La Procuraduría General de la Nación, ante la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la Covid-19, avanzó en la priorización de 2.376 casos, de los cuales 813 corresponden a procesos disciplinarios y 1.563 actuaciones preventivas de vigilancia y seguimiento para evitar la vulneración de los derechos de los ciudadanos, hechos de corrupción o mal uso de los recursos públicos destinados para ayudas humanitarias.
En desarrollo del programa ‘Transparencia para la Emergencia’, que adelanta en conjunto con la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, el ente de control ordenó en 813 casos la apertura de un expediente disciplinario.
De los 813 procesos disciplinarios, 82 corresponden a 27 gobernaciones. De este grupo 66 se encuentran en indagación, 12 en investigación y avanzan los juicios disciplinarios contra el gobernador de Arauca, el gobernador de Vichada, y 3 funcionarios de la gobernación de Quindío.
Como parte de estos procesos permanecen suspendidos de sus cargos el gobernador de Chocó, la secretaria General de la Gobernación de Cesar y la secretaria de Salud de la Gobernación de Tolima.
La Procuraduría adelanta 593 expedientes contra funcionarios de 396 alcaldías, de los cuales 553 se encuentran en indagación preliminar, 30 en etapa de investigación y se avanza en 10 juicios disciplinarios, entre los cuales figuran los de los alcaldes de Coveñas y Sincelejo, en Sucre; El Socorro y Girón, en Santander; Guaduas, Cundinamarca, y El Doncello, Caquetá.
Por los procesos por presuntas irregularidades en alcaldías, permanecen suspendidos el alcalde de Armenia, Quindío; el alcalde y el secretario Administrativo de Calarcá, Quindío; los alcaldes de Cereté y Tierralta, Córdoba; el alcalde de Malambo, Atlántico; la alcaldesa de Sucre en Sucre, el alcalde y el secretario General y de Gobierno de Palocabildo, Tolima;, y el secretario de Gobierno de Puerto Tejada, Cauca.
Por regiones, en la Andina se adelantan 337 procesos en 215 municipios, en la Caribe 136 en 95 municipios, en la Pacífica 83 en 57 municipios, en la Orinoquía 20 en 18 municipios y en la Amazonia 17 en 11 municipios.
De los 337 procesos en la Región Andina, 185 municipios de los departamentos de Tolima, Cundinamarca y Antioquia enfrentan el mayor número de procesos, 70, 64 y 52, respectivamente, lo que equivale a un 55%.
En la Región Caribe, de los 8 departamentos que la componen, Sucre, con 30, Córdoba, con 29, y Bolívar, con 20 enfrentan el mayor número de expedientes en 57 municipios.
En la Región Pacífica, de los 4 departamentos, Nariño con 43, y Valle del Cauca, con 23, concentran el 79% de los expedientes disciplinarios por presunta irregularidades relacionadas con la pandemia por la covid-19.
En la Orinoquía, de los 20 procesos que se adelantan, 12 corresponden a 11 municipios de Meta y en la Amazonía de los 17 procesos, 15 tienen relación con 9 municipios de Caquetá.
Así mismo, se adelantan 138 actuaciones disciplinarias contra 108 entidades, de las cuales 125 se encuentran en indagación preliminar, 12 en investigación y en un caso se formuló pliego de cargos.
En total se adelantan 63 procesos contra 63 Empresas Sociales del Estado –ESE-, 25 entidades del orden nacional, 18 territoriales, 17 a concejos municipales, 9 establecimientos penitenciarios, 4 personerías, 1 comisaría y la Asamblea Departamental de Arauca.
Vigilancia a contratación con aportantes
La Procuraduría atendiendo las denuncias de Transparencia por Colombia y la Alianza Ciudadanía Activa, inició vigilancia preventiva para establecer posibles hechos de corrupción por la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria, a personas naturales o jurídicas que aportaron a las campañas políticas de los candidatos elegidos entre 2018 y 2019.
Estos contratos suscritos por las Entidades Territoriales entre marzo y junio de 2020 representan el 2% de la contratación para atender la emergencia sanitaria de la pandemia por la Covid-19.
El Ministerio Público vigila preventivamente los contratos adjudicados a 117 financiadores de campañas, entre marzo 16 y mayo 25, por un valor que supera los $12.500 millones con las administraciones de Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá. Según informe de Alianza Ciudadana Activa, los contratistas fueron aportantes de las campañas políticas locales en 2019, por una cifra superior a los $ 4.7 mil millones.
Adicionalmente, la PGN identificó 147 contratos, por valor de $47.028 millones, que fueron adjudicados a 77 aportantes a campañas de candidatos elegidos entre 2018 y 2019, encontrando que tan solo a 8 de estos contratistas se les adjudicaron 49 contratos, que suman $43.494 millones.
