“Pedimos claridad sobre el retiro de piezas del Museo Nacional y los cambios en un espacio de memoria histórica”, destacó la Defensoría del Pueblo en un comunicado hecho público a través de sus redes oficiales. Ministerio de Cultura ordenó el desmonte de decenas de piezas de las exposiciones permanentes del Museo Nacional.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, solicitó a la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Andrea Holguín Moreno, información sobre las piezas retiradas del Museo Nacional, los fundamentos jurídicos, técnicos y administrativos de estas decisiones, sus condiciones actuales de conservación y la posibilidad de reincorporarlas a las exposiciones.
La comunicación de la Defensoría también solicita esclarecer si se modificó el nombre del espacio dedicado a Miguel Ángel Díaz, cuáles fueron los fundamentos de esa decisión y si sus familiares fueron informados o consultados previamente, teniendo en cuenta los acuerdos alcanzados para su creación.
Desde la Defensoría del Pueblo, señala el comunicado de la Defensoría del Pueblo, “haremos seguimiento a las respuestas del Ministerio y evaluaremos las actuaciones adicionales que correspondan para proteger la libertad de expresión, los derechos culturales y la memoria histórica”.
La preservación de la memoria histórica y el acceso a la cultura exigen reconocer la diversidad de voces, experiencias y relatos que forman parte de nuestra historia. Ninguna expresión artística o memoria colectiva debe ser excluida por razones políticas o ideológicas, enfatizó la Defensoría del Pueblo.
Debate Nacional
El polémico retiro de piezas y obras del Museo Nacional de Colombia, ordenado por el Ministerio de Cultura, ha generado un fuerte debate nacional e internacional sobre la autonomía curatorial, la censura y la gestión del patrimonio histórico.
El Ministerio de Cultura ordenó el desmonte de decenas de piezas de las exposiciones permanentes del museo (concentrándose especialmente en las salas de historia contemporánea, conflictos, movimientos sociales y diversidad).
Diversos análisis e inventarios independientes han señalado que parte grande de los objetos retirados estaban vinculados a memorias de comunidades LGBTIQ+, movimientos sociales, víctimas del conflicto armado, arte hecho por mujeres y registros de la historia política reciente (incluyendo elementos alusivos a procesos de paz y partidos de izquierda).
Diferentes museos de arte moderno, expertos, exministros y agremiaciones como ICOM Colombia (Consejo Internacional de Museos) rechazaron la decisión. Argumentan que se trata de un ejercicio de carácter ideológico que vulnera los protocolos técnicos y la autonomía profesional de los curadores.
La situación desató protestas en las inmediaciones del museo en la carrera Séptima de Bogotá, con plantones de colectivos, estudiantes y ciudadanos que derivaron en choques con la fuerza pública. Historiadores y académicos han manifestado su rechazo, exigiendo la protección de la pluralidad en los espacios de memoria del país.
Ante las demandas y acciones legales interpuestas, un juez de Bogotá (César Osorio Ortiz) admitió una medida cautelar que ordena al Ministerio de Cultura no retirar más obras del Museo Nacional y conservar de manera rigurosa los elementos que ya han sido desmontados, exigiendo además la entrega de un inventario detallado de los mismos.
Las cerca de 30 piezas y obras que fueron retiradas de las exposiciones permanentes del Museo Nacional de Colombia abarcaban principalmente temas relacionados con la memoria histórica reciente, movimientos sociales, derechos civiles e identidades minoritarias.
Ejes temáticos
Los ejes temáticos y tipos de elementos específicos que conformaron el inventario del desmonte incluyen:
Diversidad sexual e identidades de género: Documentos, registros y publicaciones orientados al reconocimiento jurídico de la identidad de género y a la representación de las memorias de comunidades LGBTIQ+.
Movimientos sociales y luchas feministas: Obras y archivos vinculados al activismo social, expresiones artísticas sobre la marginalidad o contextos urbanos, y publicaciones enfocadas en derechos reproductivos.
Historia política y conflicto armado reciente: Objetos, fotografías históricas (como registros de Benjamín Calle) y elementos alusivos a campañas políticas y magnicidios de líderes de izquierda y procesos de paz, específicamente piezas relacionadas con figuras como Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa.
Este conjunto de piezas formaba parte de las salas dedicadas a narrar los procesos sociales y políticos contemporáneos del país, cuyo retiro repentino dejó muros vacíos en las instalaciones del museo y desató el debate sobre los límites de la intervención gubernamental en los guiones curatoriales.
La decisión judicial emitida por el Juzgado 24 de Familia de Bogotá es temporal (de carácter provisional).
Funciona mediante una medida cautelar dentro de una acción de tutela admitida contra el Ministerio de Cultura y el Museo Nacional. Esto significa que permanecerá vigente de manera obligatoria mientras el juez emite un fallo de fondo que resuelva definitivamente el proceso jurídico.
Por el momento, esta orden provisional exige frenar los desmontes. Prohíbe al Ministerio y al museo retirar o intervenir nuevas piezas de las exposiciones con base en su contenido ideológico o político.
Ordena custodiar y conservar de manera rigurosa las obras ya desmontadas, prohibiendo su destrucción, alteración, traslado fuera de la institución o entrega a terceros.
El carácter definitivo de la situación solo se conocerá una vez el despacho judicial evalúe los argumentos de las partes y dicte la sentencia final sobre la tutela.
En cuanto al tiempo que llevaban expuestas y la procedencia de estas piezas, hay detalles.
Estas obras y objetos formaban parte de las exposiciones permanentes del Museo Nacional (específicamente de salas recientes como Hacer sociedad), lo que significa que habían sido integradas al guion museográfico oficial como parte de la renovación de los relatos históricos de la institución.
Muchas de estas piezas llevaban años exhibiéndose al público (en algunos casos desde las reestructuraciones curatoriales de la última década e hitos recientes como la implementación del Acuerdo de Paz de 2016). Su permanencia se concebía como un recorrido estable para narrar la historia política y social contemporánea del país, por lo que su retiro repentino sorprendió tanto a visitantes como a expertos.
La mayoría de estos objetos no pertenecía originalmente a las bodegas tradicionales de arte colonial o republicano clásico del museo, sino que llegaron a la institución a través donaciones de colectivos ciudadanos y activistas. Archivos, carteles, publicaciones independientes y registros fotográficos donados por organizaciones sociales, colectivos LGBTIQ+ y movimientos feministas.
Así mismo cesiones de procesos de paz y movimientos políticos, como elementos icónicos como el «Balígrafo» (la pluma elaborada con una bala usada para la firma del Acuerdo de Paz en 2016), brazaletes y archivos documentales de movimientos políticos (como la Alianza Democrática M-19 o la Unión Patriótica) cedidos por fundaciones, familiares o centros de memoria histórica.
Archivos particulares y de prensa, entre ellos fotografías históricas de reporteros gráficos (como Benjamín Calle o Humberto Rincón Perfetti) que documentaron marchas ciudadanas y la historia de los derechos civiles en Colombia.
Foto: Defensoría del Pueblo /
