Los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que estremecieron el norte de Venezuela dejaron al descubierto una tragedia anunciada. Durante años, especialistas alertaron sobre el riesgo sísmico y la fragilidad estructural del país, pero muchas recomendaciones quedaron sin ejecutarse.
La devastación causada por los dos terremotos que golpearon el norte de Venezuela este miércoles, separados por apenas 39 segundos, no sorprendió a la comunidad científica. Lo que sí conmocionó fue la magnitud de los daños y la confirmación de una realidad que expertos venían señalando desde hace años.
Ingenieros, universidades y organismos especializados habían advertido de forma reiterada que el país acumulaba una combinación de factores de alto riesgo. La ubicación geográfica, la concentración poblacional en zonas vulnerables y la antigüedad de gran parte de la infraestructura conformaban un escenario altamente peligroso.
Entre las alertas más relevantes figura una investigación publicada en 2013 por la Revista de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. El estudio fue elaborado por el ingeniero civil Oscar López y analizó la situación sísmica y estructural del país.
El documento, titulado Lineamientos para un programa de reducción del riesgo sísmico en Venezuela, advertía que la probabilidad de un terremoto de gran magnitud en el país, especialmente en Caracas, era mayor de lo que las autoridades y buena parte de la población asumían.
Para sustentar esa conclusión, el informe se apoyó en investigaciones de Funvisis. Los análisis tomaron como referencia terremotos históricos como los de 1766, 1812 y 1900, además de registros modernos de la red sismológica nacional.
Con esos datos y modelos estadísticos de proyección, los especialistas concluyeron que un terremoto superior a magnitud 6,8 podía ocurrir en un plazo de 30 años. Además, podría liberar hasta cuatro veces más energía que el terremoto de Caracas de 1967.
La conclusión del estudio fue contundente. El riesgo no era una hipótesis remota, sino un escenario perfectamente medible. La prioridad, señalaba el informe, debía centrarse en disminuir la vulnerabilidad estructural de edificios, hospitales, escuelas y vías de comunicación antes de una emergencia.
Pero el problema iba mucho más allá de la amenaza sísmica. La investigación advirtió que una parte importante de la infraestructura venezolana había sido construida bajo normas que hoy resultan insuficientes para soportar movimientos telúricos de gran intensidad.
Según el informe, cerca del 50 por ciento de las edificaciones existentes en Venezuela fueron levantadas antes de 1982. Ese año entró en vigencia la primera Norma de Edificaciones Antisísmicas, que estableció criterios modernos de diseño sismorresistente.
Eso significa que miles de edificios, viviendas e instalaciones públicas fueron construidos sin los estándares que hoy exige la ingeniería moderna. Muchos de ellos nunca fueron reforzados ni sometidos a evaluaciones estructurales para determinar su resistencia.
Aunque la normativa fue actualizada en 2001, Oscar López advirtió que la modificación no representaba necesariamente una mayor seguridad. El problema, explicó, estaba en la falta de supervisión estatal y en el débil cumplimiento de las exigencias técnicas.
El informe también señaló que la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística de 1987 redujo los controles sobre nuevas edificaciones. Esa flexibilización, sumada al crecimiento urbano acelerado, dejó un legado de construcciones vulnerables que hoy agravan el impacto de los terremotos.
Uno de los focos de mayor preocupación siempre fueron los barrios populares, especialmente en Caracas. Allí vive más del 60 por ciento de la población y muchas viviendas fueron construidas de forma informal, sin planificación técnica ni criterios antisísmicos.
Muchas de esas casas presentan paredes de bloques sin refuerzo, columnas débiles y bases construidas sobre laderas inestables. En caso de terremotos fuertes, estas condiciones elevan considerablemente el riesgo de colapso y pérdida masiva de vidas.
La situación no es exclusiva de la capital. Estados como La Guaira, Sucre y Lara también fueron identificados como territorios altamente expuestos por su actividad sísmica y condiciones urbanas similares.
Las advertencias alcanzaban también a la infraestructura clave para responder a emergencias. Hospitales, estaciones de bomberos y sedes de protección civil aparecían entre las edificaciones vulnerables, lo que podía afectar gravemente la capacidad de reacción tras un desastre.
El sistema eléctrico era otro punto crítico. Estudios previos advertían que fallas en subestaciones de alta tensión podrían desencadenar apagones generalizados, complicando aún más las labores de rescate y atención médica. Ese escenario terminó ocurriendo tras los sismos.
Puentes, viaductos y aeropuertos también estaban en la lista de infraestructuras de alto riesgo. Muchas de estas obras fueron construidas bajo normativas antiguas y sin refuerzos posteriores, aumentando la posibilidad de aislamiento regional durante emergencias.
El sistema educativo también fue objeto de preocupación. Un estudio presentado en 2025 por Funvisis, Fede y el Instituto de Materiales y Modelos Estructurales reveló que el 69,4 por ciento de los planteles del país están ubicados en zonas de alta amenaza sísmica.
La investigación identificó además 438 escuelas construidas bajo el sistema “Cajetón”, similar al utilizado en planteles que colapsaron durante el terremoto de Cariaco en 1997. Ese antecedente reactivó las alertas sobre la fragilidad de miles de estructuras escolares.
Las recomendaciones formuladas por los expertos eran claras. Evaluar hospitales, escuelas y edificios públicos; reforzar estructuras antiguas; aplicar sanciones por incumplimiento normativo y crear organismos permanentes de supervisión técnica eran parte de la hoja de ruta propuesta.
En 2019, la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas lanzó un plan nacional para reducir la vulnerabilidad sísmica en escuelas. El proyecto contemplaba la rehabilitación de 36 edificaciones, pero quedó paralizado por falta de recursos.
En 2024, durante el foro Riesgo Sísmico en Venezuela y Medidas para su Mitigación, investigadores volvieron a insistir en la necesidad de actuar. Reconocieron avances en el conocimiento técnico, pero lamentaron la ausencia de decisiones políticas concretas.
El ingeniero Heriberto Echezuría fue una de las voces más directas. Señaló que el Estado tenía la obligación de garantizar edificaciones seguras y cuestionó qué ocurriría con miles de construcciones antiguas que nunca fueron adaptadas a normas modernas.
Hoy, tras la tragedia, esas advertencias adquieren un peso dramático. Lo que durante años permaneció en estudios, foros y documentos técnicos se convirtió en una catástrofe que expone décadas de retraso en prevención y planificación.
Mientras continúan las labores de rescate y las autoridades intentan establecer la magnitud real del desastre, el país enfrenta una dolorosa conclusión: las advertencias existieron, los diagnósticos fueron claros y el riesgo era conocido.
Sin embargo, las acciones necesarias nunca llegaron con la urgencia requerida. El terremoto no solo derrumbó edificios; también dejó al descubierto la deuda histórica de Venezuela con la prevención sísmica y la protección de su población.
