Una tarde de diciembre de 2020, Corrillos planteó a gente bien informada de Santander la pregunta ¿cuáles son esos escándalos del año 2020 que pasarán a la historia?
La coincidencia en temas no deja lugar a dudas de cuáles fueron más escandalosos y cuáles, a pesar de que no son tan escándalo, generaron mayor controversia por su inmediatez.
No deja lugar a dudas que en el pasado el tema de la guerrilla y sus acciones violentas concentraban la atención de la ciudadanía. Sin embargo, cuando el país dio un paso adelante, y ya el tema de la guerra interna no es central, otros asuntos tomaron protagonismo.
Asuntos que en el pasado pasaban de agache, y en donde se nota una escalofriante estrategia tan bien planeada que la justicia y las autoridades de control lo ven, no lo creen, y lo peor, probarlo es lo más complicado.
Porque siempre es más fácil probar que yo no fui, a que el otro pruebe que yo sí fui. Es mi palabra contra la del otro, y siempre se debe presumir la inocencia. Es un Estado de Derecho y mientras no se pruebe y se compruebe que es culpable, es inocente, pese a la evidencia.
El año de la pandemia no se salvó y los medios debieron registrar aquellos hechos que avergüenzan a la opinión pública. Entre muchos, estos son los más destacados.
1- Costosos volantes de la Gobernación
El tema que encabezó las respuestas fue el de Grafikar y la Gobernación de Santander, tema que Corrillos puso al descubierto. El tema fue expuesto con todos los pelos y señales. Las investigaciones periodísticas se cumplieron, se está a la espera que la justicia haga su tarea, pese a todo el laberinto que se trame.
Un escándalo salpicó sin pudor a la Gobernación de Santander al saberse que frente a sus ojos pasaron 450.000 volantes con un sobrecosto del 2.000%. Le exprimieron al erario 350 millones de pesos por un trabajo de impresión que en cualquier litografía vale $20 millones.
El actual Gobernador de Santander tendrá que entrar a clarificar el por qué permitió que se pagaran 355’950.000 pesos por 450 mil volantes que cualquier empresa de impresos haría igual pero solo por $20 millones, especialmente cuando días previos a la formalización del contrato fue advertido de posibles irregularidades. Y no hizo nada.
La gran favorecida es Grafikar Agencia de Publicidad Ltda. Grafikar en las últimas tres administraciones departamentales suma más de 9 mil millones de pesos en contratos, el último de ellos en el 2020 por $1.400 millones, firmado hace apenas unos meses. La práctica no cesa.
Cada año desde el 2015 licita y obtiene el contrato de artes gráficas para la administración departamental el cual nunca es inferior a 1.000 millones de pesos.
Solo en el año 2018 el nombre del ganador en la licitación pública cambió de nombre y de Grafikar pasó a llamarse Distrimacro. Y aunque cambió de nombre, no cambió de manos.
2- La ‘ñapa’ de la Gobernación
Como si le faltara una pepa a la maraca, la Gobernación de Santander y Grafikar firmaron un adicional, al contrato que ya tenían firmado desde el comienzo del 2020.
El contratista justificó asuntos imprevistos para la adición y la Gobernación de Santander accedió al adicional, en parte, porque el adicional no supera el 50 por ciento del contrato inicial.
Dice el documento oficial: “Requerimiento rubro presupuestal para adicionar el valor de 700 millones de pesos al contrato CO1.PCCNTR número 0000393 de 10 de marzo de 2020, correspondiente a la imagen institucional e impresos de la Gobernación de Santander”.
El adicional es de $700 millones porque el contrato inicial es de 1.400 millones de pesos, la ley dice que no supere el 50% el adicional, así que con ello se firman los $700 millones adicionales.
3- Metrolínea se guardó
Otro asunto que escandalizó el año 2020, fue el de las pólizas de Metrolínea. El miércoles 17 de junio de 2020 a las cero horas 45 minutos de la madrugada el Sistema Metrolínea informó que ese mismo día miércoles dejaría de operar en Piedecuesta, Floridablanca y el Norte de Bucaramanga.
