La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $16.637 millones contra el director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González Angulo, cuatro subdirectores de la misma entidad y 35 proveedores de kits de alimentos, por sobrecostos, faltantes en cantidad y producto y entregas incompletas de mercados destinados damnificados y afectados por la emergencia sanitaria del Covid-19.
Según estableció el organismo de control, las irregularidades se dieron en 89 órdenes de proveeduría emitidas por la UNGRD para la entrega de estos kits de alimentos de asistencia humanitaria de emergencia (AHE), conforme a la declaratoria de calamidad pública en varios departamentos del país y en el Distrito Capital.
Se pudo establecer la ocurrencia de sobrecostos, y/o cantidades faltantes (menor gramaje o mililitros en elementos como leche, arroz, pasta, sal, panela, fríjol, lenteja, chocolate y aceite) y/o unidades faltantes de ciertos productos (fríjol y chocolate), y/o kits no entregados.
Otra irregularidad verificada es que en algunos casos no se cumplió con llevar los mercados puerta a puerta cuando a ello había lugar.
Para la Contraloría, estas situaciones implican que en desmedro del erario se vienen pagando sumas superiores a las que corresponden al suministro efectivamente prestado.
Presuntos responsables fiscales
La Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la CGR vinculó como presuntos responsables fiscales al director general y subdirectores para el manejo de desastres de la UNGRD que intervinieron en estos hechos y, también, a 35 proveedores a cuyo cargo estuvo el suministro de los kits de alimentos:
Eduardo José González Angulo, en su calidad de Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y María Grisela Benítez Ospina, Fernando Carvajal Calderón y Ariel Enrique Zambrano Meza, en su condición de subdirectores para el Manejo de Desastres de la UNGRD.
Y 35 proveedores de esta entidad, entre los que figuran empresas como Apoyos y Logísticas SAS, Ardiko A&S Construcciones, Suministros y Servicios SAS, Central Cooperativa Proveeduría Indígena del Cauca – CENCOIC, Corporación Ceres, D&M Distribuidora y Comercializadora SAS, Distrifruver La Carreta y Diver Dotaciones SAS.
Así mismo, fue llamada como tercero civilmente responsable La Previsora S.A., compañía de seguros.
Denuncias ciudadanas y de congresista
Los actos irregulares que dieron lugar a este proceso de responsabilidad fiscal fueron puestos en conocimiento mediante dos denuncias recibidas por correo electrónico, el 29 de abril pasado, por la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana, que solicitó a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) revisar la contratación cuestionada.
La Contraloría Delegada para Infraestructura conoció de estas denuncias y a su vez requirió información a la UNGRD sobre el tema, con el objeto de responder un cuestionario formulado por el Senador Carlos Jiménez López, relacionado con posibles sobrecostos en los mercados adquiridos.
A principios de mayo, la DIARI trasladó la documentación respectiva a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, luego que el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, declaró de impacto nacional los hechos relacionados con estas irregularidades.
Posteriormente, el pasado 3 de junio se abrió Indagación Preliminar y tras el cierre de la misma se profirió el auto de apertura del este proceso de responsabilidad fiscal.
