«Un día me llamaron de mi centro médico para avisarme, había unos lotes en mal estado, pero mis píldoras no correspondían a esas cajas y me quedé tranquila», dijo Estefany Cavieres, una joven de 28 años que se ha visto afectada por la situación.
En Chile, funciona un riguroso plan de control de natalidad el cual data de 1967, cuando se estableció Programa de Planificación Familiar y Paternidad Responsable.
Por ello, miles de mujeres (especialmente aquellas de bajos recursos) aplican para ser beneficiarias de las píldoras anticonceptivas que entrega el Estado.
«Estas pastillas son entregadas en el sistema público y el responsable es el Ministerio de Salud, que ha licitado la compra de ellas a través de Cenabast y se distribuyen a los servicios de atención primaria de salud», explica Javiera Canales, coordinadora del área legal de la Corporación Miles Chile, una organización que trabaja para construir y promover el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
Debido a la situación, el ISP informó que además del retiro inmediato de los lotes indicados obligó a establecer una cuarentena del resto de los lotes del producto en los lugares de expendio. De igual forma, la institución señaló que el registro sanitario del producto se mantendría suspendido hasta que el laboratorio involucrado subsanara el origen de la falla detectada.
«Es importante que las pacientes consulten con su matrona o médico para recibir indicaciones en cuanto a la continuidad del tratamiento, en caso de detectar anomalías como las graficadas en las fotografías adjuntas, donde claramente se identifican comprimidos mezclados con placebos o ausencia de estos», le lee en el comunicado emitido por el organismo.
Sin embargo, previo a emitirse la decisión del retiro, decenas de mujeres habían recibido el fármaco. A finales de 2020, alrededor de 29 mujeres habían señalado haber quedado embarazadas.
“Pese a que el laboratorio Silesia, encargado de elaborar las pastillas Anulette CD, tenía antecedentes anteriores de entrega de medicamentos fallidos, como ocurrió en 2018, lo que pasó desde agosto del año pasado en adelante es totalmente nuevo. Por primera vez, hay denuncias de mujeres que resultaron embarazadas producto de la toma de estos anticonceptivos”, agregó Canales a France 24.
Mujeres, indefensas ante una falla en la protección del Estado
En agosto de 2020, cuando fue emitida una de las alertas, la corporación comenzó un trabajo de información y asesoría a muchas de las mujeres que se vieron afectadas por la situación.
“Como Corporación Miles, sacamos una alerta a nuestras seguidoras en redes sociales para que estuvieran informadas y nos comenzaron a llegar casos buscando ayuda legal para ver qué podían hacer con sus embarazos no deseados”, dijo
De acuerdo con la representante de la organización, la asesoría se dividió en tres etapas: “Solicitar la interrupción voluntaria del embarazo por causal riesgo de vida, que está garantizada por ley desde septiembre de 2017, ya que nosotras creemos que ante una interpretación amplia de esta causal, las mujeres podrían acceder a la interrupción legal del embarazo. Por otro lado, iniciamos una acción civil sobre indemnización de perjuicios en contra del Estado y del laboratorio responsable de las pastillas defectuosas. También llevamos a cabo una acción urgente ante organismos internacionales como la ONU y la CIDH”, agregó.
Dicha acción fue llevada a cabo en enero de 2021 junto a la organización internacional Women ‘s Link Worldwide. Allí acudieron a la Relatoría sobre del Derecho a la Salud de las Naciones Unidas y a la Relatoría sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Relatoría DESCA- CIDH) para explicar lo ocurrido y denunciar fallas presentadas en los servicios de salud sexual que ocurren desde octubre de 2019.
“La acción urgente, presentada ante la ONU y CIDH (por medio la carta 41), busca que se le recomiende al Estado de Chile realizar mejoras de acceso a la salud sexual y reproductiva y acciones de reparación a las afectadas por violaciones al derecho de la salud”, dijo la representante de la Corporación Miles.
«Es necesario que se revise la despenalización del aborto»
De acuerdo con la Corporación Miles, al menos 111 mujeres se encuentran en estado de gestación debido a las fallas en las píldoras anticonceptivas.
«Yo no tengo trabajo ni nada estable qué ofrecerle a mi bebé, necesitamos una compensación económica. Para mi familia este gasto es demasiado», dijo Barbara Vásquez, una joven de 20 años habitante de Ñuble, una región del centro de Chile.
La situación se ha convertido en un problema para el Estado chileno, ya que expuso fallas en su programa de control familiar.
Adicionalmente, la petición de aborto en muchos de los casos ha sido denegada ya que la situación no se enmarca dentro de las tres causales permitidas para interrumpir el embarazo (riesgo de la madre, patología congénita, o embarazo producto de una violación) que están despenalizadas en Chile desde 2017.
«Chile tiene un reto por delante. Es necesario que se amplíe el concepto de salud sexual y que por tanto se revise la despenalización del aborto», dijo Estefanny Molina, abogada de Women’s Link Worlwide.
A mediados de enero, la Comisión de la Mujer y Equidad de Género del Congreso retomo la revisión de un proyecto de ley para despenalizar el aborto. Esta comisión, compuesta en su mayoría por diputadas opositoras, espera que la iniciativa sea discutida por ambas cámaras del Congreso en los próximos meses.
Sin embargo, una sociedad conservadora se alista para llevar un debate prolongado. Mientras, el drama de más de 100 mujeres chilena avanza en silencio y sin la garantía de encontrar una respuesta del Estado.
