La reciente escalada de asesinatos masivos en Colombia no se detendrá sólo con el envío de más tropas de las Fuerzas Armadas, sino con una fuerte inversión social y una mayor presencia del Estado que son necesarias para poner fin a la violencia, dijo un funcionario de seguridad de alto rango.
El país de 50 millones de habitantes enfrenta un conflicto interno desde hace más de medio siglo en el que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC que se apartaron de un acuerdo de paz firmado en 2016 y bandas criminales conformadas por antiguos paramilitares de ultraderecha se enfrentan entre sí y a las Fuerzas Armadas del Estado.
En medio de la confrontación que ha dejado al menos 260.000 muertos y millones de desplazados, se ha registrado un incremento de las masacres en las últimas semanas, una situación atribuida por el Gobierno a la disputa territorial de los grupos armados ilegales que buscan un mayor control del narcotráfico y la extracción ilícita de minerales.
El incremento de las masacres en los departamentos de Cauca, Nariño y Arauca, regiones conflictivas y estratégicas para el narcotráfico y la extracción ilícita de minerales, despertó fuertes críticas por parte de grupos de derechos humanos.
“Esto no se resuelve con tropa y más tropa o con policía y más policía. Por su puesto que necesitamos una Fuerza Pública eficiente, que dé resultados, que proteja a las comunidades, que enfrente y desarticule a los grupos armados organizados”, dijo en una conversación virtual con periodistas el alto consejero presidencial para la seguridad nacional, Rafael Guarín.
“Significa que debemos tener una fuerte presencia de instituciones estatales y de servicios sociales y un enfoque que permita sustituir las economías ilícitas por economías lícitas”, explicó.
El funcionario aseguró que el Gobierno del presidente Iván Duque acelerará programas de desarrollo con enfoque territorial que buscan que los habitantes de apartadas zonas montañosas y selváticas tengan acceso a servicios básicos de salud, educación, carreteras y justicia.
La disputa por el control territorial de zonas estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal aumentó en algunas regiones del país desde que las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se desmovilizaron en virtud de un acuerdo de paz de 2016, dejando zonas con vacíos y sin control.
“El problema sigue siendo las economías ilícitas”, concluyó Guarín. “Los eventos de violencia que se han presentado han ocurrido en áreas de economías ilícitas en donde grupos armados se disputan el control del narcotráfico y de la extracción ilícita de minerales”.
