La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión de ocho meses al entonces Secretario de Hacienda y del Tesoro de Guaca, Santander, Óscar Jeovanni Hernández Lamus (2015), por extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
La Procuraduría Provincial de Bucaramanga demostró que tras el otorgamiento de un crédito por $250’000.000 por parte del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (Idesan) al municipio, el disciplinado autorizó al tesorero del instituto a entregar estos recursos a un particular, sin existir vínculo legal ni contractual que lo justificara.
Como consecuencia de esta conducta el municipio asumió la obligación con el Idesan, adquirida a través de un pagaré, lo cual generó un grave perjuicio a la administración de Guaca.
Entre las normas incumplidas la Procuraduría citó la Ley 734 de 2002, que en el numeral 13 del artículo 35 establece como prohibición a los servidores públicos “ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones”.
El Ministerio Público calificó la falta de Hernández Lamus como grave cometida a título de culpa gravísima.
Contra la decisión de primera instancia, el disciplinado interpuso recurso de apelación que será resuelto por la Procuraduría Regional de Santander.
