La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la entonces alcaldesa de Barbosa, Santander, Deyanira Ardila González (2016 – 2019) y secretario General, Carlos Alfonso Camelo González (2016), por la presunta omisión en la adquisición de pólizas para amparar posibles pérdidas patrimoniales del municipio.
Al parecer, la entidad territorial no contaba con pólizas de manejo que sirvieran de respaldo para la sustracción de dinero, circunstancia que se presentó el 31 de marzo y el 7 de abril de 2016, cuando sin aprobación de la administración municipal se realizaron transferencias de las cuentas del BBVA por $172.600.000 pesos, que no pudieron ser recuperados.
Entre las normas presuntamente transgredidas se citó el artículo 203 del Decreto Ley 663 de 1993 que señala que «(…) dentro de los seguros de manejo o de cumplimiento habrá uno que tendrá por objeto garantizar el correcto manejo de fondos o valores de cualquier clase que se confíen a los empleados públicos o a los particulares, en favor de las entidades o personas ante las cuales sean responsables (…)».
Recordó el Ministerio Público que el objeto del seguro de cumplimiento “es garantizar el correcto manejo de fondos o valores que se confían a los empleados públicos”.
Para la Procuraduría Provincial de Vélez pudo haberse desconocido la responsabilidad, principio rector de la función pública que obliga al servidor “a tenerlo presente en todas sus actuaciones” e implica actuar “con diligencia y cuidado en las labores asignadas”.
En esta etapa procesal las presuntas faltas de los investigados fueron calificadas provisionalmente como graves cometidas a título de culpa grave.
