Por: Andrea Guerrero/ Durante el año pasado, más de 2 millones de colombianos engrosaron la franja de pobreza de nuestro país. A pesar de ello, el gobierno presentó una reforma tributaria que nefastamente se reía del bolsillo de la clase media, mientras que los paraísos fiscales pasaron de agache. Además, el hecho de que el gobierno presentara una reforma de este tipo justamente en tiempos de pandemia genera aun más indignación. Pensaron que el pueblo no saldría a marchar ni a protestar por miedo de contagiarse, pero millones de personas han decidido que las decisiones del gobierno pueden ser aún más peligrosas que el Covid-19.
Ahora bien, las jornadas de protesta enfrentaron muchos obstáculos como la militarización, el abuso del poder por parte del Esmad que condujo a ejecuciones, detenciones arbitrarias, violaciones y desapariciones, cometidas en medio de las protestas. Nuestros manifestantes han sufrido las consecuencias de luchar por un país mejor.
Estos ataques a la dignidad de los colombianos se presentaron por todo el país: en Popayán, el estudiante de derecho, Jeison Mauricio, quien perdió su ojo tras disparo de Esmad; en Cali Diana Fernanda Díaz Rosales, quien fue abusada por un agente del Esmad durante una manifestación y, en la misma ciudad, el joven Nicolás Guerrero murió tras unas fuertes heridas causadas por disparos del Esmad durante una velatón para conmemorar las recientes.
Después de una cavilación de 5 días, el presidente retiró la ley “solidaria sostenible”. Un triunfo para los manifestantes que valientemente han expuesto su vida. Sumado a eso, el ministro y viceministro de hacienda han renunciado a sus cargos.
Sin embargo, este paro todavía no para… Los colombianos han vuelto a las calles después de un año encerrados y el pueblo quiere un futuro diferente donde no sea pisoteado por nadie. Las exigencias son muchas, entre ellas están el desmonte del Esmad, tumbar la reforma inoportuna a la salud, la reestructuración de la reforma tributaria y la renuncia del presidente.
Cínicamente en Twitter hay políticos que defienden “el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad”, pero esa libertad que exigen termina en desapariciones y muertes: según Human Rights Watch se han reportado 35 personas asesinadas y 31 desaparecidos.
Finalmente, es evidente que la ciudadanía quiere denunciar y poner fin a la represión y violación de los derechos de nosotros. El pueblo está cansando de la inseguridad causada por el propio gobierno. Es verdaderamente frustrante crecer en un país donde la historia se repite sin cesar, pero este momento está siendo un antes y después en nuestra historia. Los colombianos han revelado la realidad de este gobierno: una dictadura disfrazada de democracia; dejando en evidencia que aquí las personas pagan con la vida por manifestarse en las calles colombianas.
*Estudiante
Instagram: @andreagguer
