Por: Víctor Andrés Salcedo Fuentes/ La decisión de la Corte Suprema, donde se define la situación jurídica del expresidente Uribe, la cual respeto pero no comparto, además de ser un retroceso en las conquistas de las garantías procesales de los incriminados, como lo es la excepcionalidad de la restricción de la libertad, sobre todo mientras se adelanta la acción penal y se goza de la presunción de inocencia, deja en el ambiente judicial una preocupante sensación de afectación a otros derechos fundamentales, no menos importantes y propios de un estado democrático.
Me refiero a las interceptaciones de comunicaciones al reconocido periodista Julio Sánchez Cristo con sus fuentes y de abogados defensores con sus clientes. En ambos casos los contenidos de dichas conversaciones, sirvieron de sustento para imponer la detención domiciliaria contra el hoy senador Álvaro Uribe.
Es sabido que en este país los medios de comunicación, con sus unidades investigativas, han sido los principales protagonistas en el destape ante la opinión pública de los escándalos más grandes de corrupción. Cartel de la toga, acosos sexuales, corrupción de la contratación, interceptaciones ilegales etc. Por eso, los medios son más que comunicadores, son verdaderos veedores de lo público, lo que muchas veces no identifican los órganos de control, lo ven los periodistas.
Por lo anterior, tal exposición injustificada del mencionado comunicador, vía decisión judicial del más alto nivel, afecta gravemente dichos pilares fundamentales de nuestra democracia, amedranta e intimidad al periodismo y a las fuentes de la información y con ello se llevan por delante el control social efectivo.
Hoy día lo único que nos queda son los medios de comunicación, por cuenta de la radio, prensa escrita y televisión las necesidades de los más débiles son atendidas por los gobernantes. Aquí no vale ni el derecho de petición ni las tutelas. Ellos son la voz de los que nos son escuchados. La función social de los medios y la vigilancia que ejercen en lugar de ser satanizada, debería ser protegida y arropada por la justicia, independientemente del color político de la opinión.
Para los que se escandalizan por el supuesto apoyo de Sánchez Cristo al presidente Uribe, les recuerdo que hay varios medios de comunicación y periodistas que tienen de oficio atacarlo y censurarlo, así como a quienes le apoyan. Por lo tanto, dejen la doble moral.
Frente a las conversaciones del abogado y su cliente, más grave aún. La Constitución y la ley establecen que “por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones del defensor.” Clausula pétrea, no por Petro, sino porque es inmodificable, por que forman parte del espíritu de la Constitución Política. El derecho de defensa y la igualdad de armas cada vez más vulnerado, con la decisión de la Corte, queda con tremendo boquete, será el salvoconducto para que en adelante se persiga no solo a los acusados sino a los defensores.
Una decisión que vulnera esos especialísimos derechos fundamentales, debería ser objeto de control constitucional por configuración de vía de hecho judicial, una vez se agoten los recursos ordinarios y el control de legalidad, los cuales desde ya considero tendrán poca posibilidad de prosperar.
Entre tanto, ante la imposibilidad de entrevistas personales entre periodistas y fuente y defensor y cliente, por la pandemia, quedará suspendido hasta nueva orden en nuestro amado país el derecho a la defensa y a la libertad de expresión, ya que nadie se expondrá a que la reserva de sus conversaciones sea vulnerada por el aparato judicial y usadas en nuestra contra. Grave precedente.
*Abogado Penalista, Magister en Derecho Penal Internacional.
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