La Procuraduría General de la Nación advirtió que es imperativo la puesta en marcha de acciones inmediatas para la protección de la vida de quienes ejercen funciones de defensa ambiental en el país, garantizan el control territorial y la autoridad ambiental.
Para el Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, “Los parques están siendo utilizados por las mafias y sus funcionarios terminan en peligro, por descubrir las rutas y sus desplazamientos. La recuperación del control físico territorial ha sido imposible y por eso hoy existen en el país parques vedados, que exigen una mayor presencia de la fuerza pública y de la policía”.
En el consejo de seguridad que se realizará el próximo lunes 24 de febrero, en El Cocuy, Boyacá, donde se analizará la situación de riesgo que afrontan los defensores de recursos naturales, ante el reciente asesinato del guardaparques asignado a una de las zonas de control del Parque Nacional Natural El Cocuy, el ente de control ratificará su petición de acciones inmediatas.
Insistirá que funcionarios y contratistas que desempeñan labores en zonas protegidas y estratégicas ambientalmente, al igual que las poblaciones campesinas en esas áreas, están en alto grado de vulnerabilidad.
Una vez más, la Procuraduría pedirá al gobierno la creación de alianzas de seguimiento a las alertas tempranas coordinadas por la Defensoría del Pueblo y la ratificación del Acuerdo de Escazú, así como la activación de alertas en territorios con alteraciones ambientales o que tengan como población en situación de riesgo a funcionarios de Parques Nacionales Naturales o indígenas de resguardos.
Al consejo convocado por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, además de la Procuraduría también asistirán la directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Julia Miranda, los alcaldes municipales, y representantes del sector ambiental y de los organismos de seguridad.
