La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al director nacional de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Bomberos, ct. Charles Wilber Benavides Castillo, por presuntas irregularidades en la adquisición de 30 camiones cisterna por $13.191 millones.
El ente de control reprochó al funcionario la celebración en forma directa de los contratos de compraventa CUM No. 183, CUM No. 184, CUM No. 185 y CUM No. 186, por medio de los cuales se adquirieron los camiones cisterna, y en los que al parecer se omitió el trámite de convocatoria pública de oferentes y de selección objetiva de contratistas.
Presuntamente se invocó como sustento de la contratación directa la urgencia manifiesta declarada mediante Resolución No. 050 del 24 de marzo de 2020, al considerar la adquisición de las máquinas como necesarias para atender el estado de emergencia, al parecer sin contar con una base técnico-científica suficiente que permitiera colegir la funcionalidad y/o eficiencia de los vehículos cisterna, y una definición concreta de estrategias asociadas a la operación de los mismos frente a la contingencia generada por el Covid-19.
Al parecer el investigado desconoció los principios de transparencia, igualdad y publicidad de la contratación estatal.
En un segundo cargo, la PGN cuestionó a Benavides Castillo una presunta falta disciplinaria por presuntamente fraccionar el objeto contractual en cuatro negocios jurídicos con las empresas Accesorios y Sistemas S.A. -Accequip-, Lafe Securuty EU, Alpercorp Colombia S.A.S e Ingeniería Contra Incendio y Seguridad Industrial –Incoldext S.A.S., con lo que habría omitido la convocatoria a licitación pública para desarrollar el proceso.
Según el material probatorio, la adquisición de los vehículos estaba contemplada en la Propuesta del Plan de Inversión 2020, como parte del proyecto: Fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos de Colombia, lo que indicaría que la contingencia presentada no era impedimento para tramitar la licitación o concurso como mecanismos idóneos.
La Procuraduría calificó provisionalmente las presuntas faltas del investigado como gravísimas a título de culpa gravísima, por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.
