Los planes criminales de control y recuperación territorial del ELN son un obstáculo para el trabajo de la JEP y la consolidación del Acuerdo Final de Paz. En 15 municipios priorizados por la Jurisdicción, donde actualmente avanzan las labores de exhumaciones y diligencias forenses, se presentaron 17 hechos violentos —entre el 25 de enero y 07 de febrero — que pusieron en riesgo a las comunidades, su derecho a la verdad y a la no repetición.
Este fue el principal hallazgo que encontró el Monitoreo de Riesgos de Seguridad presentado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). De acuerdo con el segundo informe de 2021, hay una tendencia hacia la reactivación del conflicto en las zonas a las que ha llegado el grupo guerrillero. Según el periodo analizado, esta misma guerrilla es el factor de mayor riesgo de ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos. Esto, sin contar otras estructuras como el Clan del Golfo, que se disputan a sangre y fuego el control de los territorios.
Las conclusiones presentadas por los investigadores indican que hay 10 municipios donde se presenta una alta confrontación armada del ELN con otros grupos criminales y la Fuerza Pública; 22 municipios que fueron retaguardias históricas y donde intentan recuperar el control; 10 municipios que son nuevas zonas de incursión; 26 municipios con presencia subestructuras urbanas de esta misma guerrilla y, finalmente, 228 municipios con presencia estable del ELN donde hay grados relativos de control territorial.
Hato Corozal, La Salina y Paz de Ariporo en Casanare son algunos de los ejemplos que presenta la UIA para explicar el interés que tiene el ELN por intentar recuperar el control de zonas históricas que perdieron a finales de la década de 1990 y principios del 2000. La estrategia también se concentra en municipios como Barrancabermeja, Mistrató, Socotá y Toledo, donde el repertorio de violencia han sido las amenazas, los enfrentamientos armados y las extorsiones.
Hay una expansión del ELN en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19. La Serranía del Perijá y la Sabana Araucana fueron algunos de los primeros puntos geográficos que está guerrilla ocupó y no el Estado, tras la dejación de armas de las Farc-EP. El ELN se abrió camino en medio de la ausencia de una política integral por parte del Estado para consolidar la paz territorial, señala el informe de la UIA. Esa presencia incluso se da en zonas donde había perdido su influencia hace más de tres décadas.
El impacto de las acciones del ELN en el trabajo de la JEP
Solo en Catatumbo, durante 15 días, 250 personas se desplazaron y un líder social fue asesinado cada cuatro días. Emboscadas, combates y atentados terroristas amenazan la seguridad de las comunidades. A este panorama se suma una alerta que también lanzó el informe de la UIA: la intención del ELN de realizar un “paro armado». Una forma de mostrar poderío militar y reaccionar ante la ofensiva del Clan del Golfo y Los Rastrojos.
En el suroccidente del país, donde el ELN mantiene desde 2019 una disputa por el Cañón del Micay, el 4 de febrero se presentó una masacre. En esta región el recrudecimiento de la violencia se convierte en obstáculo para la realización de diligencias forenses por parte de la JEP. ¿La razón?, ciertos comparecientes han manifestado el interés de esclarecer los lugares donde enterraron clandestinamente cuerpos de víctimas en esta convulsionada zona.
Durante este mismo periodo, 300 familias del Resguardo Amparradó del Pueblo Embera se confinaron en Dabeiba y Frontino (Antioquia) por los combates entre el Clan del Golfo y el ELN. Así mismo, en Murindó permanecen en confinamiento 2.000 indígenas de los Resguardos Ríos Murindó y Chajeradó. Esto evento se produjo por las amenazas de esta guerrilla de instalar minas antipersonales como táctica de defensa del territorio ante la ofensiva de otras estructuras armadas.
En Dabeiba, precisamente, la JEP ha reportado 71 hallazgos forenses que han facilitado la identificación de cinco personas en el marco de los casos 03 conocido como el de “falsos positivos» y el 04, que priorizó la región de Urabá. “De persistir la tendencia de recrudecimiento de la violencia en la zona, la continuación de este tipo de acciones judiciales podría verse restringido por problemas de seguridad», concluye la UIA en su informe.
