“Rechazamos el ataque en Ocaña – Norte de Santander – que dejó tres integrantes de la Fuerza Pública muertos y afectó a la población”, encabezó la Defensoría del Pueblo un comunicado que hizo público a través de su página oficial.
“Lamentamos la muerte del capitán Marco David Pirajón Montezuma, y de los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y John Carlos Marrugo Manjarrez. Según la información disponible, su deplorable muerte se habría presentado en combates con miembros del ELN en el cantón militar Trapiche, en Ocaña, después de que este grupo hubiera atacado la base militar con explosivos dirigidos con drones”.
La Defensoría del Pueblo manifestó además su “solidaridad con la Fuerza Pública, con las familias de los dos uniformados que murieron y con todo el pueblo de Ocaña. Los hechos, además, provocaron temor en toda la población del municipio, el alcalde se vio en la obligación de decretar el toque de queda y todo el municipio se vio afectado por lo ocurrido”.
Recordó la Defensoría del Pueblo que en Ocaña – Norte de Santander – y la subregión del Catatumbo se encuentran vigentes cuatro alertas tempranas con seguimiento activo. El escenario de riesgo monitoreado por el Sistema de Alertas Tempranas en la Regional Ocaña se caracteriza por una reconfiguración acelerada de las dinámicas de control territorial y una expansión de la confrontación armada, con afectaciones que trascienden el Catatumbo y se proyectan hacia municipios del sur del departamento del Cesar.
El municipio también se ve impactado por la confrontación entre el ELN y el denominado Frente 33 de las disidencias en el Catatumbo. Dicha confrontación escaló en enero de 2025 de manera dramática. Con posterioridad, el ELN ha consolidado un control territorial predominante en varios municipios del Catatumbo, que ha provocado el repliegue del Frente 33 de las disidencias de las extintas FARC-EP, en Ocaña, Ábrego, Río de Oro y corredores limítrofes. En la actualidad persiste un escenario más inestable y multipolar por la presencia, incursión o proyección del ELN, el Frente 33 y las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
Expone la Defensoría del Pueblo en su comunicado que la disputa responde principalmente al interés de estas estructuras por controlar corredores estratégicos de movilidad y conexión entre Norte de Santander y Cesar, asegurar rutas hacia el Catatumbo y la Ruta del Sol, controlar economías ilícitas y obtener rentas mediante extorsiones, secuestros y cobros forzados.
El Sistema de Alertas Tempranas – SAT – de la Defensoría del Pueblo ha reportado que la concurrencia de exigencias económicas por parte de diferentes estructuras está generando una situación de asfixia económica para comerciantes, transportadores, ganaderos, expendedores de combustible y propietarios rurales, así como desplazamientos masivos y otros individuales y familiares de carácter silencioso, que en numerosos casos no son denunciados por temor a retaliaciones.
Las principales afectaciones advertidas por el SAT de la Defensoría del Pueblo comprenden desplazamientos forzados 013-25 Estructural 2025 masivos, individuales y “gota a gota”; homicidios y amenazas; extorsiones y secuestros; restricciones a la movilidad; reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes — incluyendo mecanismos de captación mediante redes sociales y servicios de mensajería—; contaminación por minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados; y riesgos asociados al empleo de medios y métodos de guerra de efecto indiscriminado.
Asimismo, se registran amenazas, constreñimientos y otras formas de presión sobre Juntas de Acción Comunal, liderazgos sociales, comunidades campesinas y organizaciones humanitarias, afectando los procesos organizativos, debilitando el tejido social y limitando la acción humanitaria.
“Compartimos la decisión del presidente de la República y del Gobierno Nacional de diseñar, junto con la cúpula militar y de Policía, una nueva estrategia para el Catatumbo. Al mismo tiempo, le exhortamos a tener en cuenta la necesidad de abordar la situación de Ocaña y el Catatumbo de una manera integral, teniendo en cuenta las recomendaciones del Sistema de Alertas tempranas. La respuesta disuasiva, a través del uso de la fuerza es necesaria, pero puede ser insuficiente en un escenario complejo que requiere la intervención multisectorial para transformar situaciones estructurales y proteger integralmente a la población civil”, destacó la Defensoría del Pueblo en su comunicado.
Revela además la Defensoría del Pueblo que, en una reciente reunión del ministro del Interior, Rodrigo Lara, el Gobierno acordó con la Defensoría del Pueblo “una coordinación del más alto nivel del Estado en esta y otras regiones del país, a través de la coordinación a la respuesta a las Alertas Tempranas. La entidad, y la Defensora del Pueblo personalmente, estamos en toda la disposición de colaborar con la respuesta que permita dar un horizonte de vida distinto para esta y otras regiones del país”.
Reiteró la Defensoría del Pueblo “el enérgico llamado al ELN y a todos los actores armados a ceñirse a las normas del derecho internacional humanitario y a desescalar las acciones criminales. Tarde o temprano, los miembros de los grupos armados deberán afrontar las consecuencias de sus injustificables crímenes ante la justicia”.
Foto: Defensoría del Pueblo / Parque principal de Ocaña, Norte de Santander.