El Ministerio Público verifica posibles irregularidades relacionadas con la falta de idoneidad de los contratistas, prohibiciones, inhabilidades o presuntos conflictos de interés, sobreprecios, eventual acaparamiento, concentración o cartelización de la contratación pública, plazos insuficientes para ejecutar los contratos, inexistencia de la población beneficiaria y adición de contratos injustificada, entre otras conductas.
La PGN conformó una comisión integrada por los procuradores delegados para la contratación para establecer posibles trasgresiones al Estatuto Anticorrupción y a la Ley Electoral, por los contratos celebrados entre las diferentes administraciones municipales y departamentales con los aportantes a las campañas.
Protección al consumidor
La PGN solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio un informe detallado sobre las medidas tomadas para la protección de los derechos del consumidor, ante un supuesto incremento injustificado de precios por parte de algunos establecimientos comerciales, días antes de las jornadas de exención del IVA, previstas para el 19 de junio, 3 y 19 de julio de 2020.
El Ministerio Público requirió al superintendente indicar las acciones adelantadas, en cumplimiento al artículo 33 de la Ley 1480 de 2011, según el cual las promociones u ofertas deben permanecer válidas “… hasta que se dé a conocer la revocatoria de la misma por los mismos medios e intensidad con que se haya dado a conocer originalmente”.
Consideró la PGN que las conductas denunciadas van en abierta contravía del espíritu que motivó la exención para la reactivación de la economía y beneficiar al consumidor final, buscando que los vendedores de los productos disminuyan el precio de venta al público de la tarifa de IVA que les sea aplicable.
Fallo Covid-19
El ente de control estableció que el disciplinado desconoció las normas que regulan la contratación estatal al autorizar el reconocimiento y pago, el 14 de abril de 2020, de 538 almuerzos por valor de $8.177.600 por servicios prestados los días 1 y 2 de abril, sin que mediara contrato que respaldara los servicios entre la administración y el proveedor, actuando en contravía de la justificación del negocio jurídico que él mismo realizó.
La Procuraduría encontró que el acta de inicio del negocio jurídico para el suministro de alimentos, por valor de $300 millones, fue firmada el 3 de abril de 2020, y que el disciplinado legalizó un hecho cumplido. Así mismo, Acero Osorio no pudo justificar porqué suministró almuerzos a personas que de manera directa no estaban atendiendo a la población vulnerable del municipio de Armenia afectada por la pandemia por el covid-19.
La falta fue calificada de manera definitiva como grave a título de dolo.
Pliego de cargos
La Procuraduría formuló pliego de cargos contra el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por presuntos sobrecostos en la contratación de paquetes alimentarios para 33.437 familias, suscrito con el contratista Multiservicios Mael S.A.S. ZOMAC, por la valor de $4.463´370.180 pesos.
Los cargos también cobijan a los secretarios de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Medardo Tovar Altuna; de Desarrollo Social, Carolina Muriel Zea; al gerente de Contratación, Heivind Palomino Gutiérrez, y al profesional universitario coordinador de gestión del riesgo del departamento, Edwar Enrique Portillo.
El mandatario deberá responder por qué en el proceso no se habrían utilizado las cotizaciones más económicas, ni realizado el análisis del costo de transporte y logística, lo que habría generado un mayor valor del contrato y un detrimento en el patrimonio público.
Para el caso de los secretarios se cuestiona su participación en la etapa precontractual del proyecto sin tener en cuenta los valores más favorables y los costos de transporte y logística.
La presunta falta de los investigados fue calificada de gravísima a título de culpa gravísima.
Desde el 15 de mayo, el gobernador de Arauca enfrenta una audiencia de juzgamiento disciplinario por las presuntas irregularidades en el contrato para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones, suscrito el 14 de abril de 2020, sin que, al parecer, se hubiera tenido en cuenta la emergencia sanitaria por el covid-19.
Al gobernador se le reprochó la presunta violación a los principios de planeación y de transparencia, que comporta el deber de selección objetiva y de responsabilidad de la contratación estatal.
Citación a audiencias
Así mismo, citó a juicio disciplinario al alcalde del municipio de El Molino, en La Guajira, Juan Pablo Vega Escobar, y la secretaria de Gobierno, Karelis Rosado Acosta, por presuntas irregularidades en el Contrato 01 del 24 de marzo de 2020, que tenía por objeto la compra de insumos y víveres no perecederos, suscrito de manera directa con la Fundación Social Creciendo, por un valor de $99´247.900.
Al mandatario se le reprocha su participación en el proceso con la Fundación Social Creciendo, con el presunto desconocimiento del principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, lo que habría facilitado los sobrecostos identificados por una auditoría de la Contraloría General de la República.
En la audiencia la secretaria de Gobierno deberá responder por haber participado en la etapa precontractual del proceso 01, con presunto desconocimiento de los principios de responsabilidad y economía al aprobar los estudios previos y la propuesta presentada por la fundación.
Las presuntas faltas de los funcionarios fueron calificadas en esta etapa del procesos como gravísimas a título de culpa gravísima.
