De acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Colombia, que presentó junto a 26 organizaciones de derechos humanos un reporte, quedan en este momento 379 personas desaparecidas de ese total de 471 en el marco de las protestas contra el Gobierno colombiano. Todos casos documentados desde el 1 de mayo, con la ubicación por ahora de 92 personas.
Sin embargo, las cifras oficiales están muy por debajo de las reportadas por estas entidades. El conteo de la Defensoría del Pueblo muestra que existen hasta el momento 89 desaparecidos, de los cuales, según dice la policía, han sido hallados 47.
Varios de los desaparecidos fueron personas detenidas por las fuerzas policiales, por lo que la Unidad de Búsqueda de desaparecidos ha instado al cuerpo de agentes a compartir las listas de detenidos para poder cotejar la información.
«La Unidad (de Búsqueda), en el marco de sus competencias y como ente encargado de la dirección y coordinación de la búsqueda de desaparecidos, ha convocado a la Defensoría y a la Fiscalía General de la nación a una reunión, a fin de articular los esfuerzos del Estado que den con mayor celeridad una respuesta a miles de familias que están buscando a sus seres queridos», dijo la directora de la entidad, Luz Marina Monzón.
¿Infiltrados en las protestas en Colombia?
A medida que avanzan las protestas, las denuncias de uso excesivo de la fuerza se hacen más notorias. En las redes sociales se han multiplicado los videos de agentes policiales abriendo fuego en manifestaciones, en su mayoría pacíficas. De acuerdo con Temblores, se han producido 98 casos de disparos de fuego por parte de la policía desde el inicio de las protestas.
En diversas ciudades y municipios se han producido denuncias por la irrupción de la fuerza pública y por la dispersión de marchas, incluso tratándose de pequeños actos.
El Gobierno culpa de la violencia y justifica la represión de las Fuerzas Armadas con la idea de una supuesta acción de grupos criminales, entre los que señala a disidentes de la extinta guerrilla de las FARC (disuelta en 2017 tras la firma de los Acuerdos de Paz con el antiguo Gobierno en 2016), al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a grupos de narcotraficantes.
Por otro lado, las altas cortes del país, incluidas la Corte Suprema y la Corte Constitucional, realizaron este 6 de mayo un comunicado conjunto luego de una reunión con el presidente colombiano Iván Duque en el que dieron su apoyo «al orden institucional y democrático» como garante de la paz y en el que rechazaron «los actos criminales de violencia, de terrorismo y de vandalismo».
Sin embargo, hasta el momento ni el Gobierno ni la policía han aportado pruebas de que tras el accionar de los actos vandálicos en la ciudad se encuentren los grupos armados mencionados por el Ejecutivo. Sin embargo, otras entidades como el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) han denunciado la presencia tanto de policías como de paramilitares que se habrían infiltrado en las protestas vestidos de civiles para arremeter contra los manifestantes.
