La estatal ecuatoriana Petroecuador presentó una demanda en contra de la constructora brasileña Odebrecht por unos 281 millones de dólares por daños y perjuicios en la construcción de un ducto para transportar combustibles, dijo el miércoles el gerente de la petrolera, Ricardo Merino.
Petroecuador terminó unilateralmente el contrato con Odebrecht en 2017, debido a un incumplimiento en la entrega del poliducto Pascuales-Cuenca para transportar derivados del petróleo que presentó fallas técnicas y de construcción.
“Hemos interpuesto una demanda en contra de la compañía constructora Norberto Odebrecht, de la cual solicitamos la reparación de los daños y perjuicios ocasionados en el contrato del poliducto Pascuales-Cuenca por un monto aproximado de 281 millones de dólares”, dijo Merino a la prensa.
La estatal argumentó, en la demanda presentada ante la Corte Provincial de Justicia de Guayas, que Odebrecht entregó el poliducto operando a menos de la mitad de su capacidad y que Petroecuador tuvo que realizar más inversiones para alcanzar un bombeo normal.
Además, argumenta que Odebrecht no entregó la obra conforme las condiciones ni en el tiempo pactado en el contrato.
No se pudo contactar inmediatamente a Odebrecht para comentarios sobre la demanda.
La construcción del poliducto fue adjudicada en el 2013 por una inversión inicial de unos 270 millones de dólares, pero tras una evaluación que aplicó el actual gobierno a varios proyectos estratégicos se identificó un sobreprecio.
Tras la terminación del contrato con Odebrecht y luego de denuncias de que la constructora gestionaba una red de corrupción en varios países de América Latina, Ecuador inició conversaciones para buscar una reparación integral al Estado.
Pero las negociaciones fracasaron en julio del año pasado y el procurador del país, Íñigo Salvador, que actúa como abogado del Estado ecuatoriano, dijo que la compañía Odebrecht había tenido una “actitud prepotente y hasta cierto punto extorsiva”.
Odebrecht tiene una demanda en contra de Ecuador por unos 174 millones de dólares por rompimiento unilateral de contrato del mismo proyecto.
