La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a la entonces alcaldesa de Jordán, Santander, Johana Muñoz Ruiz (2016), y al secretario de Planeación, Víctor René Herrera Páez, por presuntamente limitar la participación de oferentes en la Licitación Pública 001 Proceso 003 de 2016, para la contratación de obras del municipio por $999’117.712.
La Procuraduría cuestionó a los investigados por presuntamente exigir a los proponentes una experiencia desproporcionada al contratar la construcción de “una (1) batea, instalación de señalización vertical, defensas metálicas y ampliación de un sector de la calzada de la vía (casco urbano-sector La Peña) de la vereda Morros, construcción de placa huella vehicular en las veredas El Guacimo y El Pozo”.
Para el Ministerio Público “se vulnera el principio de selección objetiva cuando se exigen condiciones que sólo una persona o un grupo bien reducido puede cumplir, en cuyo caso el destinatario del contrato será esa persona o ese pequeño grupo, cuando con la invitación pública lo que se pretende es seleccionar la mejor oferta, entre todas las personas que estén en capacidad sustancial de atender la invitación”.
Con esta presunta conducta los exfuncionarios podrían haber transgredido el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que contempla como falta de los servidores públicos “participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley”.
La Procuraduría Provincial de San Gil calificó provisionalmente las faltas como gravísimas, la de la exmandataria a título de culpa grave, y la del exsecretario de Planeación cometida con culpa gravísima.
Muñoz Ruiz y Herrera Páez podrán solicitar o aportar las pruebas que consideren pertinentes para su defensa.