Esa decisión dejó fuera de servicio al 59 por ciento de la flota y sin opciones a la ciudadanía cuando el departamento, y el país en general, tratan de retornar a una mediana normalidad en medio de la pandemia por el Covid-19.
Hasta nueva orden no se ofrecerá el servicio en los municipios de Piedecuesta, parte de Floridablanca y Norte de Bucaramanga, debido a circunstancias contractuales relacionadas con el Concesionario de flota Metrocinco Plus, explicó Metrolínea.
Freddy Cubides, Gerente de Metrocinco Plus, uno de los operadores de la flota de Metrolínea, el otro es Movilizamos, dijo que “Estamos con la flota guardada por el tema de una póliza. No es que hayamos decidido parar, es que por una póliza que no hemos podido renovar, por eso no hemos podido salir a operación”.
Cubides le dijo a Corrillos que “No es el tema de que la póliza sea costosa, es que están pidiendo más garantías. Están pidiendo una garantía de doce mil millones de pesos, que nos parece bastante alta, por el tema del cumplimiento del contrato. Estamos en ese tema a ver cómo hacemos”.
Por la salida de esos buses y la no prestación del servicio varios alcaldes del área alcanzaron a señalar que debería volverse al servicio convencional.
Hace unos días, muy pocos en realidad, se anunció de manera oficial que regresaba una de las rutas más queridas del área, que no es otra que la ruta de Igsabelar. Metrolínea no ha dicho nada al respecto, y tampoco se sabe si el regreso de la ruta Igsabelar en una respuesta a los alcaldes del deseo de regresar al transporte convencional.
4- Los mercados del pastor
Otro escándalo que salpicó el 2020 fue el conocido como los mercados del pastor. Ricardo Parra, propietario del mercado La Canasta, pastor y excandidato a la Alcaldía de Floridablanca, resultó beneficiado con un contrato de 3.211 millones 803.625 pesos para la compra de 44.999 mercados.
Si bien el contrato despertó sospechas por la premura en que se hizo, sin mediar una licitación o un análisis de mercado para justificar que el contratista cumpliría con lo pactado, casi de un día para otro se supo del contrato y del favorecido con el mismo, quien en su candidatura fue apoyado por La Liga.
Aspectos como la posibilidad del reajuste de precios en el mercado a entregar, y otros asuntos no dejaban de prevenir sobre la aparente irregularidad de lo firmado. Sin embargo, la tapa saltó cuando se conoció que Ricardo Parra fue exonerado en el contrato de pagar la estampilla Proanciano y estampilla Procultura.
El Alcalde de Bucaramanga redujo a cero pesos la tarifa de la estampilla Proanciano y Procultura, basado en que el Alcalde tenía la facultad de reducir los impuestos en sus entidades territoriales, craso error porque las estampillas no son impuestos sino tributos.
La tasa parafiscal no podía reducirse a conveniencia del Alcalde, vía Decreto, debido a que la tasa fue creada y reglamentada por el Concejo de Bucaramanga.
El Alcalde no reemplazó lo dejado de percibir por la Estampilla Proanciano y Estampilla Procultura, es decir los beneficiarios de esa tasa no fueron retribuidos de otra forma tal que no vieran menguado su derecho. ¿El Alcalde pecó varias veces por favorecer al pastor?
5- Por hablar de más…
Tras irregularidades cobros de subsidios provenientes de la estampilla para el bienestar del adulto mayor, los asilos de Bucaramanga amenazaron este con entregarle a la Administración Municipal el manejo de los ancianos.
La situación se suscitó luego que Natalia Durán, secretaria de Desarrollo Social del Municipio, denunció que el Asilo San Rafael estaba cobrando dineros por personas fallecidas.
