Otro de los aspectos abordados por el ministro fue la llamada política de paz total impulsada por el Gobierno Petro. Aunque defendió los objetivos generales de la estrategia, reconoció que existieron errores en las etapas iniciales de su implementación.
Según explicó, el Ejecutivo confió inicialmente en la disposición de algunos grupos armados para negociar, una expectativa que no siempre se materializó. “Se recibió información según la cual existía voluntad de diálogo, pero varios de esos actores terminaron incumpliendo compromisos y traicionando la confianza depositada en ellos”, afirmó.
A partir de esa experiencia, señaló, el Gobierno reforzó la combinación entre operaciones de seguridad y programas de sustitución de economías ilegales, especialmente en regiones donde el cultivo de coca representa una de las principales fuentes de ingresos para miles de familias.
El funcionario también se refirió al clima político que vive Colombia en vísperas de la elección presidencial. A su juicio, la creciente polarización representa uno de los mayores riesgos para la estabilidad democrática del país.
“Estamos viendo una radicalización del lenguaje político. Hay sectores que recurren a la humillación, la mentira y la confrontación permanente para movilizar apoyos”, advirtió.
Sánchez consideró que esa dinámica no es exclusiva de Colombia y recordó que fenómenos similares se observan en otras democracias occidentales. Sin embargo, insistió en la necesidad de preservar un debate público basado en el respeto y la verificación de los hechos.
“La democracia se fortalece cuando las diferencias se discuten con argumentos y no mediante ataques personales o campañas de desinformación”, expresó.
Las declaraciones del ministro se producen en un momento especialmente sensible para el país. La segunda vuelta presidencial definirá no solo quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años, sino también qué enfoque predominará en la estrategia de seguridad nacional.
Por un lado, los sectores cercanos al oficialismo defienden una combinación de acción militar, inteligencia, desarrollo social y sustitución de economías ilícitas. Por otro, la oposición propone una política más enfocada en la ofensiva armada y la recuperación inmediata del control territorial.
En medio de esas posiciones enfrentadas, Pedro Sánchez sostiene que ninguna fórmula mágica resolverá de manera instantánea un problema construido durante décadas. Su mensaje busca trasladar el debate desde las promesas de impacto electoral hacia una discusión más amplia sobre las causas profundas de la violencia.
“El narcotráfico no es únicamente un asunto de criminales armados. Es una economía internacional que involucra consumidores, redes financieras y múltiples actores. Combatirlo exige una estrategia integral y sostenida en el tiempo”, concluyó.
Mientras Colombia se aproxima a una de las elecciones más decisivas de los últimos años, la seguridad seguirá ocupando un lugar central en la agenda pública. Las propuestas, los resultados y las percepciones ciudadanas continuarán siendo objeto de debate. Sin embargo, más allá de las diferencias políticas, el desafío de reducir la violencia y debilitar las economías ilegales permanece como una de las tareas más complejas y urgentes para cualquier gobierno que asuma el poder.
