Una reforma en tiempos agitados para la Policía colombiana. Será una «transformación permanente», según el presidente Iván Duque, quien hizo el anuncio este 6 de junio desde Bogotá, la capital del país.
La reestructuración de las fuerzas de seguridad llega cuando su papel en las marchas del Paro Nacional ha sido criticado por abusos de derechos humanos, con al menos tres de sus agentes enfrentando cargos de homicidio desde que comenzaron las manifestaciones el 28 de abril.
Según la Fiscalía, en ese periodo de tiempo han muerto 20 personas relacionadas directamente con las protestas, mientras que la ONG Temblores asegura que hasta el 31 de mayo se reportaban al menos 45 homicidios, presuntamente perpetrados por la Policía.
La reforma, que será presentada ante el Congreso el próximo 20 de julio, busca reforzar la veeduría sobre el actuar de los policías, una profesionalización de sus miembros, así como la creación de una Dirección de Derechos Humanos.
Entre los pilares de este proyecto se incluye un “uso legal y legítimo de la fuerza”, con un nuevo estatuto disciplinario e incluso una nueva imagen en los uniformes.
“Se marca un nuevo hito histórico para que nuestra Policía, fuerte, vigorosa, transparente, cercana, leal, siga sembrando en cada hogar de Colombia un sentido de tranquilidad”, declaró Duque.
Una reforma con medidas «cosméticas»
Esta reforma ha sido una de las peticiones desde varios sectores de la oposición al presidente Duque y también una consigna que se ha expresado en las calles. Es un movimiento que ha vuelto a destacar en estas últimas semanas pero que ya en el pasado se había hecho sentir en la opinión pública con las muertes del joven Dilan Cruz en 2019 y de Javier Ordóñez en 2020, en ambos casos a manos de la Policía.
Para la congresista Juanita Goebertus, del Partido Verde, el presidente Duque se equivoca al no haber realizado un proceso de diálogo previo. “En las medidas anunciadas hay algunas necesarias y otras cosméticas”, afirma. La representante a la Cámara también lamenta que la Policía siga bajo el amparo del Ministerio de Defensa, que le otorga un carácter militar.
En la misma línea, el senador opositor Iván Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo (PDA), manifestó que la propuesta del Gobierno «lo que muestra es que son cambios meramente cosméticos». «No basta con decir que habrá más formación en Derechos Humanos en la Policía, o que se crearán nuevas oficinas, dependencias para presentar quejas internas dentro de la Policía (…) todo es cosmético», insistió.
La reforma también genera críticas dentro del propio partido del mandatario colombiano. La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, instó al presidente a revisar “las tres millones de armas ilegales con las que matan a la población civil y a soldados y policías”.
El analista Jorge Restrepo calificó esta reestructuración como “insuficiente”. A través de Twitter, el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) manifestó que el proyecto “no hace parte de una reforma de la seguridad” y “no reduce la multiplicidad de sus funciones”.
CIDH revisará la situación de derechos humanos
La noticia se produce en la previa de la visita de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estará en la nación entre el 8 y el el 10 de junio para analizar la situación de derechos humanos en el marco de las manifestaciones.
Es una visita que ha generado mucha expectativa en Colombia porque, en un primer momento, el Gobierno no permitió el arribo de esta delegación, argumentando que los organismos de control del país debían realizar primero sus investigaciones.
La CIDH estará en Bogotá y Cali, siendo esta última ciudad uno de los epicentros de estas marchas. En esta urbe, dos jóvenes perdieron la vida en unos enfrentamientos con el cuerpo antidisturbios Esmad durante la noche del viernes.
