Ante un juez con función de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al exdirector del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), Rodolfo Torres Puyana y a la exfuncionaria de la oficina de contratación de la misma entidad, Silvia Juliana Villareal Meza.
De acuerdo con la investigación y el material probatorio recaudado, el contrato suscrito el 1 de octubre de 2019, con un plazo de tres meses, entre el entonces director encargado de AMB y el representante legal Rayco ltda, ya investigado por estos hechos, el cual tenía un monto $3.724.774.000, presentaba múltiples irregularidades.
Dicho contrato tenía como objeto «la adquisición, instalación, articulación y puesta en funcionamiento de la primera fase del proyecto territorios inteligentes».
Se estableció que la adición del contrato por un valor de 397’131.496 pesos, se realizó pese a que existía una medida cautelar proferida por el Tribunal Administrativo Contencioso de Santander, quien en acción de nulidad como medida cautelar suspendió la autoridad ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga, y como consecuencia la utilización de los recursos de la sobretasa ambiental, con los que se le pagó al contratista.
Por lo anterior, «durante las audiencias concentradas la Fiscalía le imputó a Torres Puyana los delitos de coautor doloso del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con interés indebido en la celebración de contratos, los cuales no aceptó», informó el ente acusador.
Entretanto, Villareal Meza deberá responder por los delitos de coautora dolosa en calidad de cómplice del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y coautora dolosa de falsedad ideológica en documento público, a los cuales no se allanó.
Es de aclarar que por esta misma investigación, en marzo pasado, tras la solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Gilberto Moreno Ardila, exdirector encargado de la AMB.
Mientras que el exrepresentante legal de Rayco ltda, Fernando Aristizábal fue cobijado con medida de aseguramiento no privativa de la libertad consistente en la prohibición del salir del país.
