Es un pulso jurídico de 13 millones de dólares entre el segundo líder chavista y el único de los grandes periódicos de oposición que sobrevive en Venezuela. Sin embargo, algunos lo ven como la amenaza del “exterminio” definitivo de la prensa libre en ese país suramericano.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó el viernes 16 de abril de 2021 el pago de una millonaria indemnización del rotativo venezolano a Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por daños y perjuicios.
Después de que uno de los abogados del medio de comunicación, que pasó a formato digital hace poco más de dos años, asegurara que no cuenta con los recursos para pagar, el considerado número dos del chavismo advirtió que podría confiscar su sede principal.
«Si no pagas en efectivo, tenemos que ejecutar los bienes para resarcir los daños porque yo sí tengo moral», dijo Cabello durante su programa semanal ‘Con el mazo dando’, que emite el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
6 años de la disputa legal
El lío se remonta a agosto de 2015, cuando Cabello demandó al periódico después de que este replicara una información del diario español ABC, que indicaba que el líder chavista era investigado por Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.
Seis años después, el TSJ condenó al medio de comunicación al pago de 237.000 petros, una moneda digital lanzada por el presidente Nicolás Maduro en 2018 vinculada al precio del petróleo. El valor actual del petro es de 56 dólares, según el Banco Central de Venezuela.
‘El Nacional’ es propiedad parcial del periodista venezolano Miguel Henrique Otero y otros familiares de su difunto padre, Miguel Otero Silva, uno de los escritores más célebres de Venezuela.
El líder chavista dijo que, si llegara a recibir los recursos, los empleará en la compra de vacunas contra el Covid-19 y la construcción «una escuela de niños especiales».
De lo contrario, si llegara a la ejecución de los bienes del periódico, el edificio ya tiene destino: “si así lo consideran los tribunales (…) inmediatamente firmaré para que ese edificio se convierta en la sede de la universidad de las comunicaciones».
“Es el fin de la prensa libre”
Una vez conocido el fallo, ‘El Nacional’ lo calificó como una «persecución política» y alertó que Cabello tiene la «intención de perpetrar una expropiación encubierta mediante la cual pasaría a ser propietario y editor de este histórico medio de comunicación».
Los opositores al Gobierno de Maduro lo acusan de utilizar el sistema de justicia para silenciar a sus críticos en los medios de comunicación. La sección de Caracas del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela calificó el sábado el fallo como «un paso más hacia la liquidación de la libertad de expresión en Venezuela».
La exdiputada opositora, Sonia Medina, denunció, por su parte, la «desaparición» de empresas de comunicación, el «estrangulamiento a la poca libertad de expresión, las amenazas públicas contra medios y trabajadores, usos de explosivos en sedes de medios, arrebatos de concesiones, robos de equipos y sanciones económicas».
