La violencia no cesa en Colombia a pesar del acuerdo de paz que firmó en 2016 el Gobierno colombiano con la guerrilla más antigua de América Latina, las ya extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Este lunes, la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), un mecanismo especial creado durante el proceso de paz para investigar y juzgar a las partes del conflicto armado, reveló alarmantes cifras. Desde 2016, han sido asesinados al menos 276 exmiembros de las FARC que se acogieron al plan y 904 líderes sociales.
El presidente de la Jurisdicción, Eduardo Cifuentes, aseguró que la vida de esas personas «está en altísimo riesgo por cuenta de las amenazas, homicidios, desapariciones, secuestros, desplazamientos y otros ataques» de los que han sido víctimas desde la firma del pacto.
También afirmó que en 280 municipios de Colombia, que corresponden al el 25 % del país, se han cometido homicidios selectivos contra líderes sociales. Solo en 17 zonas, se concentran el 32 % de los casos.
La versión del Gobierno
El Gobierno, por su parte, y tras los reiterados llamados de la JEP a tomar cartas en el asunto, ha señalado que mantiene esfuerzos para evitar un derramamiento de sangre y que detrás de esos asesinatos está el narcotráfico.
“Hemos atendido la directriz del presidente Iván Duque para coordinar a todas las entidades que tienen responsabilidad respecto de la protección de los excombatientes para focalizar las medidas”, dijo en marzo el consejero para la Estabilización, Emilio Archila.
Las autoridades destacan que las disidencias de las FARC, alrededor de 2.500 miembros que no se acogieron al pacto, además de otras guerrillas y grupos de narcotráfico, se siguen disputando el control de zonas consideradas estratégicas para actividades ilícitas, lo que ha desencadenado una nueva fase de la violencia en Colombia.
Los llamados disidentes también han sido responsabilizados de los asesinatos de miembros de la fuerza pública en los últimos años.
No obstante, la JEP recalca fallas en el Gobierno, como por ejemplo la falta de una dependencia que coordine la garantía de derechos de los excombatientes. Esta jurisdicción también destacó que hay un bajo nivel de acatamiento a las recomendaciones por parte de las autoridades.
Hasta el pasado mes de marzo, la JEP halló solo 33 sentencias sobre 208 procesos por asesinatos, tentativas de homicidios y desapariciones, iniciados por la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía.
En medio de este panorama, este lunes el presidente de la Jurisdicción, Eduardo Cifuentes, pidió de manera urgente a la Defensoría del Pueblo que «adopte una resolución defensorial en la que formule recomendaciones a las instituciones del Estado, con enfoques diferenciales y perspectiva territorial, y fije la hoja de ruta para detener esta tragedia humana».
La petición busca además que se establezca el grado de cumplimiento o no por parte del Estado colombiano sobre la protección de los grupos afectados, compromiso adquirido con el acuerdo de paz, con el fin de aplicar los correctivos pertinentes.
