Estados Unidos ofreció el jueves recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura o condena de dos exlíderes de la extinta guerrilla colombiana de las Farc.
Seuxis Solarte y Luciano Marín, más conocidos por sus nombres de guerra Jesús Santrich e Iván Márquez, respectivamente, habían apoyado originalmente el acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) firmado en 2016, antes de rechazarlo y de regresar a la selva.
Los dos exlíderes “tienen una larga historia de participación en actividades de tráfico de drogas, lo que resultó en sus acusaciones penales”, dijo el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado.
Márquez, uno de los negociadores del acuerdo de paz, desapareció en 2018 luego de que su sobrino fue arrestado y llevado a Estados Unidos para cooperar con las investigaciones sobre el tráfico de drogas.
A su turno, Santrich había accedido a uno de los diez escaños del Congreso otorgados a los exrebeldes en virtud del acuerdo, pero fue acusado por Estados Unidos por tráfico de drogas ocurrido supuestamente en 2017, después del acuerdo, por lo que no está sujeto a procedimientos de justicia transicional.
La acusación de Santrich provocó meses de disputas legales, incluido su arresto, antes de desaparecer a mediados del año pasado.
Los ahora prófugos reaparecieron en agosto de 2019 en un video en el que anunciaban una nueva ofensiva contra el gobierno que, según dijeron, se filmó en la Amazonía.
El anuncio fue condenado en ese momento por el gobierno del presidente Iván Duque, las Naciones Unidas y el partido político de las Farc, cuyos líderes dijeron que la mayoría de los exrebeldes continúan comprometidos con la paz.
El gobierno de Duque también ha ofrecido una recompensa, de aproximadamente 800.000 dólares, por información que conduzca a la captura de cada uno de los combatientes que aparecieron en el video.
La implementación del acuerdo de paz ha estado obstaculizada por el asesinato de cientos de exguerrilleros y activistas de derechos humanos, así como por retrasos en la financiación económica de los excombatientes y una profunda polarización política.
