La Contraloría de Bucaramanga anunció la apertura de un proceso auditor para determinar si existieron irregularidades en dos convenios suscritos entre el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga (Imebu) y la Cooperativa Coopfuturo. Una publicación en Corrillos escrito por Fredy Garzón, prendió las alarmas del ente de control fiscal.
Se trata de los convenios de asociación 02-2018, que ascendió a los $2.431 millones (Imebú $1.575 millones y Coopfuturo $855 millones) y el 06-2019, por $1.584 millones (Imebú $1.109 millones y Coopfuturo $475 millones), cuyo objeto era el de aunar esfuerzos para el cumplimiento del objeto social y misional del Imebú en relación a programas de generación de empleo y fomento empresarial, para el fortalecimiento del fondo local para para brindar apoyo financiero a los micro y pequeñas empresas del municipio de Bucaramanga.
El primer convenio, según el acta de inicio, va desde del 02 de octubre de 2018 al 01 de octubre de 2022, sobrepasando el periodo de gobierno.
Lo preocupante y que llevó a la Contraloría a ponerle la lupa a los convenios, tiene que ver con la presencia de en los mismos de Beatriz Millán Mejía, quien actuó como Representante Legal de la entidad solidaria pero simultáneamente se desempeñó directora financiera de la Liga, el movimiento político del exalcalde Rodolfo Hernández.
El columnista de Corrillos reveló que el primer convenio fue suscrito mientras Rodolfo Hernández era el alcalde y el segundo durante el encargo de Manolo Azuero.
La lupa de las autoridades
A través de una comunicación, la Contraloría de Bucaramanga le notificó a Corrillos que, “con base en las facultades y atribuciones legales, mediante SIA ATC No. 282020000036 dispuso iniciar Auditoría Exprés con ocasión de la publicación llevada a cabo por el Señor Fredy Garzón”.
Advierte que esa columna publicada el pasado 16 de febrero, “denuncia presuntas irregularidades en los convenios No. 02-2018 y 06-2019 suscritos entre el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga y Coopfuturo, conforme a ello se dio apertura a la Auditoría Exprés No. 013-2.020 con el fin de verificar las presuntas irregularidades puestas en conocimiento, la cual tiene como fecha de terminación el próximo 15 de abril de 2020”.
Para el ente de control fiscal territorial, hay situaciones que ameritan ponerle la lupa a estos dos convenios. Por ejemplo, que la Representante Legal de la cooperativa actúe políticamente en el mismo movimiento político del alcalde que le otorgó la contratación.
“Beatriz Millán Mejía, como Representante Legal de Coopfuturo firmó estos cuantiosos convenios mientras ejercía de forma simultánea la dirección financiera de la Liga para las campañas a los concejos municipales de Bucaramanga, área metropolitana y asambleas departamentales, de igual forma fue una de las integrantes del comité inscriptor de la lista cerrada a la Asamblea departamental de Santander, ante los delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, junto con Reynaldo Barrera Bonilla y Luis Fernando Prada Cobos”, advierte el texto de la columna.
Garzón cuestiona el papel de Coopfuturo en el Movimiento la Liga “¿Será acaso este tipo convenios de asociación los que llevaron a la afortunada y sorpresiva victoria que se le otorga al Ingeniero (Rodolfo Hernández) en Bucaramanga y la región? ¿Y ahora le sirve de trampolín para su candidatura presidencial?”
El otro aspecto que investigará la Contraloría tiene que ver con el plazo de ejecución del convenio, también revelado por el columnista de Corrillos.
“Generan muchas dudas estos convenios por el alcance que pudieron tener en las recientes elecciones, como también lo que pudo pasar con esta especial modalidad de contratación; ¿Por qué los convenios sobrepasan las vigencias y/o periodos de gobierno y finalizaran en los años 2022 y 2023? ¿Para este tipo de convenios se requiere la aprobación de vigencias futuras?”, indica Fredy Garzón.
