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Habría imputación por deseo de reposición de votos en consulta de precandidata

Habría imputación por deseo de reposición de votos en consulta de precandidata

Fiscalía solicitó audiencia de formulación de imputación por presuntas irregularidades en trámite de reposición de votos a favor de campaña que participó en consulta interna. Se trata de la campaña de la precandidata presidencial Carolina corcho.

  • Los elementos materiales probatorios dan cuenta de la presentación de facturas falsas ante la autoridad electoral, informó la Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación radicó ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en Bogotá, solicitud de audiencia de formulación de imputación contra Nelson Emiro Linares Zárate, entonces gerente de campaña de una precandidata presidencial que participó la consulta interna que se realizó en octubre de 2025; y Héctor Ulises Ávila Cortes, quien cumplía funciones administrativas y contables en una empresa que proveía diversas actividades de tipo logístico.

Las evidencias obtenidas dan cuenta de que habrían sido emitidas facturas con información falsa para acreditar la prestación de servicios que nunca se prestaron. Dichos documentos, al parecer, fueron presentados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para gestionar la reposición de votos.

En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputará a los dos indiciados, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa.

Por disposición de la Judicatura la audiencia se realizará el próximo 2 de diciembre, informó la Fiscalía General de la Nación.

Nelson Emiro Linares Zárate fue el gerente de campaña de la precandidata presidencial Diana Carolina Corcho (exministra de Salud y senadora), durante su participación en la consulta interna del Pacto Histórico en octubre de 2025.

El caso ha cobrado relevancia pública debido a que la Fiscalía General de la Nación solicitó una audiencia de formulación de imputación en su contra —programada para el 2 de diciembre de 2026— por presuntas irregularidades en la presentación de facturas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la reposición de votos, imputándole los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa.

Por su parte, la senadora Corcho ha rechazado los señalamientos asegurando que su campaña actuó con transparencia y cuestionando la celeridad del proceso.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación no ha revelado la cifra exacta correspondiente a las facturas presuntamente falsas que se buscaba cobrar por reposición de votos, ya que ese monto específico será detallado durante la audiencia de formulación de imputación del próximo 2 de diciembre de 2026.

Sin embargo, el expediente judicial y los reportes financieros de la campaña arrojan los siguientes datos clave y cifras bajo investigación: El crédito millonario cuestionado ($737,7 millones de pesos): Dentro del reporte de cuentas de la campaña de Carolina Corcho figura un préstamo por 737,7 millones de pesos otorgado por una empresa llamada Gusteau Chefcito Sigi. Las autoridades detectaron que dicha sociedad estaba en estado de disolución y liquidación desde abril de 2025 (meses antes de la consulta), tenía un capital reportado inferior a los 2 millones de pesos y no registraba ingresos operativos.

En conjunto, las campañas que participaron en la consulta interna del Pacto Histórico del 26 de octubre de 2025 (Carolina Corcho e Iván Cepeda) declararon movimientos financieros por 1.462 millones de pesos, cifra que está bajo escrutinio.

Además de Nelson Emiro Linares Zárate, la Dirección Especializada contra la Corrupción imputará cargos a Héctor Ulises Ávila Cortés, quien cumplía funciones administrativas y contables en una empresa privada proveedora de servicios logísticos para la campaña.

Según la investigación, se habrían emitido facturas con información falsa para acreditar servicios logísticos que nunca se prestaron, con el fin de presentarlas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y obtener el reembolso de recursos públicos mediante la reposición de votos.

Antes de solicitar la imputación, la Fiscalía citó a interrogatorio en septiembre a los exgerentes de campaña de Corcho y Cepeda, y en octubre realizó operativos en Bogotá y Barranquilla en donde se incautaron seis teléfonos celulares (incluidos los de Linares Zárate) con información relevante para el caso.

Por su condición de senadora, el caso de Carolina Corcho también derivó en una indagación en la Corte Suprema de Justicia (aunque la imputación actual de la Fiscalía no la cobija directamente a ella), y el comité ético del Pacto Histórico convocó a una reunión para revisar el expediente.

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