La Corte Suprema de Justicia decidió dejar en manos de la justicia ordinaria, a través de la Ley 906, el proceso por presunta manipulación de testigos que se sigue contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez.
Así las cosas, la jueza 30 con función de Control de Garantías se queda con la competencia para decidir sobre la petición de libertad del expresidente Uribe.
La decisión se tomó con base en la ocurrencia de los hechos, ya que el proceso contra Álvaro Uribe inició en el año 2018, es decir, después de la entrada en vigencia de la ley 906.
Desde la Corte Suprema de Justicia informaron que la jueza 30 con función de Control de Garantías, también tendrá la competencia de determinar en qué etapa deberá continuar el proceso contra Uribe, por los delitos de fraude procesal y soborno.
Lo anterior porque la sala plena suprimió o eliminó lo que planteaba la ponencia del magistrado Gerson Chaverra de mantener todo lo actuado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
La decisión se tomó con 19 votos a favor y dos salvamentos de voto de los magistrados Jaime Moreno y Gerardo Botero.
En la discusión no participó el magistrado de la Sala Penal Luis Antonio Hernández, quien se declaró impedido porque conoció el expediente cuando el entonces presidente de la Sala, el magistrado José Luis Barceló, abrió la investigación.
En ese sentido, la Corte mantuvo la determinación que ya había tomado la jueza 30 con función de Control de Garantías, quien había devuelto su decisión a este alto tribunal para una segunda opinión.