“Nosotros recibimos una lista de personas que nos informaron que habían fallecido durante 2019. Realizamos el cruce de información y nos dimos cuenta que estaban siendo reportadas por el Asilo San Rafael como beneficiarios de los recursos de la estampilla”, dijo en ese entonces la funcionaria.
El abogado Daniel Caicedo, apoderado de Ludy Zapata Niño, directora ejecutiva de la Fundación Asilo San Rafael, aseguró que la Secretaria se apresuró en su denuncia. “Más parece un acto de retaliación por el rechazo que produjo la exención de la estampilla pro adulto mayor a los contratistas por la pandemia. El Asilo San Rafael en ningún momento ha querido desfalcar el patrimonio público. Al contrario, las sumas que recibe por concepto de estampillas son ínfimos con respecto al gasto real de funcionamiento”.
Albeiro Vargas, de la Fundación Albeiro Vargas y Ángeles Custodios, en Ciudad Norte, también rechazó las afirmaciones de la funcionaria de la Alcaldía de Bucaramanga. “Es irresponsable que la Secretaria de Desarrollo Social juzgue a instituciones que llevan tantos años de servicio al adulto mayor, cuando ellos desconocen todo lo que significa la demora de los pagos”.
La funcionaria de la alcaldía quedó mal parada ante la comunidad, por sus declaraciones fuera de lugar e hizo quedar mal a todo el gobierno de Juan Carlos Cárdenas.
6- Carne de burro en el menú
La Fiscalía General de la Nación, en su investigación al PAE, encontró que a los niños de Santander les fue suministrada carne de caballo y de burro en las raciones alimentarias, por cuenta de Fernando Trujillo Gómez, un comerciante de la región y proveedor de las empresas que tenían a su cargo el suministro del alimento.
Trujillo, en asocio con otras personas, compraba caballos y burros, muchos de ellos enfermos o muertos, en la Costa Atlántica y con guías de movilización falsas los trasladaba a Bucaramanga.
“La carne era tratada con químicos para alterar la contextura, intentar hacerla más blanda y darle un color rojizo. Luego, la empacaban al vacío y le ponían sellos de empresas dedicadas a la comercialización de carne de res. Como un producto vacuno era facturado y soportado para distribuirlo”, explicó la Fiscalía.
El hombre habría vendido a los operadores del PAE algo más de $500 millones, de 2.000 a 2.500 kilos semanales entre mayo de 2018 y septiembre de 2019.
La situación generó rechazo e indignación por parte de los padres de familia y organizaciones sociales, sin embargo, las autoridades regionales, como Gobernación de Santander y Alcaldía de Bucaramanga, que tienen a su cargo la interventoría, no se percataron del hecho.
7- Las coimas del concejal
El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, hizo en septiembre fuertes denuncias contra el concejal de la Alianza Verde, Carlos Andrés Barajas, relacionadas con una supuesta extorsión del cabildante a un comerciante de la ciudad.
Al parecer, Barajas había solicitado una coima de $20 millones a Gilberto Barajas, propietario de la empresa Frenos JBC quien se ganó un contrato en la alcaldía de Bucaramanga para el mantenimiento de los carros y motocicletas oficiales del municipio.
El propio comerciante corroboró que el concejal ‘verde’ había enviado un emisario a su negocio para pedirle esa cantidad de dinero. Relató que el concejal «mandó un calanchín a hablar en nombre de él. Que, si queríamos acceder al contrato, debíamos dar una dádiva».
El empresario dijo que denunció el hecho ante César Castellanos, director administrativo de la alcaldía de Bucaramanga. Hasta la fecha, las autoridades no han reportado la apertura formal de alguna investigación contra el corporado.
8- Director regional, fuera
Otros temas fueron las cartillas anticovid y el bono vital, el primero referido a la Gobernación de Santander y el segundo con la Alcaldía de Bucaramanga. Otro asunto fue la polémica salida del Rector de la Esap de la Regional Santander, al parecer por actos violentos al solicitarle mesura en el volumen del equipo de música. En el Socorro también fue escándalo el cierre de la UCI, y en San Gil fue recibida con extrañeza la decisión de parar las obras del Hospital.
