La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al entonces alcalde (E) del municipio de Hato, Santander, y secretario de Planeación, Andrés Fernando Castro González (2017), por presuntas irregularidades en el Contrato de Obra 084 de 2017 por $461’593.884, suscrito con la empresa Coingco Ingenieros Civiles y Ambientales S.A.S.
Al parecer, el investigado habría celebrado el contrato de obra para la construcción de placa huella, cuatro alcantarillas y un muro en gavión, en sectores priorizados de las vías terciarias del municipio, superando el precio promedio de las obras realizadas, con lo cual habría conllevado a un posible detrimento económico por valor de $38’024.414 pesos.
Con esta conducta el exfuncionario posiblemente pudo vulnerar el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 que establece que “las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa”.
Asimismo, habría podido desconocer el numeral 31 del artículo 48 del Código Disciplinario Único que contempla como falta de los servidores públicos “participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley”.
La Procuraduría Provincial de San Gil calificó provisionalmente la falta del exfuncionario como gravísima a título de culpa gravísima, por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento, ante la posible omisión de confrontar los precios del contrato con los referenciados por el Invías, con el fin de verificar que las obras ejecutadas no excedieran los valores legalmente establecidos.
Castro González podrá solicitar o aportar las pruebas que considere pertinentes para su defensa.
