La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al director del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), Rodolfo Torres Puyana, por presunta omisión en el trámite legal de recusaciones que le fueron formuladas en un proceso sancionatorio ambiental.
Al parecer, el investigado habría podido incumplir su deber legal de gestionar tres recusaciones que formularon en su contra en el 2019, dentro del proceso administrativo sancionatorio No. SA-0002-2013, por no remitir el expediente a la Procuraduría Regional de Santander para el estudio correspondiente.
Para la Procuraduría Regional de Santander, Torres Puyana debió “pronunciarse y remitir el escrito junto con la prueba que lo soportaba, a la Procuraduría Regional competente ante la ausencia de superior jerárquico o funcional, para decidir su recusación y suspender la actuación, hasta tanto se diera un pronunciamiento por parte del Ministerio Público”.
Con este comportamiento se habría podido incumplir el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 que establece que “en caso de impedimento el servidor enviará dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento la actuación con escrito motivado al superior, o si no lo tuviere, a la cabeza del respectivo sector administrativo. A falta de todos los anteriores, al Procurador General de la Nación cuando se trate de autoridades nacionales o del Alcalde Mayor del Distrito Capital, o al procurador regional en el caso de las autoridades territoriales”.
El autor de la demanda disciplinaria, el abogado Carlos Rojas, dijo a Corrillos que el director del AMB fue objeto de tres recusaciones en unos procesos sancionatorios ambientales que se surtían ante él, “en esas recusaciones que se presentaron él debía aceptar o no aceptar y si aceptaba o no aceptaba, como él no tiene superior inmediato, la ley dice que tiene que enviarlo al Procurador Regional para que él resuelva, si confirma o no confirma la decisión que hubiera tomado”.
Indicó que, “como no lo hizo, porque se cree que él es el ‘rey pepinito’, entonces violó la ley”.
A criterio de Rojas, Torres Puyana, penalmente incurrió en el delito de prevaricato por acción y disciplinariamente incurrió en una serie de faltas que son por las cuales procede un pliego de cargos. El proceso es por desobedecer la ley”.
En esta etapa procesal fue calificada la falta del funcionario como grave a título de dolo.
