Ante un juez con función de control de garantías, la Fiscalía imputó cargos en contra del alcalde de Matanza para el período 2012-2015, Orlando Lizcano; a su entonces asesor de Planeación, Sebastián Fuentes; y a su también asesora de Gobierno, María Cristina Agredo, como presuntos responsables del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
De acuerdo con la investigación, Lizcano, como mandatario local, suscribió convenio N 028 del 24 de diciembre de 2015, por $158 millones con la Fundación Proyección Colombia, cuyo objeto era realizar la obra de alcantarillado para satisfacer a la comunidad de la vereda El Tanque, con el servicio de acueducto.
La Fiscalía evidenció que se habría escogido de manera indebida la modalidad de contratación, violando con ello los principios de selección objetiva.
Estos resultados de la lucha contra la corrupción hacen parte de la política institucional “En la calle y en los territorios, implementada por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, informó la Fiscalía General de la Nación.
