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A prisión exalcalde Ocaña por una urgencia manifiesta para contratar

A prisión exalcalde Ocaña por una urgencia manifiesta para contratar

Condenado a 8 años de prisión exalcalde de Ocaña que declaró urgencia manifiesta para contratar directamente el servicio de acueducto y alcantarillado. Fiscalía informa que no existirían presupuestos legales que justificaran la utilización de ese mecanismo excepcional de contratación.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a ocho años de prisión al exalcalde encargado de Ocaña (Norte de Santander), Wilmar Bayona Ibáñez, por su responsabilidad en las irregularidades registradas en la contratación del servicio de acueducto y alcantarillado del municipio en 2019.

De acuerdo con la investigación, la Fiscalía General de la Nación demostró que Bayona Ibáñez declaró una urgencia manifiesta sin que existieran los presupuestos legales que justificaran la utilización de este mecanismo excepcional de contratación, con el propósito de suscribir de manera directa un contrato con una empresa para la prestación de estos servicios, por un valor de 720 millones de pesos mensuales.

La investigación estableció que la urgencia manifiesta fue utilizada sin sustento jurídico, lo que permitió adelantar la contratación por fuera de los procedimientos ordinarios previstos en la ley. Estas actuaciones vulneraron los principios de transparencia, selección objetiva y legalidad que rigen la contratación estatal.

Las evidencias recopiladas dan cuenta de que no se presentó ninguna situación excepcional que justificara omitir una licitación pública para una contratación de esta naturaleza y cuantía.

Por estos hechos, fue declarado responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

Además de la pena privativa de la libertad, el juez le impuso una multa equivalente a 99 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 10 años.

La decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley, informó la Fiscalía General de la Nación.

Foto: Archivo /

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