Escándalo hubo en la Esap al determinar las directivas del nivel nacional ordenar la insubsistencia del cargo de Armando Aguilera Torrado, director de la Regional. En las instalaciones de la Esap que está en Bucaramanga organizaron una actividad. Como en el sector del Parque de los Niños también hay viviendas cerca se quejaron del alto ruido que generaba la reunión en la Esap.
El encargado de la seguridad acudió y la respuesta antes que mesurada fue violenta. El hombre agredido recibió cinco días de incapacidad en Medicina Legal. Se habrían sumado otros actos como daños en algunos elementos, además de la presencia de varias personas sin guardar el distanciamiento, y otros temas que no reflejaban asuntos de bioseguridad. Por ahora el rector de la Esap del nivel nacional nombró un director encargado en reemplazo de Aguilera Torrado.
La lista es larga y los temas son variados como puede verse. Acoso sexual en las universidades dijeron también quienes respondieron la pregunta de Corrillos.
9- ¿Echarán de cabeza al ingeniero?
A principios de septiembre se conoció por parte de la Fiscalía General de la Nación, que uno de los implicados en el escándalo de corretaje en favor de Vitalogic, el exgerente de la EMAB, José Manuel Barrera Arias, habría propuesto un principio de oportunidad al ente investigador.
De ser aceptado ese ‘beneficio’, el exfuncionario deberá contar la verdad acerca del sonado caso de corrupción que salpica directamente a su exjefe, el entonces alcalde Rodolfo Hernández, a su hijo Luis Carlos Hernández Oliveros y a la esposa del ‘ingeniero’, Socorro Oliveros.
Juan Manuel Barrera, si quiere salir bien librado, tendrá que relatar -y presentar pruebas- de cómo unos privados quisieron hacerse al negocio de las nuevas tecnologías y cual fue la participación -incluso- de otros altos funcionarios de la alcaldía y las ‘maromas’ jurídicas que quisieron hacer para que unos privados en alianza con la familia Hernández Oliveros se hicieran a unas cuantiosas ‘regalías’ por 30 años.
Además, en poder de la Fiscalía reposan pruebas que demostrarían que Hernández Suárez intervino para que el contrato consultoría 096 de 2016, que tenía como objeto realizar la elaboración y evaluación técnico-ambiental, financiera y jurídica para la implementación de nuevas tecnologías en el sitio de disposición final de residuos sólidos de El Carrasco, se le fuera adjudicado al contratista, Jorge Hernán Alarcón. Como finalmente sucedió.
10- Esa plata se perdió
Luego de fuertes denuncias, en las que se dejó en evidencia que la Alcaldía de Bucaramanga intervino un área protegida de los Cerros Orientales, la CDMB debió cerrar las obras que en el lugar se venían ejecutando. De hecho, las mismas no contaban con los permisos ambientales.
De acuerdo con la autoridad ambiental, en agosto de 2019 se le informó de manera oficial a la Alcaldía que la obra no contaba con licencia ambiental y el pasado 12 de marzo de 2020 la entidad lo ratificó.
Eso llevó a que cerrara la construcción del Parque Metropolitano Bosque de Los Caminantes, un polémico y costoso proyecto que desde el año pasado se inició en dicha reserva forestal; considerado el pulmón de la ciudad.
Las obras se desarrollan dentro de 40 hectáreas que son de propiedad del Municipio dentro de la zona boscosa que incluye la construcción de senderos peatonales que se convertirán en una conexión entre la Comuna 14 de Morrorico y la Comuna 12 de Cabecera.
A la fecha, el proyecto supera el 40% de avance y la inversión asciende a los $16 mil millones. Actualmente se adelantan los trabajos en las zonas de acceso, vía urbana y rural. Las empresas Biotecnología Proyectos Asesorías y Servicios Sociedad Ltda. y Consorcio Andenes Park, son quienes se encargan de la ejecución.
